Destacado / N. L.
No debiera sorprender que el gobierno de Sánchez cesara a Fernando Abril-Martorell de la presidencia de Indra, la gran empresa tecnológica en la que el Estado, con una participación del 18,7%, es el primer accionista. Como tampoco debería sorprender, y de hecho no sorprendió, el cese en su día de los presidentes de la SEPI, Navantia, AENA, Renfe, ADIF, Correos, la Agencia Efe, Puertos del Estado, Tragsa, Enresa, Enusa, Red Eléctrica, Loterías y Apuestas del Estado, o del de Paradores, entre otros.
Sigue funcionando la cesantía, narrada por escritores del siglo XIX y XX y de forma especialmente magistral por Pérez Galdós. Con una diferencia esencial. Ahora la cesantía no afecta a los probos y pobres funcionarios que no tenían donde caerse muertos cuando se producían cambios ministeriales, sino a gente de buen vivir.
A nadie sorprende hoy que Pedro Sánchez cese a los presidentes designados por el gobierno de Mariano Rajoy, que a su vez hizo lo mismo con los designados por José Luis Rodríguez Zapatero; como a éste no le tembló la mano para cesar a los de José María Aznar; y menos a éste que privatizó empresas publicas poniendo a su frente a sus amigos o correligionarios. Y así nos podemos remontar hasta los godos.
Derecho a matar, pero no a mandar
En el caso de Indra lo que verdaderamente sorprende es que el Gobierno ha conseguido cesar al presidente impuesto por el Gobierno de Rajoy, pero no su propósito de que tenga poderes ejecutivos. Finalmente, el Gobierno se ha rendido ante las críticas de que el designado, Marc Murtra (Reino Unido, 1972), si bien tiene cualidades técnicas por su formación de ingeniero industrial, gerente de Closa Investment Bankers y consejero en algunas empresas, es ante todo un político que carece de las condiciones precisas para gobernar, como sus antecesores, Monzón y Abril-Martorell, una empresa tan compleja como Indra. Marc Murtra fue jefe de Gabinete del exministro de Industria Joan Clos, con quien continuó cuando éste fue elegido alcalde de Barcelona.
El Consejo de Administración ha dejado constancia, por unanimidad, de la valiosa contribución y liderazgo de Abril-Martorell durante su etapa como presidente, valorando muy positivamente su gestión y la sustancial transformación operada en la Sociedad desde que asumió sus funciones en 2015.
Al final le han dejado el fuero pero no el huevo. Éste se lo comerán dos consejeros ejecutivos elevados a la categoría de consejeros delegados con carácter solidario: Ignacio Mataix Entero y Cristina Ruiz Ortega, y el director general corporativo, Javier Lázaro. Mataix es un tecnócrata puro, fue designado por Abril, y Cristina Ruiz, más bien humanista, lo fue por Monzón aunque potenciada por Abril.
El Consejo de Administración ha tratado de tranquilizar a todos al señalar que este trío «permite garantizar la continuidad de la gestión al máximo nivel, ejecutando el plan estratégico 2021-2023» aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración el pasado febrero. Y destaca que el nombramiento de Murtra contribuirá a mejorar la «ya excelente» relación de Indra con las distintas administraciones, así como a fortalecer el posicionamiento que tiene Indra ante los fondos europeos NextGenerationEU y, por tanto, a incrementar su capacidad de crecimiento”.
Mataix, de 58 años de edad, se incorporó a Indra en febrero de 2018 como consejero ejecutivo con vinculación directa a Fernando Abril-Martorell para cubrir la vacante generada por Juan March de la Lastra, consejero dominical en representación de Corporación Financiera Alba tras la dimisión presentada por éste como consecuencia de una redistribución de funciones dentro del grupo March.
Mataix, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y Máster en CEO International Programme por IESE Business School, había ocupado puestos directivos en grandes firmas multinacionales de banca de inversión, de ingeniería y de fabricantes de alta tecnología.
