Destacado / N. L.
Las actitudes del BBVA y de Iberdrola son distintas en contenido, aunque ambas arrancan de un tronco común, el ‘caso Villarejo’ que se inicia con la investigación del comportamiento de su expresidente, Francisco González, quien encargó al citado comisario utilizar medios delictivos para frustrar el intento de Sacyr de hacerse con el control del banco. La Audiencia Nacional estima que el actual presidente del BBVA está poniendo trabas a la acción de la Justicia.
Ambos casos se diferencian en que en el del BBVA/Villarejo han quedado demostrados los delitos de espionaje cometidos por encargo de la entidad que ya afectan a la reputación de la misma, y lo que está en cuestión es la supuesta actitud de su actual presidente, Carlos Torres, dificultando la labor de la Audiencia Nacional. En el caso de Iberdrola/Villarejo, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, se queja de que es el juez García-Castellón quien pone en peligro la reputación de la entidad generando a la misma pérdidas económicas, remarcando que el juez no protege sus “legítimos intereses y derechos”.
Carlos Torres arrastra los pies
Hemos visto a Carlos Torres arrastrando los pies, con suma reticencia frente a las peticiones de información de la Audiencia Nacional; ha llegado al extremo de rebelarse contra la Fiscalía Anticorrupción y contra el juez García-Castellón, que señalaban la deficitaria colaboración de la actual dirección del banco.
Mas recientemente, a finales de noviembre, Anticorrupción expresaba nuevas dudas sobre la investigación interna del banco presidido por Carlos Torres, señalando que su segunda pericial no es válida para lo que defendía el banco en el ‘caso Villarejo’. Los fiscales acusaron al BBVA de “manipular” y “fingir” que colabora con la Justicia. / EUROPA PRESS
El juez, que con sus 69 años está a punto de jubilarse, es más bien de derechas, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, a quien José María Aznar cuidó especialmente promocionándole a cargos de gran entidad. No obstante, ha demostrado desde que en 1993 fue trasladado a la Audiencia Nacional, una rotunda independencia que en ocasiones perjudicó al Partido Popular, como la ‘operación Kitchen’, la pieza separada sobre el espionaje a Luis Bárcenas; fue quien imputó a Jorge Fernández, el exministro del Interior de Mariano Rajoy, quien se ha visto obligado a declarar.
El pasado 15 de septiembre, el BBVA atacó al juez y a la Fiscalía por acusarle de falta de colaboración con la Justicia actuando sin pruebas y por pedir la imputación de alguno de sus directivos sin tener «la más mínima evidencia» de su supuesta actividad delictiva, refiriéndose al director de Comunicación, Paul Tobin, por un presunto delito de encubrimiento. Las respuestas del ‘dircom’ provocaron que juez y fiscal creyeran que estaba intentando no responder a las preguntas.
Los abogados del BBVA acusan al Ministerio Público de impulsar esta investigación como reprimenda, porque «no le satisfacía la forma» en la que BBVA cumplimentó «un ofrecimiento voluntario de aportar documentación». Y ataca a Anticorrupción acusándola de estar buscando constantemente el “Santo Grial de la prueba ocultada o destruida”
Mas recientemente, a finales de noviembre, Anticorrupción expresaba nuevas dudas sobre la investigación interna del banco presidido por Carlos Torres, señalando que su segunda pericial no es válida para lo que defendía el banco en el ‘caso Villarejo’. Los fiscales acusaron al BBVA de “manipular” y “fingir” que colabora con la Justicia. Contrasta esta actitud con la colaboración de Caixabank y Repsol, que también contrataron al comisario.
El proceso al BBVA, que ya lleva ya cuatro años vivo y que el juez García-Castellón esperaba terminar antes de que finalice el presente, se prolongará todavía indefinidamente al pedir distintos implicados nuevas comparecencias: la del exconsejero delegado, Ángel Cano; la del exdirector Jurídico, Eduardo Arbizu; y la de Manuel Castro, ex director global de Riesgos. Por otro lado, el exjefe de Riesgos, Antonio Béjar, ha solicitado que se amplíe la investigación tres meses, asegurando que son muchos más los que deben declarar.
Iberdrola acusa a García-Castellón de que no protege sus “legítimos intereses y derechos»
La defensa de Iberdrola remitió el pasado 10 de diciembre un escrito al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Villarejo’ señalando directamente al juez Manuel García-Castellón como responsable de la fallida operación de adquisición en Estados Unidos de la eléctrica PNM Resources, valorada en 8.000 millones de dólares y que, finalmente, «se ha visto frustrada como consecuencia del devenir de las presentes diligencias previas».
Resaltan los abogados de Iberdrola que el juez no protege los «legítimos intereses y derechos» de la firma, demorando junto a la Fiscalía Anticorrupción la práctica de diligencias, rechazando las peticiones de la defensa sobre su contable José Antonio del Olmo, que fue despedido por la empresa, quien vinculó a Sánchez Galán en diciembre de 2004 con los contratos de espionaje pagados a Villarejo, que la defensa considera falsos.
