Destacado / N. L.
Hay asuntos que se repiten a lo largo de los años, y de las décadas, sin que al parecer se encuentre una solución justa y eficaz. Nos referimos a la cuestión de los complementos de pensiones, una relación público-privada, entre la Seguridad Social y la industria de los fondos y planes de pensiones, especialmente referida al tratamiento fiscal de estos últimos.
En España nos quejamos de la cuantía de estas prestaciones pero es uno de los países donde la complementariedad es más anémica, entre otras razones porque las pensiones públicas están en niveles aceptables, superiores en términos relativos, en relación a los salarios cobrados en activo, a las que rigen en países de nuestro entorno. El problema es que en estos países los salarios son más altos.
No hay más que consultar las jornadas que viene organizando ‘El Nuevo Lunes’ desde hace más de treinta años para demostrar la persistencia del problema. Es un problema endémico.
El pasado lunes, 8 de noviembre, el ministro del ramo, que ahora se denomina de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se refería a ello en una entrevista publicada en el diario ‘El País’.
Apoyar a los planes de empleo
Los beneficios fiscales del ahorro a largo plazo –sostiene el ministro– son regresivos, como ha demostrado la Autoridad Fiscal (la AIReF) de la que fue presidente el actual ministro.
Escrivá se muestra crítico con la Administración Pública por distintas deficiencias, especialmente en lo que se refiere a los planes de empleo, y con las compañías de seguros por “las comisiones altísimas que se compadecen mal en comparación con los planes de empleo (de ahorro colectivo)”, lo que ha motivado al ministerio a diseñar medidas dirigidas a propiciar el desplazamiento hacia los planes colectivos.
El problema es que esos planes suelen requerir que exista una empresa de cierta dimensión. El ministro señala que hay autónomos y pymes, e incluso funcionarios para los que no existe una oferta atractiva de plan colectivo, lo que justifica la creación de un fondo público que aparecerá en los Presupuestos Generales del Estado.
“Lo que hacemos –señala Escrivá– es patrocinar públicamente un fondo para dar la posibilidad de canalizar el ahorro a sectores y personas que no tienen esa posibilidad”.
Además, añade el ministro, sirve para introducir competencia en un sector donde da la impresión de que en cierto nivel no existe, presionando a la baja también las comisiones de los planes individuales.
Al presidente de Inverco, la patronal del sector, Ángel Martínez-Aldama, le parece bien que el ministro trate de proteger a los planes de empleo, el segundo nivel del sistema de pensiones, siempre que no se desproteja al tercer nivel, los inversores individuales. En esta misma sección de Destacado publicamos un artículo de Martínez-Aldama que deja clara su postura al respecto.
Pocas aportaciones
Se da la circunstancia de que lo referente a los fondos y planes de pensiones es competencia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que no depende del ministerio de Escrivá, sino del de Asuntos Económicos y de Transformación Digital dirigido por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño.
María Francisca Gómez-Jover, subdirectora general de la Organización de Estudios y Previsión Social Complementaria de Seguros y Fondos de Pensiones, inserta en la Dirección General de Seguros, ha estudiado a fondo todo lo relacionado con el segundo y el tercer nivel del sistema de previsión social, o sea, de los de empresa y de los individuales. Como se sabe, el primer nivel es el del sistema público. Gómez-Jover ha estudiado el comportamiento de los sistemas complementarios durante los últimos 30 años.
En unas jornadas organizadas por ‘El Nuevo Lunes’ señalaba la subdirectora que al terminar el periodo considerado, a finales de 2017, había 9 millones de partícipes de planes de pensiones que en su conjunto sumaban aportaciones de unos 5.000 millones anuales. Casi el 70% de los planes no realizó aportaciones y el 6% las hizo por debajo de 300 euros anuales. Las prestaciones se han mantenido constantes, casi el 50% se siguen cobrando en forma de renta, el 30% en forma de capital y el resto en forma mixta. / ÁLEX PUYOL
En unas jornadas organizadas por ‘El Nuevo Lunes’ señalaba la subdirectora que al terminar el periodo considerado, a finales de 2017, había nueve millones de partícipes de planes de pensiones que en su conjunto sumaban aportaciones de unos 5.000 millones anuales. Casi el 70% de los planes no realizó aportaciones y el 6% las hizo por debajo de 300 euros anuales. Las prestaciones se han mantenido constantes, casi el 50% se siguen cobrando en forma de renta, el 30% en forma de capital y el resto en forma mixta. La contingencia por la que se sigue cobrando más es por jubilación.