Cristina Ruiz Ortega, muy popular entre empresarios y periodistas, nació en 1970, se graduó en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y es una de las cinco consejeras ejecutivas del Ibex. Sólo cinco: ella y Ana Botín, María Dolores Dancausa, María José García Beato y Vanisha Mittal Bhatia. Trabajó en Andersen Consulting Francia; en Accenture España; en Boston Consulting Group y se incorporó a Indra en 2011, donde fundó la filial Minsait en 2014 dedicada al desarrollo digital y a la transformación cultural de Indra. En 2017 fue designada por Abril-Martorell consejera ejecutiva de Administración.
O sea, que a Pedro Sánchez le han concedido los accionistas privados de Indra el derecho a matar pero no a mandar.
El poderío de la familia March
En la Prensa ha predominado la interpretación de lo acontecido como una muestra de debilidad del Gobierno, en un acto que algunos han tachado de ridículo. Nuestra opinión es que lo que se ha demostrado es que el Gobierno ha sido más débil que los accionistas privados, encabezados por la familia March, de alto poder fáctico.
Los March se opusieron inicialmente al relevo pero dio marcha atrás al comprobar que con su paquete accionarial no podía impedirla y al conseguir que mandaran como CEOs dos consejeros de su confianza. El resto de los accionistas privados son fondos de inversión extranjeros que tienen por norma no intervenir en los nombramientos de directivos y mucho menos enfrentarse con el Estado.
El Gobierno puede consolarse con el hecho de que cuenta con dos consejeros socialistas: Miguel Sebastián, exministro de Industria, y Antonio Cuevas, exdiputado por el PSOE por Sevilla, ambos nombrados a finales de enero de 2019, seis meses después de la llegada de Pedro Sánchez, ambos como consejeros dominicales al representar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La estructura accionarial de Indra es la siguiente: la SEPI (17,8%), Familia March a través de Corporación Financiera Alba (11,3%) Fidelity Investments (9,3%) T Rowe Price Associates (5%), Banco de Noruega, gestora de activos de Banco Santander (4%), Schroder International Selection Fund (3,4%). El resto es de accionistas que no llegan al 3%.
Al estar Indra tutelada por el ministerio de Defensa los privados no se hubieran atrevido a rebelarse si hubiera tomado cartas en el asunto la ministra de este departamento, Margarita Robles, pues este departamento además de tutor de Indra es el principal cliente de la compañía en asuntos de seguridad y defensa. Pero Robles no está para esas cosas.
No son los privados de Indra ni más ni menos poderosos que los que comparten la propiedad de Red Eléctrica Española (REE) con la SEPI donde ésta mantiene un porcentaje similar con un 18% de las acciones de la empresa. Con la diferencia de que los privados de REE son eléctricos, un sector altamente regulado por el Estado, contra el que los señores del kilovatio no se atreven a rechistar. Son tan potentes como vulnerables.
En este sector Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, manda mucho, tanto que se pudo permitir cesar al presidente de REE colocado por su Gobierno, Jordi Sevilla, para suceder al veterano político del PP, José Folgado, por el pequeño detalle de que el exministro Sevilla se permitiera gobernar la compañía más como empresario que como socialista y, sobre todo, cuando éste se permitió hacer caso omiso de las instrucciones de la ministra.
Un caso atípico
Indra es un caso atípico que en sus 30 años de vida sólo ha contado con tres presidentes, incluyendo a Marc Murtra. Sus antecesores son Javier Monzón de Cáceres (1992-2015) y Fernando Abril-Martorell (2015-2021). Una poderosa compañía de 50.000 trabajadores, con una facturación de más de 3.000 millones de euros.
Mataix, de 58 años de edad, se incorporó a Indra en febrero de 2018 como consejero ejecutivo con vinculación directa a Fernando Abril-Martorell para cubrir la vacante generada por Juan March de la Lastra, consejero dominical en representación de Corporación Financiera Alba tras la dimisión presentada por éste como consecuencia de una redistribución de funciones dentro del grupo March.
Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y Máster en CEO International Programme por IESE Business School había ocupado puestos directivos en grandes firmas multinacionales de banca de inversión, de ingeniería y de fabricantes de alta tecnología.