A juicio de Iberdrola, en este caso se están traspasando todas las «líneas inimaginables», hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia «abiertamente anormal» con graves daños reputacionales y económicos para Iberdrola.
A juicio de Iberdrola, en este caso se están traspasando todas las «líneas inimaginables», hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia «abiertamente anormal» con graves daños reputacionales y económicos para Iberdrola. / EUROPA PRESS
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contra la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y otros tres directivos de la eléctrica por los contratos con Villarejo, para que se declarase la nulidad de los actos procesales, por lo que mantiene la declaración de Sánchez Galán, y del que fuera presidente de Iberdrola España, Fernando Becker, para el próximo 18 de enero.
La Audiencia Nacional, pieza clave
Evidentemente, la compañía tiene derecho a defenderse pero lo que resulta sorprendente son las acusaciones personales al titular del Juzgado Nº6 de la Audiencia Nacional, José Manuel Garcia-Castellón. Tales acusaciones que indican prevaricación del juez deberían haberse formulado en el procedimiento previsto por las leyes.
El sistema judicial es pieza esencial para mantener las reglas de juego del sistema económico y social que garantizan una justa convivencia ciudadana. Hay que recordar que la Audiencia Nacional es una instancia judicial fundamental para el sistema, que fue creada por la necesidad de convertir la seguridad jurídica de los ciudadanos en la «piedra angular del Estado de Derecho». Se ocupa de los delitos de mayor gravedad y relevancia social como son, entre otros, los de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, delitos contra la Corona o los delitos económicos que causan grave perjuicio a la economía nacional.
Su presidente, desde 2014, es el profesor José Ramón Navarro Miranda, miembro de la conservadora Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, y tiene la consideración de presidente de Sala del Tribunal Supremo.
Cómo actúa el Tribunal Supremo ante las grandes empresas
En general, el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional, a donde recalan finalmente numerosos casos de corrupción, no se deja presionar fácilmente aunque algunos casos, muy pocos, se han dado en sentido contrario. Otra cosa es que el Supremo, en razón de su alta responsabilidad, tenga extremo cuidado en no perjudicar a importantes compañías españolas de gran prestigio internacional porque repercutiría en los intereses económicos del país.
Uno de los casos más llamativos fue el caso del Banco de Santander que ocasionó nada menos que una doctrina suprema: la ‘doctrina Botín’. Quizás la importancia del personaje aconsejara al Alto Tribunal estimar que la acusación popular no estaba facultada para sentar a nadie en el banquillo cuando ni el fiscal ni la parte perjudicada mantenían la acusación. Emilio Botín había llegado a un acuerdo con sus acusadores, los perjudicados y ni la Agencia Tributaria ni la Abogacía del Estado se personaban en el caso.
El de ‘Los Albertos’, amigos, compañeros de cacerías y juergas y protegidos por el rey Don Juan Carlos, fue uno de los casos más señalados en el que pudo verse la influencia de los poderes económicos, en este caso protegidos por el Tribunal Constitucional.
La Audiencia Provincial de Madrid condenó a los primos; el Supremo les condenó entendiendo que el delito no había prescrito, pero ‘Los Albertos’ recurrieron al Tribunal Constitucional, que los absolvió, valiéndose de una interpretación dudosa de la prescripción que hasta aquel momento no formaba parte de las garantías constitucionales, sino de la jurisdicción penal.
Cuando el Tribunal sentenció el ‘no ha lugar’ dejando libres de culpa a ‘Los Albertos’, se produjo un fuerte malestar en la Judicatura y de forma muy lacerante en el Tribunal Supremo. El fiscal general del Estado, a la sazón Cándido Conde Pumpido, comentó las declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, entonces Eduardo Esteban, quien sostenía que el Tribunal Constitucional debería estar más con los estafados que con los estafadores. Las críticas de Conde Pumpido sentaron muy mal en el Constitucional, que se dirigió al presidente Zapatero por carta pidiendo su cese, una petición que no fue aceptada por el presidente del Gobierno.
Pero, sin duda, las mayores presiones sobre el Supremo se produjeron con el caso de información privilegiada atribuida a César Alierta cuando dirigía la tabacalera Altadis. Una fuente judicial nos asegura que fue en este proceso donde el alto tribunal recibió “más presión que en toda la historia del Supremo y las presiones llegaron al más alto nivel, tanto directamente como por medio de la Prensa”.
El concepto de prescripción es un tanto flácido al no establecer una cantidad concreta defraudada para decidir si hay agravamiento o no, por lo que el asunto queda al criterio del tribunal. Es éste un tipo penal que se ha aplicado muy pocas veces.
En lo referente al indulto concedido por José Luis Rodríguez Zapatero a Alfredo Sáenz Abad cuando éste era vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, el Supremo mantuvo su opinión contraria hasta el final. En general, el Tribunal Supremo ha actuado bien aunque haya tenido que tragar con la sentencia del Constitucional en el proceso a ‘Los Albertos’ y con la acción del Gobierno en el caso de Alfredo Sáenz Abad.
