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Apple, el gigantesco y todopoderoso monopolio tecnológico, ha sido puesto en la picota hispana por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que denuncian abuso de poder.
Cani Fernández, presidenta de la CNMC, se enfrentó al mayor reto de su fecunda trayectoria profesional en julio de 2021 al atreverse a expedientar a Apple, pionera de Silicon Valley que superó a Exxon Mobil como la de mayor capitalización bursátil del mundo.
La presidenta de CNMC explicó que Apple y Amazon podrían haber acordado restricciones comerciales en la página web de Amazon en España que afectarían a la venta minorista de productos de Apple por parte de terceras empresas y a la publicidad de productos competidores de Apple. Sostiene Fernández que dichas conductas podrían reducir la competencia en el mercado de venta minorista por Internet de productos electrónicos.
Se abrió entonces un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, que finaliza en febrero de 2023.
El Juzgado admite a trámite la demanda de la OCU
El Juzgado de lo Mercantil Nº10 de Madrid admitió a trámite el pasado 3 de octubre la demanda colectiva presentada por la Organización de Consumidores (OCU), presidida por Miguel Ángel Feito, contra Apple por prácticas comerciales engañosas.
OCU, que exige una indemnización para cada usuario español por un importe que oscila entre los 99 y 189 euros,
presentó una demanda colectiva para defender en juicio a todos los afectados por la obsolescencia programada en la gama de iPhone 6, en España, unos 400.000 usuarios en base a las prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas de Apple, que para la organización ha actuado de manera fraudulenta ocultando información a los usuarios, vulnerando así la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
OCU considera que Apple actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos.
Al hacer esto –argumenta la organización de consumidores– los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba “más lento”, un hecho que les empujó a cambiar de modelo. Apple, de manera deliberada, condicionó a los consumidores para renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico que cifra entre 40 y 80 millones de euros, aproximadamente.
En diciembre de 2020, OCU, junto con las asociaciones miembros del grupo Euroconsumers Altroconsumo, Deco Proteste y Test-Achats demandaron a Apple en una acción coordinada.
El ejemplo italiano
El 29 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo del Lacio (Italia) confirmó la multa de 10 millones de euros que fue inicialmente impuesta en octubre de 2019 por la Autoridad de la Competencia Italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) en relación con las implicaciones para el rendimiento del iPhone de la actualización de las versiones 10.2.1 y 11.2.0 del sistema operativo iOS. El Tribunal identificó el comportamiento de Apple como una práctica injusta y agresiva.
La presidenta de CNMC explicó que Apple y Amazon podrían haber acordado restricciones comerciales en la página web de Amazon en España que afectarían a la venta minorista de productos de Apple por parte de terceras empresas y a la publicidad de productos competidores de Apple. Sostiene Fernández que dichas conductas podrían reducir la competencia en el mercado de venta minorista por Internet de productos electrónicos. / EUROPA PRESS
Esta acción deliberada constituyó la base de una demanda colectiva en los Estados Unidos que Apple ha preferido solucionar extrajudicialmente por un monto total de 500 millones de dólares que la citada compañía pagará a los consumidores afectados.
Apple aceptó pagar una multa en Francia de 25 millones de euros para evitar un proceso judicial después de que los servicios antifraude franceses concluyeran que hubo carencias en la información sobre las actualizaciones del sistema de explotación de sus iPhone, que en muchos casos ralentizaban el móvil.
Para este organismo oficial francés, las lagunas en la información que dio la multinacional estadounidense sobre la actualización del sistema iOS constituyeron «una práctica comercial engañosa por omisión». Hay otras demandas en curso en Australia e Israel por el mismo motivo.
La Organización de consumidores y usuarios considera que tanto esta sentencia como los acuerdos extrajudiciales implican una conducta por parte de Apple que se puede tachar de “obsolescencia programada” con el objetivo de incrementar el reemplazo de los viejos modelos de iPhone 6. Esta conducta ha causado un daño similar para todos los consumidores independientemente del país de procedencia de cada uno.
Sin solución amistosa
En un intento por lograr una compensación similar para los propietarios de los iPhone 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus de Apple en Europa, OCU, a través de Euroconsumers, se ha dirigido en múltiples ocasiones a Apple. Desafortunadamente, estos intentos de encontrar una solución amistosa en beneficio de los consumidores no condujeron a una solución satisfactoria.
OCU considera que los consumidores de Bélgica, Italia, España y Portugal merecen ser tratados con el mismo respeto y justicia que los estadounidenses, y que no se puede permitir una actividad dañina y medioambientalmente irresponsable como la obsolescencia programada.
Estima que Apple debe compensar a los usuarios de modelos iPhone 6, 6s, 6 Plus y 6s Plus no sólo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca.
Y, en consecuencia, solicita una compensación a cada perjudicado de entre 99 y 189 euros. Esta cifra procede de la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.).
OCU, que lleva batallando contra la obsolescencia prematura durante muchos años, sostiene que la obsolescencia programada es algo peor. No sólo representa una práctica deliberadamente desleal para los consumidores que causa frustración y daño financiero, desde el punto de vista ambiental, también es irresponsable al aumentar desechos electrónicos muy contaminantes. Concluye la organización que “una economía sostenible y una transición verde justa son más necesarias que nunca”.
Mal comportamiento con sus trabajadores
El presidente de Apple, Tim Cook, que posee un patrimonio personal de 840 millones de euros y que presume de abrigar un ideal social comprometido éticamente con sus trabajadores y con sus clientes, exhibiendo un “capitalismo de la tercera modernidad”, practica una política de “optimización” fiscal a la baja, de ausencia de sensibilidad medioambiental, de contención salarial y explotación de la plantilla en muchas de sus tiendas y fábricas que sufren condiciones de trabajo impropias de sus proclamas humanistas.