En realidad, la empresa fue obra de Javier Monzón, economista madrileño, su fundador, quien había sido antes director de Banca Corporativa en Caja Madrid; socio director de Corporate Finance en Arthur Andersen; director financiero, presidente de Telefónica Internacional y director general de Telefónica.
Indra fue el resultado de la fusión en 1992 de la compañía pública Inisel, que presidía Monzón, con un conglomerado de privadas entre las que destacaban Eritel y Disel. El grupo se estructuró en cuatro áreas de negocio:
Defensa y Tecnologías Duales: a la que se incorporaron junto a Indra y Ceselsa, ENOSA, Gyconsa, ELT, EMAC, SAES, Sainsel, AISA, GDI y ASDL.
Automatización, Control y Comunicaciones: integrada por Indra DISEL, Electrónica Ensa y Tesis.
Consultoría y Servicios informáticos: formada por Indra Eritel y Ceninsa.
Espacio: constituida por Indra e Inisel.
Tras las fusiones el Estado controlaba el 66% de la compañía resultante. La operación que alumbró a la flamante Indra se hizo bajo el reinado de Felipe González, donde Monzón ha permanecido durante 22 años, sin que los sucesivos presidentes, González, Aznar y Zapatero, tuvieran nada de objetar.
José María Aznar la privatizó en 1999, fecha en la que Indra se inició en el parqué, incorporando al capital de la misma a la Caja Madrid de Miguel Blesa, con un 10%. De hecho, Indra siguió siendo de control público al deber su viabilidad y rápida expansión mayormente a los contratos públicos. Fue una nacionalización clientelar que Monzón supo manejar con suma habilidad cultivando al rey Juan Carlos, a los sucesivos ministros de Defensa y de Interior, a Felipe González contratando a su hijo Pablo González, fotógrafo; a Josep Pujol Ferrusola a quien adquirió su consultora Europraxis, etc.
Monzón compartía la presidencia de Indra con el puesto de consejero de ACS y de YPF y realizó intercambios accionariales con la Unión Fenosa integrada entonces en la ACS de Florentino Pérez y mantuvo una relación espacial con Alcocer y Cortina y con la familia March, accionistas destacados del grupo de Florentino Pérez, con quien compartían palco en el estadio del Real Madrid. Fue también inversor en ‘startups’ y fondos de capital desarrollo de base tecnológica.
Ha sido vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III y es presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación CyD (Conocimiento y Desarrollo), patrono de la Fundación Princesa de Girona, patrono-consejero de Endeavor en España y miembro del Consejo Asesor internacional de Brookings.
Acusado de financiar al PP y absuelto
Fue acusado de financiar al PP en la trama ‘Púnica’ (abril de 2015) de lo que fue absuelto. Indra realmente financió al PP, pero Monzón alegó que no sabía nada del asunto y el tribunal le creyó. El diario ‘El País’ informó en aquella fecha de haber efectuado sobornos a jueces, secretarios y fiscales de la Comunidad de Madrid y su número dos de Indra, Javier de Andrés, fue imputado en la trama ‘Púnica’ y en la ‘operación Lezo’. Por cierto, el sucesor de Monzón, Fernando Abril, mantuvo en el puesto a Javier de Andrés hasta diciembre de 2017.
Fue cesado durante el mandato de Mariano Rajoy, para ser sustituido por Fernando Abril-Martorell, hijo de quien fuera vicepresidente en el Gobierno de Adolfo Suárez, dedicado plenamente a la gestión empresarial.
El cese de Monzón se basó en que Indra había ocultado importantes pérdidas ocasionadas por diversos proyectos fallidos. Abril-Martorell le retiró la Presidencia de Honor en noviembre de 2015 acusándole de que había ocultado información sobre la verdadera situación de la empresa y que había ocultado al Consejo de Administración la adquisición de un avión privado para su uso personal que sería adquirido por el futbolista Cristiano Ronaldo.