La independencia del fiscal general, pieza clave
Distintos gobiernos han intentado utilizar a su favor a los respectivos fiscales generales que nombraron ellos. Aunque el fiscal general deba el cargo al presidente del Gobierno no hay razones, al menos morales, que obliguen a éste a ser un mandado de quien lo nombró pero, desgraciadamente, no ha sido así en la historia de nuestra democracia.
Parece que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido la excepción, pues ni Felipe González ni José María Aznar ni Mariano Rajoy dudaron en ponerlos a su servicio como si fueran gobernadores civiles.
Ahora no se le puede mandar el motorista como hiciera Aznar con Úrculo, pues el fiscal general es nombrado por cuatro años y no se le puede cesar antes de que concluya este periodo. El problema de Torres-Dulce –me dicen en fuentes próximas al Supremo– es que no se marchó, lo echaron y él lo aceptó. El Gobierno se enfrentó con él por el asunto de Cataluña y Torres-Dulce aceptó renunciar.
El Gobierno siempre puede presionar y dispone de una causa de cese que es el incumplimiento de las obligaciones que conlleva el cargo, pero no es fácil agarrarse a este supuesto, pues sería recurrible ante el Tribunal Supremo. En realidad, esa cláusula es inutilizable pues hay que demostrar el incumplimiento de dichas obligaciones. Esta previsto para casos excepcionales.
Es cierto que el Gobierno no le puede cesar fácilmente mandándole el temido motorista, pero puede hacerle la vida imposible. Es difícil resistirse al presidente de un Gobierno que le dice al fiscal general que ha perdido su confianza en él. Pudiera darse el caso de que el fiscal general desafíe al presidente manteniéndose en el cargo, pero lo normal es que haga mutis por el foro dejando a quien lo nombró el campo libre.
Con Derecho a Réplica / Jesús María Sanz Serna. Catedrático de Matemáticas en la Universidad Carlos III de Madrid, preside la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España
Sufrimos un déficit en Matemáticas
La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (RAC), en su tercera Declaración sobre la situación de la investigación científica en España, ha destacado que persiste una notoria falta de inversión en ciencia y tecnología, e insuficiencias en transferencia de conocimiento entre el mundo académico/científico y el empresarial.
Pocos dudan que las Matemáticas constituyen un apoyo fundamental para la totalidad de las ciencias pero también tienen un importante impacto positivo en la economía de un país. Son consideradas como uno de los dos pilares de cualquier sistema educativo, el otro es el lenguaje. Y más aún, su papel instrumental en otras ciencias y en el desarrollo tecnológico está asumido universalmente.
La contribución matemática en España está por debajo tanto en empleo como en PIB de la de nuestros socios europeos. Una primera causa podría radicar en la diferencia entre los tejidos empresariales en esos países en comparación con España, con economías basadas en la innovación y en la tecnología que descansa sin ninguna duda en el conocimiento matemático. La otra variable es el propio desarrollo histórico de las matemáticas en España, una ciencia relativamente reciente en lo que se refiere a una investigación de altura y homologable internacionalmente.
Otro aspecto, es la inadecuación de la enseñanza de la disciplina, comenzando ya en la escuela, alejada de sus aplicaciones, lo que la lleva a ser vista como una ciencia muy básica, sin relación con la vida cotidiana, y por lo tanto de poca utilidad práctica. La falta de conexión con otras disciplinas que se enseñan en Secundaria y Bachillerato, es otro de los factores que contribuyen a los resultados obtenidos.
La Academia ha llegado a las siguientes conclusiones:
La inversión en investigación científica en España durante 2020 y 2021 sigue siendo insuficiente para reducir el elevado nivel de paro general y el alarmante paro juvenil.
A pesar de la pandemia de la COVID-19, en España la investigación en sanidad tampoco ha sido suficientemente reforzada.
Los fondos a recibir de la UE como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para hacer frente a las consecuencias económicas de la COVID-19 permitirán abordar importantes y necesarios cambios estructurales. Pero, si no se usan para estabilizar la producción científica y para mejorar la competitividad de las empresas mediante incorporación de tecnologías habilitadoras y de innovaciones derivadas de la investigación, no se resolverán los problemas de desempleo que amenazan nuestro futuro inmediato y aun a medio plazo.
Proponemos mecanismos para contribuir a eliminar la brecha digital y a fomentar la generación de innovaciones y la transferencia de resultados de investigación desde el mundo académico al empresarial. No servirán sin una inversión en I+D+i que modifique los factores de dependencia de nuestra economía.
Hemos usado las Matemáticas como ejemplo de la repercusión económica de la investigación básica, pero mucho de lo dicho se aplica así mismo a las demás ramas de la ciencia.
La RAC reitera su disposición a colaborar en la búsqueda de procedimientos para alcanzar y superar el punto de inflexión en inversión en ciencia que refuerce nuestra economía, estimule la imprescindible transición energética, atenúe el desempleo estructural, incentive a nuestros jóvenes y nos acerque a los países avanzados de la UE.
Ello debería frenar el deterioro social que se anticipa como una de las consecuencias de la COVID-19.