Más del 86% de las prestaciones que se cobran hoy en día, por previsión social complementaria en todos sus aspectos, son por jubilación. Esto ha dado como resultado que 30 años después haya un patrimonio en planes de pensiones de 110.000 millones de euros y que esté invertido mayoritariamente en valores representativos de deuda, más de un 50%, y que tengamos un conjunto de planes de pensiones de los sistemas, tanto del segundo como del tercer pilar, en el que el 80% es aportación definida.
Hizo la subdirectora una mención especial a los planes de empleo, el segundo pilar. “Hay –cuantificó– 35.000 millones de euros en planes de pensiones de empleo del segundo pilar en España en este ejercicio y tenemos más de 1.300 planes de pensiones de empleo. Hay 15.000 empresas en España que configuran planes de pensiones de empleo del segundo pilar, pero casi 13.000 están configuradas dentro de planes de pensiones de promoción conjunta”.
Recordó María Francisca Gómez-Jover que “la previsión social complementaria en España no sólo son los planes de pensiones, aunque sea el elemento hasta ahora que más se ha desarrollado. Tenemos multitud de instrumentos, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros colectivos que tienen también un gran desarrollo”.
Tribuna / Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco
Los planes de pensiones individuales son necesarios
Los Planes de Pensiones tienen un patrimonio de 113.000 millones de euros y 7,5 partícipes, de los cuales 3 millones aportan anualmente.
En materia de Planes de Pensiones el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 contiene dos medidas: una positiva, pero de maduración lenta como es la promoción pública de los Fondos de Pensiones de Empleo, y otra negativa de efecto inmediato que reduce drásticamente (en un 75%) el límite de aportación anual a Planes individuales (de 8.000 a 2.000 euros), y también reduce las aportaciones a cónyuges (desde 2.500 a 1.000 euros)
Desde INVERCO hemos manifestado en muchas ocasiones la necesidad de potenciar los Planes de Empresa y en ese sentido, apoyamos la disposición que se incorpora en el Proyecto de promover en un plazo máximo de doce meses, Fondos de Pensiones desde el ámbito público, que debería tramitarse de forma urgente y con medidas de impulso fiscal para las empresas o estableciendo un sistema de adscripción por defecto como el Reino Unido. En caso contrario, y teniendo en cuenta el escenario económico actual, no van a desarrollarse por parte de las empresas.
Las reducciones al límite de aportación anual de los Planes Individuales deberían implementarse de forma gradual (al menos con un límite mínimo de 4.000 euros), y vinculada al desarrollo efectivo del sistema de empleo que se pretende impulsar. Si no se elevara ese importe mínimo a 4.000 euros, en torno al 15% de los tres millones de partícipes que anualmente hacen aportaciones tendrían que reducir sustancialmente las mismas a los Planes Individuales, sin poder compensarlas con aportaciones a los Planes de Empleo (hoy muy escasos y sin operatividad existente de los nuevos Fondos de Pensiones de Empleos Públicos).
El tercer pilar sigue siendo necesario para todos los trabajadores cuya empresa no tenga constituido un Plan de Pensión de empleo. Y en especial, es imprescindible para los siguientes colectivos:
- Autónomos, que no pueden acceder a un Plan de Pensión de Empleo, o hasta que esté operativo el Fondo Público de Pensiones de Empleo (representan el 16% de los trabajadores).
- Trabajadores temporales (27% de los trabajadores) y trabajadores a tiempo parcial (14% del total), que eventualmente podrían ser partícipes de un Plan de Pensión de Empleo, pero sus acumulaciones serán muy reducidas.
Los Planes de empleo son complementarios y no son sustitutivos de los Planes individuales, al menos hasta que los primeros tengan una cobertura de la práctica totalidad de trabajadores y empresas y hayan acumulado un nivel de ahorro suficiente para generar un nivel mínimo de prestaciones.