Cómo fue cesado Abril
En el comunicado que envió Indra a la CNMV el 27 de mayo de 2021 se explica que la decisión fue tomada con unanimidad por el Consejo de Administración y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo. Esta Comisión está integrada por cinco miembros, de los que tres son consejeros independientes (Alberto Terol, Ignacio Martín e Isabel Torremocha) y dos dominicales: Santos Martínez-Conde, nombrado a propuesta de Corporación Financiera Alba, y Antonio Cuevas, a propuesta de la SEPI.
El Consejo adoptó los siguientes acuerdos:
“1. Revocar con efectos del día de hoy las facultades delegadas como presidente ejecutivo de D. Fernando Abril-Martorell Hernández, cesarlo como presidente del Consejo de Administración y no someter a la Junta su reelección, lo que supone la extinción del contrato de prestación de servicios ejecutivos que vincula a las partes. El Consejo de Administración ha dejado constancia, por unanimidad, de la valiosa contribución y liderazgo de Abril-Martorell durante su etapa como presidente, valorando muy positivamente su gestión y la sustancial transformación operada en la Sociedad desde que asumió sus funciones en 2015.
2.- Aceptar la dimisión como miembro del Consejo de D. Fernando Abril-Martorell Hernández, presentada, tras la indicada revocación, al amparo de lo previsto en el artículo 23.2 f) del Reglamento del Consejo de Administración.
3.- Designar por cooptación como consejero a D. Marc Murtra Millar, con la calificación de otro externo.
4.- Nombrar a D. Marc Murtra Millar presidente no ejecutivo del Consejo de Administración.
5.- Delegar en favor de los consejeros ejecutivos D. Ignacio Mataix Entero y Dña. Cristina Ruiz Ortega, responsables respectivamente de las divisiones de Transporte y Defensa y Minsait, todas las facultades delegables del Consejo, nombrándoles consejeros delegados con carácter solidario. Lo cual se pone en su conocimiento a los efectos oportunos. Atentamente, Fabiola Gallego Vicesecretaria del Consejo”. Fernando Abril-Martorell podría recibir hasta 6,1 millones de indemnización por distintos conceptos.
Por qué fue cesado
José Luis Leal publicó el pasado 26 de mayo un artículo en el diario ‘El País’ titulado “Un relevo por explicar”. Leal es amigo de los Abril-Martorell, del padre vicepresidente del Gobierno que le promovió al cargo de ministro de Economía en el gobierno Suárez y del hijo empresario con quien mantiene estrecha relación y con quien se encuentra periódicamente en su condición de vicepresidente de la Fundación Fernando Abril Martorell creada en recuerdo de su padre, que tuvo un papel importante en la Transición.
Leal de apellido y leal a sus amigos, hizo grandes elogios del despedido en su artículo donde insinuó que “al no haber una razón objetiva evidente [para el despido] tal vez pueda existir alguna otra causa de difícil explicación”. Y conjeturaba que la más probable era “el ejercicio puro y simple del poder”.
El autor resaltaba que “en los seis años de gestión de Fernando Abril-Martorell, Indra se ha convertido en una empresa líder mundial en el desarrollo de soluciones propias en mercados como los de defensa y seguridad, transporte o tráfico aéreo. El número de empleados ha pasado de 34.000 a más de 50.000 al tiempo que su facturación ha crecido hasta superar los 3.000 millones de euros. Ha sido la labor de un gran presidente y del equipo que ha sido capaz de aglutinar y dirigir”.
Es innegable el trasfondo político de su cese como lo es la buena gestión del despedido, pero lo es también que las motivaciones del Gobierno fueron más complejas. En nuestra opinión se conjugaron varias razones e influencias: las de Salvador Illa, la de los sindicatos y la de la presidenta de la SEPI, la recién nombrada Belén Gualda.
Salvador Illa, exministro de Sanidad y jefe de la oposición en el Parlamento catalán, a quien el presidente del Gobierno tiene en gran estima, le pidió a éste que colocara al frente de Indra al compañero del PSC Marc Murtra.
A los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, o les importaba demasiado el nombramiento de Murtra con tal de que cesaran a Fernando Abril, campeón de los despidos. Un título justificado al apuntarse en el cinturón 14.000 despidos en tres de las empresas donde tuvo esa potestad: Telefónica, Prisa, e Indra en los últimos quince años.
