Destacado / N. L.
Estos datos, exactamente 39.560 empresas zombis, las que no pueden cubrir sus gastos con sus ingresos, el 6,85% de las 577.341 sociedades con más de diez años de antigüedad y 1,4 millones que no tienen actividad comercial, según el Registro Mercantil, aparecen en un estudio de Informa D&B, la compañía líder en España en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing para empresas, dirigida por Juan María Sainz, su CEO, quien lleva al frente de la empresa desde sus inicios. Está asociada a nivel internacional con el líder mundial Duns & Bradstreet, que cumple ahora 25 años.
Informa es una filial de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), la más privada de nuestras empresas públicas o la más pública de las privadas, en la que el Estado mantiene un 50,25% del capital; el Banco Santander, un 23,88%; el BBVA, un 16,3%; otros bancos, el 5,67%, y diversas compañías de seguros, el 3,9%, una empresa mixta presidida por Fernando Salazar. Tanto Sainz como Salazar son técnicos comerciales del Estado.
Últimamente se están también calificando de zombis a las empresas inscritas en el Registro Mercantil pero que no desarrollan actividad comercial, en particular que no publican cuentas anuales. En concreto, la Administración tiene en el punto de mira estas empresas y se pretende identificarlas para que no sean utilizadas para fines delictivos. El objetivo de este estudio es analizar las características de estas dos categorías de empresas.
671 grandes compañías transitan entre la vida y la muerte
Las empresas zombis son microempresas, casi 36.000, un 90,80% del universo de las que no están vivas ni muertas. Tanto las empresas grandes como las medianas no llegan a representar el 2% del total y las de pequeño tamaño son cerca del 6%.
Sorprende que, aunque el porcentaje de las grandes sea bajo, el 1,70%, se arrastren en esta penosa situación 671 grandes compañías. Por sectores destacan los de la Construcción y Actividades Inmobiliarias y los de la Comunicación. En el caso de Construcción y Actividades Inmobiliarias, las zombis son 7.488 empresas, el 19%, concentradas sobre todo en las actividades inmobiliarias (el 11%). Según Informa, quizás el número elevado de zombis en el sector inmobiliario se deba a su propio ciclo de actividad. En el caso de Comunicación (el 18%) se centra sobre todo en las actividades relacionadas con la informática. Le sigue el Comercio con un 18%.
Entre las comunidades autónomas, Madrid se lleva la palma con 7.194 zombis, un 19,19% del total del mundo zombi español, seguida por Cataluña donde adquieren esta condición 6.565 empresas, el 16,66%. Les siguen Andalucía con 4.451 empresas, el 11,25% y la Comunidad Valenciana con 4.196 compañías, el 10,61%.
Los sectores con menor número de compañías en esta situación son Administración, 0,03%; Industrias Extractivas, 0,36%; Educación, 1,43%, y Sanidad, 1,61%. En Hostelería encontramos al 4%, casi todas en la rama de Servicios de Alojamiento.
1.439.168 se pueden considerar como zombis sin actividad comercial
Otra tipología de zombis son las empresas inscritas en el Registro Mercantil, pero permanecen inactivas, y en particular, no publican cuentas. Esta situación no es nueva, pero se ha puesto de actualidad en las últimas semanas.
En efecto, la Administración informó de la preparación de un régimen sancionador para las sociedades que no publican cuentas, ya que las consideran sospechosas de facilitar actividades fraudulentas como el blanqueo de dinero.
Conocedora de esta realidad, Informa ha desarrollado desde los años 90 un sistema de detección continuo que permite identificar y tratar estas sociedades. En la actualidad, de las más de siete millones de empresas censadas en la base de datos de Informa, 1.439.168 se pueden considerar como zombis sin actividad comercial. Sólo en 2020 se identificaron unas 75.000 empresas en esta situación. La mayoría de estas sociedades, el 58,23%, se han constituido antes de 1995 y en los últimos cinco años se han identificado 54.227. Las sociedades inactivas se sitúan principalmente en Madrid (24,66% del total), Cataluña (20,05%) y Andalucía (10,14%), las zonas que concentran más actividad económica.
Interesa mucho este informe de cara a las ayudas que reciben las empresas en este periodo de crisis sanitaria que podría provocar una ‘zombificación’ del tejido empresarial. Interesa para no ayudarlas.
Con Derecho a Réplica / Mónica Melle Hernández, Consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid y Profesora Titular de Economía Financiera de la UCM.
Cada vez más luz al final del túnel
La economía española se enfrenta a una cuarta ola de la pandemia de la Covid-19, dominada por la cepa británica, con cada vez menos margen de resistencia y de maniobra. Pero la aceleración del proceso de vacunación unido al gran estímulo a la inversión y al empleo que van a suponer los fondos europeos, nos encaminan al inicio de la recuperación.