Por su parte la Comisión Europea ha regulado la normativa PEPP (Planes Europeos de Pensiones Personales), reconociendo la necesidad de incentivar el tercer pilar de la previsión social. El empeoramiento sustancial de la fiscalidad de los Planes de Pensiones Individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimular estos Planes. La recomendación que acompaña a este Reglamento conmina a los mercados a otorgar a este producto el mejor régimen fiscal que exista en cada una de las jurisdicciones.
Compartimos las declaraciones del Gobierno de trasladar progresivamente los beneficios fiscales desde los Planes individuales a los de empleo pero, sin embargo, en el Proyecto de ley de Presupuestos no hay realmente un traslado (porque no hay segundo pilar operativo), sino una reducción drástica, que el propio Gobierno reconoce al declarar un ahorro fiscal de 580 millones de euros en 2022.
La realidad del segundo pilar es que la negociación colectiva ha sido insuficiente para desarrollar el sistema de empleo (tan solo 34.500 millones de euros y dos millones de participes, de los cuales casi la mitad tienen aportaciones congeladas, básicamente en el sector público). Por su parte, los incentivos fiscales a las empresas con Planes de Pensiones se han eliminado: la deducción en cuota 10% en el Impuesto sobre Sociedades (2006) y se han sometido las aportaciones a Planes de Pensiones a cotización de la Seguridad Social (desde 2013), y además de reducir los incentivos fiscales a los trabajadores en forma de menores límites de aportación y mayor tributación en prestaciones en forma de capital (también en Planes individuales). A 30 de junio de 2020, el derecho medio acumulado en los Planes de empleo (excluyendo los diez mayores Planes) es de 11.020 euros, lo que supone una renta financiera a 20 años de 51 euros mensuales.
En lo relativo al tercer pilar, es el único de los dos que ha funcionado (77.500 millones de euros y 7,5 millones participes, de los cuales 3 millones aportan anualmente), a pesar de reducciones fiscales y de estar a la cola de la OCDE en beneficios fiscales
Para terminar me gustaría realizar algunas reflexiones:
- El importe del beneficio fiscal (que en realidad es un diferimiento fiscal) es lógico que se concentre en los tramos de renta más alta (la prestación de la Seguridad Social está topada para rentas superiores a 46.000 euros anuales, tienen más necesidad de ahorrar para su jubilación que otros). Los pagos fiscales por prestaciones, también se concentrarían en las rentas más altas.
- La comisión media de los Planes individuales (1,06% anual, según DGSFP), es más que comparable con el límite impuesto al PEPP europeo por defecto (1% anual y adicionalmente, en su caso, costes de garantía).
- El tratamiento fiscal de las aportaciones a Planes de Pensiones puede considerarse regresivo, ya que es consecuencia de la progresividad de la tarifa. Las reducciones en base lógicamente son mayores a mayor tipo marginal, pero también lo son las prestaciones (aportaciones más rentabilidad) acumulada en el momento de la jubilación, que tributan al tipo marginal del IRPF.
Concluyo destacando que los Planes de Pensiones prestan apoyo a familias (tanto para complementar su jubilación como para paliar situaciones de crisis), a las empresas españolas y a la sociedad en general (inversión ESG):
- Liquidez en situaciones de crisis: en los últimos 10 años los Planes de Pensiones han pagado 3.760 millones de euros a 693.000 hogares por desempleo o enfermedad grave.
- Bienestar futuro: cada año los Planes de Pensiones complementan la jubilación de 400.000 familias con 4.300 millones de euros.
- Apoyo en situaciones difíciles: 50.000 familias han rescatado su inversión en Planes de Pensiones para afrontar los efectos del COVID-19.
- Apoyo al tejido empresarial: 46.000 millones de euros (el 40% del patrimonio en Planes de Pensiones se invierte en compañías españolas.
- Pioneros en sostenibilidad: los Planes de Pensiones invierten 58.700 millones de euros en empresas comprometidas con la sostenibilidad y el buen gobierno.