La SEPI fue sensible a las quejas sindicales por los EREs y el ERTE que se sucedieron en indra. Molestó también al Gobierno el intento de Abril de nombrar consejera a Rosa María García Piñero pues ésta ocupaba el puesto de responsable de Sostenibilidad de la Fundación de Alcoa en un momento en que el Gobierno se enfrentaba a esta multinacional por su decisión de cerrar sus plantas en Galicia y Asturias. Así como la resistencia de Abril-Martorell a sus indicaciones en las negociaciones para adquirir en el año 2019 ITP Aero, en manos de la británica Rolls Royce.
Con Derecho a Réplica / María José López González. Abogada especialista en Derecho deportivo. Jefa de los Servicios Jurídicos del Sindicato de Futbolistas AFE.
El asombro de la mujer que ‘toca’ poder
En un libro de Gloria Fuertes –lleno de relatos y poesía, así como de sus propias reflexiones– ésta señalaba en relación a los Derechos de la Mujer: “Se avanza pero a paso de caracol paralítico”. Me gustaría, arrancando desde esta reflexión, llena de sentido, situarme donde estamos, en pleno siglo XXI, con grandes avances en todos los terrenos donde la identidad humana ha posado su saber. Y más allá, contextualizarlo en España, este país, que se define como igualitario, en un contexto europeo de democracia consolidada. Una democracia que proclama la igualdad como máxima aspiración en un Estado Social y Democrático de Derecho. Y en ese desarrollo de los derechos, que es lo que debe cimentar cualquier sociedad democrática, España promulgó la Ley de Igualdad –Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres– y recientemente dos reales decretos –RD 901/2020 de 13 de octubre por el que se regulan los planes de igualdad y su registro; y el RD 902/2020 de igualdad retributiva entre hombres y mujeres–. Y se sigue legislando para buscar esa igualdad real, que ponga fin al déficit de un derecho, como es el que hace que la democracia sea virtuosa, que no es otra cosa, que todos tengamos el derecho a ser reconocidos seres entre iguales.
Pues bien, a pesar de todo, en pleno siglo XXI siguen dándose escenarios donde esa igualdad resulta tan esquiva, como tramposa en relación a romper prejuicios que significaría dar una patada al aire sobre la igualdad. Y lo de la patada lo traigo a colación porque el deporte es uno de los escenarios en que, con ser mediático, la igualdad real no existe, ni se da. De hecho, en el ámbito laboral los convenios colectivos se dan en el masculino, y no necesariamente en el femenino. A partir de ahí, habrá que trazar líneas muy finas para hacer que esos reales decretos en relación a los planes de igualdad en las empresas del deporte –fútbol, baloncesto, etc.– no dejen de dar tiritones de escalofrío ante lo que supone no igualdad retributiva, y condiciones laborales en las antípodas si es un hombre o una mujer la que realiza la activad profesional. En lo que aún es todo un desafío, inexistencia de ligas profesionales femeninas en el ámbito del deporte en nuestro país.
He querido significar el deporte, por aquello de lo que siempre se habla de ‘Marca España’, pero ya se puede observar que en lo tocante a la igualdad no es muy buen ejemplo. Pero como la sociedad es tan profusa como sectorial, seguimos topándonos con ámbitos, más allá de la política, que siguen siendo de privilegios; hay opacidad en lo tocante a calibrar si ese derecho a la igualdad es real y efectivo. Y si en el pasado –ahora que se trabaja en el papel morado–, para reivindicar a mujeres que en este país tuvieron grandes liderazgos, pero que no se visibilizaron. Toca hacerlo ya. Con la ceguera del pasado, convendría abrir las pupilas para reflexionar por qué ahora, en esta época en la que la mayoría de las mujeres están en nuestras aulas universitarias, sigue moviéndose esta sociedad en porcentajes de ocupación en puestos de responsabilidad de menos del 20 por ciento en muchos sectores destacados de la sociedad.
