Destacado / N. L.
Si se entendiera el poder judicial independiente, elemento esencial de la democracia, el que cada juez dispone para hacer justicia en su juzgado, tal como lo entendía Montesquieu, tan invocado como traicionado hoy, que no lo percibía como un Gobierno paralelo. No estaríamos en este maldito embrollo.
De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no sirve para concretar la división de poderes del Estado, sino que por el contrario la suplanta, aunque su poder queda subordinado al de los otros dos: el Legislativo y el Ejecutivo.
Tal como está constituido este órgano, responde a un erróneo concepto de la naturaleza de la justicia al estar organizado como si fuera un gobierno paralelo, incluso con la formación de partidos políticos disfrazados de asociaciones profesionales.
Si se hubiera atendido a la naturaleza especial del poder judicial no padeceríamos los problemas que ahora sufrimos. Todo por un malentendido un tanto malintencionado. Como no lo tienen en Francia, la patria de Montesquieu, Alemania, Italia o Portugal, donde no hay un ente semejante a la aberración que sufrimos en España y, la verdad sea dicha, sufren en muchos países pues no siempre es fácil separar los ámbitos de la justicia y la política.
Un nefasto equilibrio entre el interés de los partidos y el de los jueces
Ahora es inútil llorar sobre la leche derramada. El CJPJ está en nuestra Constitución, que estableció un compromiso porcentualmente en el nombramiento de los consejeros entre el Parlamento, el Gobierno que sale del mismo y los propios jueces. Nos debatimos entre los peligros de la politización que sale de unas urnas que expresan la voluntad popular canalizada por los partidos políticos y el riesgo del corporativismo de los magistrados.
El caso es que hemos llegado a una situación lamentable con un gobierno de los jueces que lleva dos años fuera del plazo para el que fueron elegidos y siete del Consejo que fue nombrado en 2013 en base a la mayoría absoluta lograda por el PP con Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011.
Obviamente, al PP no le interesa una renovación cuando ahora su posición parlamentaria es mucho menor, con lo que impide el acuerdo de los tres quintos necesarios.
A lo que el PSOE ha reaccionado con una triquiñuela legal llamada a romper el bloqueo por las bravas, sustituyendo los dos tercios necesarios ahora por la mayoría absoluta lo que ha provocado la protesta de las asociaciones conservadoras y mayoritarias de los jueces y la alarma de la Unión Europea, que está escamada por las maniobras polacas en su progreso hacia un mayor autoritarismo político.
Ha llegado el momento en que hay que hacer algo para encontrar una fórmula democrática y de funcionamiento eficaz de los altos niveles de la organización judicial que afecta al Tribunal Supremo que, con lamentable frecuencia, tiene que juzgar a políticos.
Interpretación espuria de la Constitución
Sostenemos que la Constitución ha dejado cabos sueltos en lo que establece sobre la naturaleza y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y la elección de su presidente, que lo es a la vez del Tribunal Supremo. La Constitución establece que éste sea elegido por los consejeros del ente y así se hace formalmente, pero no de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna.
Sostenemos que la Constitución ha dejado cabos sueltos en lo que establece sobre la naturaleza y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y la elección de su presidente, que lo es a la vez del Tribunal Supremo. La Constitución establece que éste sea elegido por los consejeros del ente y así se hace formalmente, pero no de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna. / FERNANDO MORENO
Ésta establece que el Parlamento elige al Consejo y son los vocales los que eligen al presidente del mismo, pero en realidad son los partidos los que lo hacen y ello perturba su funcionamiento. Sería absurdo que si, por ejemplo, una proporción enorme de los jueces fuera mayoritariamente conservadora y en cambio la sociedad española, a través de su representación en el Parlamento fuera mayoritariamente progresista, tuviéramos un CGPJ que fuese una especie de contrapoder, un sector minoritario frente al conjunto de la sociedad. Comprendemos que no es fácil asegurar la independencia de la Justicia cuando son los partidos los que eligen al Consejo.
El presidente del CGPJ ostenta poderes inconstitucionales
El sistema podría funcionar mejor si se cumple el espíritu de la Norma Suprema que establece que el Consejo sea nombrado por sus vocales que, a su vez, eligen a su presidente. Pero lo que sucede es que el Consejo que debe ser independiente es controlado por un presidente que en realidad no ha sido nombrado por el Consejo como dice la Constitución, aunque lo sea formalmente, sino pactado por los partidos. Eso es inconstitucional.
La Constitución no establece que la elección del presidente lo pacten los partidos pero siempre se ha pactado. José Luis Rodríguez Zapatero se puso de acuerdo con Mariano Rajoy para poner al frente de la institución a Carlos Dívar, un nombramiento muy polémico, y Mariano Rajoy se puso de acuerdo con Alfredo Pérez Rubalcaba para designar a Carlos Lesmes. Como al Consejo se le ha dado un tinte muy presidencialista quien realmente toma las decisiones es el presidente.