La economía española ha sido una de las economías europeas más golpeadas por la pandemia debido a su estructura productiva, excesivamente dependiente del sector turístico. En 2020 la producción cayó en España un 11% y la tasa de paro superó el 16%. Sin embargo, gracias a una adecuada intervención pública esa pérdida de actividad no se trasladó en igual intensidad a las rentas de las familias, que solo se redujeron un 3,3%. La política económica basada en prestaciones de desempleo, ingreso mínimo vital, ERTES, ayudas al pago de alquileres, etc. ha permitido un escudo social para las personas más vulnerables. Estas políticas unidas a todas las destinadas a mantener el tejido productivo han reducido en gran medida los efectos devastadores del virus en nuestra economía. Todas ellas son gasto público que se ha evidenciado muy necesario, y que mientras no se reactive la economía seguirá siendo imprescindible. Incluso, considerando el número de personas en situación de desempleo o ERTES –3.949.640 y 743.628 personas respectivamente a finales de marzo de este año–, deberá considerarse la inversión en planes de formación para reciclar a las personas que puedan quedar expulsadas del mercado laboral.
La caída de ingresos y el aumento de gastos por la pandemia han descuadrado las cuentas públicas. En 2020 el desfase entre gastos e ingresos ascendió a los 123.000 millones de euros, esto es un déficit público del 11% del PIB. Lo que ha disparado la deuda pública al cierre del pasado año al 120% del PIB. Es cierto que los tipos de interés actuales hacen mucho más soportable el aumento de la deuda, y que previsiblemente el BCE, que en 2020 compró prácticamente todo el aumento de la deuda pública española, seguirá apostando, con buen criterio, por su apoyo financiero para reactivar las economías europeas. También es cierto que las políticas de gasto han resultado imprescindibles para hacer frente a la crisis sanitaria y a la vez poder facilitar una recuperación más rápida de nuestra economía. El gasto en sanidad, dependencia y educación se muestra fundamental para afrontar la crisis sanitaria. Y el gasto empleado en los ERTES, las ayudas a autónomos y las líneas ICO ayudó a sufragar los problemas de liquidez de las empresas y mantener así más tejido empresarial en la primera y segunda ola de la pandemia. Pero la situación cada vez se va complicando más porque la crisis sanitaria se alarga mucho más de lo esperado y de lo deseado. La virulencia de la tercera ola de la pandemia ha hecho necesario poner en marcha ayudas directas y ayudas al capital para mantener empresas viables al borde de la quiebra. Quizás resulten insuficientes y lleguen algo tarde para algunas empresas. Por nuestro sistema competencial autonómico, aún falta la firma de los oportunos convenios entre la AGE y las CC AA y las posteriores convocatorias de las ayudas por las propias Comunidades.
Seguimos con un alto nivel de incertidumbre y la crisis sanitaria y económica parece van a durar más de lo inicialmente previsto. El turismo aún no se recupera, y es previsible que no vuelva nunca al comportamiento pre-Covid. Y los niveles de deuda y déficit se aproximan a niveles nunca vividos en nuestra historia reciente.
Al mismo tiempo, la aceleración de las economías de los países más avanzados en sus procesos de vacunación, como Israel o Reino Unido, muestran que la mejor política económica en estos momentos consiste en vacunar al mayor número de ciudadanos. De hecho en Europa, la cuestionable política de vacunas está retrasando la recuperación. De ahí que cada vez más voces soliciten suspender las patentes de las farmacéuticas durante la pandemia para poder aumentar la producción de las vacunas y acelerar así su distribución e inoculación a la población mundial.
De ello dependemos. La previsible aceleración del proceso de vacunación puede suponer incluso una revisión al alza de las previsiones de crecimiento. La enorme capacidad de ahorro de las familias (la tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro se situó en el 19% de su renta disponible en el cuarto trimestre de 2020) unida a su menor nivel de endeudamiento (un 61,1% del PIB en ese año) facilitarán una mayor aceleración del consumo. Asimismo la mayor vacunación permitirá reducir la incertidumbre que frena decisiones de inversión y consumo, así como eliminar las restricciones a la movilidad y al cierre de la hostelería, con lo que el turismo y la actividad económica podrán iniciar su reactivación.
Y también dependemos de los fondos europeos del programa Next Generation. Parece que de los 27.000 millones de euros adelantados en los presupuestos de este año 2021, solo llegarán 10.000 millones. Y que Bruselas exige reformas a cambio de los fondos. Sin embargo ello no ha de complicar el panorama de la recuperación. España es uno de los países más beneficiados del programa Next Generation. Recibiremos 140.000 millones, de los cuales 72.700 son en ayudas directas, que se deben planificar y gestionar en tiempo récord y bajo la atenta vigilancia de nuestros escépticos socios. España tiene capacidad sobrada para aprovechar esta oportunidad única y realizar las inversiones (principalmente en la economía digital y verde) que necesitamos para un crecimiento más robusto y sostenible en el medio plazo.
España deberá mantener un compromiso de sostenibilidad de finanzas a medio plazo, esto es a partir de 2023 (a corto habría sido un suicidio económico). Con estos recursos y el inicio de la recuperación económica parece posible mantener la hoja de ruta fiscal del Gobierno, siempre que la vacunación permita controlar la pandemia y no haya recaída en la actividad económica.
En definitiva, la salida de esta crisis ha de verse como oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo hacia uno más sostenible y sostenido fundamentado en la economía digital y la transición ecológica, y al mismo tiempo implementar las reformas estructurales que hace años deberíamos de haber hecho en nuestro país. Es el momento de abordar nuestro déficit estructural en productividad, mejorar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones y las ineficiencias de nuestro mercado de trabajo.