Es tan lento como refería Gloria Fuertes en su reflexión, señalada al inicio de este artículo, o lo que ocurre que esta sociedad acelera en algunas cosas, pero ralentiza en otras. Y las normas no siempre confluyen sociológicamente con la propia sociedad. De hecho, existen informes de género que hablan de conservadurismo de generaciones recientes, respecto a encuadrar a la mujer en un escenario de roles; esto es, volver al azul y al rosa para estigmatizar, más que para identificar.
En esto último manifiesto una mirada de asombro y de incredulidad porque si hemos salido de la universidad, nuestras madres nos alentaron a estudiar, y al matrimonio le propiciamos separación de bienes, no se entiende que todavía nuestros pasos en el terreno del espacio público-social siga siendo una fuente de reivindicación ante lo que no es un logro real. Y todo ello, dentro de las políticas públicas diseñadas por la Unión Europea generando la necesaria obligación de convertir en hecho lo que hace años ya es legal. Esto es, discriminar es ilegal, y pudiera, incluso significar delinquir.
No quisiera dramatizar, a pesar de que muchas mujeres en el contexto de Europa siguen siendo las perdedoras de la conciliación, las que menos ganan; y lo que es peor, a las que la violencia les hace mella, frente al género masculino. A pesar de ello, hemos de reconocer que la Unión Europea está activa en romper con la inercia de los siglos donde se nos ha segregado. Porque esa segregación ha visto peligroso el poder de la mujer. Que es la clave sobre la que se perpetúan los pretéritos del pasado.
Anualmente la Unión Europea publica un índice de perspectiva de género en el que se manifiesta ese avance o no, en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Una Unión Europea que proclama su identidad como organización que persigue y persiste en la igualdad. De hecho, se pone sus propios deberes, convencida que el destino como organización pasa irremediablemente por sentirse espacio de igualdad y no discriminación. Para lo cual puso en marcha mecanismos en esta dirección –la Carta de la Mujer de 2010 de la Comisión Europea, la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015 de la Comisión Europea, el Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020 del Consejo Europeo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer–, entre otras.
A pesar de ello, a modo crematístico –todo el mundo fue testigo de cómo toda una presidenta de la Comisión Europea, Ursula Gertrud von der Leyen, sigue buscando la silla que le retiró el presidente turco Erdogan, en un encuentro entre mandatarios de la UE–. Aquello que para muchos representó una mala educación, para muchos otros significó estigmatizar el trabajo de una representante, mujer, en un escenario de geopolítica. No pretendo con ello prejuzgar a nadie, pero quiero plasmar que si a esto se atrevieron algunos, no debemos dejar nuestros espacios para que se inunden de privilegios de unos frente a otros. Porque esto de la igualdad tiene que ver con el liderazgo de roles, la infravaloración de la mujer en un espacio público, y la protección de unos derechos, que como ciudadanos/as tenemos.
Y si a eso le unimos comportamientos de máximos que inducen o conducen a la violencia, una lacra maldita que soporta esta sociedad. No podemos dejar de dar un paso atrás. Porque con haber avances, reconocerlos y apadrinarlos no es suficiente. Ahora toca el desafío del compromiso. De aquello que nos obliga a apoyar a esta sociedad de la igualdad. La que no sucumbe ante modelos o roles que secundan el papel menor de la mujer en una sociedad que nos necesita a todos/as. Que se enriquece con todos/as, y que enmudece ante el machismo. Es el activismo que persigue lo que nuestras madres hicieron con nosotras cuando nos apoyaron en nuestra carrera universitaria y nos dieron el consejo de la independencia. Pero, entonces, ¿por qué, a pesar de todo, la escena pública sigue siendo mayoritariamente de los hombres? Quizás porque está basada en el privilegio de una clase social, y toca extenderlo a toda la sociedad. Porque no se discrimina a la que tiene poder, sino a la que no lo tiene. De ahí, que haya que extender toda la fuerza de estas leyes a todos los grupos sociales y a todos los rincones de nuestra sociedad; para que las decisiones provengan de todos los sectores sociales, no sólo de los políticos, porque con éstos no basta.
