Destacado / N. L.
Es probable que se dramaticen algunas discrepancias entre la CEOE y los sindicatos gemelos, UGT y CC OO, para salvar las apariencias y justificar los respectivos sueldos, pero no hay problema cuando el Estado se hace cargo de las facturas. Bendito sea el ERTE que lanza un maná prodigioso sobre las empresas y que permite a los trabajadores recibir subsidios sin que corra el contador del paro.
Ahora están todos los días reunidos el Gobierno, la CEOE, UGT y Comisiones Obreras, donde las discrepancias fundamentales no se producen entre los sindicatos y la patronal, los adversarios tradicionales, sino entre éstos, unidos entrañablemente, y el Gobierno. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no se ha cortado un pelo en calificar de trilerismo la actuación del Gobierno.
Las discrepancias se limitan a la duración de los ERTEs, aplazados inicialmente hasta septiembre, prolongados ahora hasta finales de enero mientras Antonio Garamendi reclama que se extiendan sine die. O sobre cuándo empiezan a contar las subvenciones en el periodo de percepción del paro, hasta octubre o indefinidamente.
Sobran huevos
Una buena parte de las discrepancias entre los actores sociales y el Gobierno responde a planteamientos macroeconómicos que se inician por saber exactamente cuánto dinero costará la financiación de los ERTEs, así como si es conveniente que se actúe con criterios selectivos en sectores y empresas como piensa el Gobierno o si se debe aplicar a todos el mismo caldo como pretende el presidente de la CEOE. Antonio Garamendi está preocupado porque la ausencia turística ha provocado que se coman tres millones menos de huevos.
Prohibidos los despidos y las quiebras, vivimos en el mejor de los mundos posibles sólo amargado por las cifras de contagios del malvado Covid. Incluso se ha producido el milagro de que los sindicatos empiecen a suavizar sus exigencias de reforma de la reforma laboral.
Eso se deduce de la declaración del dirigente de CC OO, Unai Sordo, al periódico ‘El Economista’, que previene contra las precipitaciones. Recomienda Sordo hacer la reforma en dos tiempos. La primera fase se puede concluir en unas semanas “porque está muy trillado”. Es la que afecta a la negociación colectiva, con la prevalencia del convenio de empresa, la subcontratación, con la ultraactividad y con la modificación de condiciones de inaplicación sin intervención sindical.
Un reposo en la reforma laboral
“La hemos abordado con Magdalena Valerio y con este Gobierno en enero [cuando cesó Valerio] –resalta Sordo–. A primeros de marzo, con acuerdo o sin él, teníamos claro que no podía pasar de ese mes porque era darle vueltas a lo mismo. Tiene todo el sentido que el Gobierno mueva pieza; me gustaría que fuera con acuerdo de la CEOE, pero lo veo complicado. Que hay que volver a ponerlo sobre la mesa, pues estoy de acuerdo, pero con una negociación resolutiva. Y no tiene que dar miedo, porque no va a destruir empleo, ni generar rigideces insoportables. Si hay un acuerdo, estupendo, y si no, el Gobierno tiene que legislar y buscar una mayoría parlamentaria”.

La segunda parte, que se refiere a la contratación, el despido y a las condiciones de trabajo, exige más reposo: “Porque tocar eso con 700.000 trabajadores en ERTEs tiene su punto de temeridad”, argumenta el secretario general de Comisiones Obreras, quien da sus recetas:
“Hay que ligar la discusión del desmontaje de esa parte de la reforma laboral con nuevas alternativas como la de los ERTEs. No se trata de derogar para volver a 2009, sino para modernizar el modelo laboral. Para hacerlo menos precario, más equilibrado y conseguir que el despido sea la última opción que tiene la empresa. Y entendemos que esto requiere de otros tiempos, porque no es fácil de negociar Requiere una visión más estratégica que no se va a conseguir en tres semanas, ni en tres meses si me apura. Incluiría también una negociación sobre los servicios de empleo o el Estatuto de los Trabajadores. Es más multifacética y requiere más poso”.
Ante todo garantizar la paz social
La principal función de la CEOE, como patronal de patronales, es pactar los convenios colectivos. “Sí –corrobora Garamendi en conversaciones con José García Abad para su libro ‘Las Caras y los Caras del Capitalismo Español’–, pero tenemos una función mucho más amplia. Ciertamente lo más importante es garantizar la paz social, que es la mayor infraestructura del país. Por eso yo pongo de relieve el gran papel que desempeñan los sindicatos. incluso en los peores momentos de la crisis hemos pactado con los sindicatos. Pensamos muy diferente en muchas cosas pero nos sentamos a negociar y llegamos a pactar y a veces pactamos hasta los desacuerdos. Pero no sólo hablamos de convenios. Sindicatos y CEOE coincidimos en la necesidad de potenciar la política industrial. El 20% del PIB debería ser ya industrial tal como se había acordado. Los empleos estables, definidos, son los industriales. Nos ocupamos de los convenios pero como institución que entiende que su principal función es la defensa de los intereses de los empresarios también nos consideramos una institución de la sociedad civil empeñados en el bienestar de todos los españoles. De hecho estamos convencidos de que el interés de los empresarios es el bienestar de todos, empezando por la paz social. Por eso hablamos no sólo de convenios, sino también de medio ambiente, de energía, de política industrial, de estabilidad política, de educación, y sostenemos que hay que poner a las personas en el centro de todas las políticas”.

Insiste Garamendi en que la CEOE no es política pero no puede abstraerse de lo que afecta al interés general e insiste en la necesidad de pactos de Estado por encima de los intereses partidarios. “Cómo no vamos a interesarnos por las pensiones y lamentar que el Pacto de Toledo haya saltado por los aires, una cuestión de largo alcance que hay que afrontar dialogando con serenidad. O de cómo gestionar la inmigración. O de la necesidad de llegar a un consenso para una reforma profunda de la educación abordando seriamente la formación dual, de la formación continua… Tenemos que hablar de innovación, para la que se está invirtiendo el 1,4% del PIB cuando ya tenía que alcanzar el 2% y que según lo acordado en la conferencia de Lisboa el año que viene tendría que ser del 3%. E incluso debemos abordar otros aspectos que parecen ajenos a la economía pero que repercuten en la confianza ciudadana como la renovación del Tribunal Constitucional, la CNMC, el Consejo General del Poder Judicial… No creo que sea tan complicado si todos asumimos que nos unen mas cosas que las que nos separan”.