La inflación, desbocada, no da tregua

Desayunos Económicos / Nuria Díaz ■

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, pronosticaba hace unos días que la tasa de inflación se mantendrá «en los niveles actuales los próximos meses» y no comenzará a «relajarse» hasta después del verano. Desde el 8,7 % interanual de mayo -último dato disponible cuando él hizo sus conjeturas, aunque al cierre de esta edición se desbocaba hasta el 10,2%, el mayor nivel en 37 años- el año terminaría «en torno al 6 %», según sus previsiones. Y no es muy optimista. Durante su intervención en el curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde también ha advertido que los riesgos «son al alza».  El economista español ha apuntado que, aunque las expectativas de inflación están relativamente bien ancladas, muy próximas al 2% a medio plazo, existe el riesgo de efectos de segunda ronda que nos lleve a una espiral de precios. «Si nos encontramos con efectos de segunda ronda, esto llevará a que la inflación sea más extensa y afecte a más componentes del IPC y a que la respuesta de la política monetaria sea diferente», ha avisado.

Todos los expertos coinciden en que efectivamente, la inflación se ha convertido en el primer problema económico de nuestros días. Ya parece difícil contenerla.

“La inflación en España es difícil que baje del 7%, al finalizar el año, por nuestra alta dependencia energética, por el componente estructural y por el posible efecto segunda ronda con su espiral de precios/salarios”, señala Juan Iranzo, director de Armadata. “El gas natural y el petróleo tienen un peso muy importante en nuestro balance energético y los precios van a seguir altos por la Guerra de Ucrania, el conflicto con Argelia y la recuperación de la actividad en China. Además, nuestra inflación tiene un marcado carácter estructural debido a los altos costes medioambientales y restricciones vinculadas a esta circunstancia”.

Por su parte, Santiago Carbó, director ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas, también coincide con Guindos en que muy probablemente la inflación se irá por encima del 8%. “En las últimas semanas, en junio, se ha producido una señal de alarma mucho más intensa, por parte de la Reserva Federal y sobre todo también por parte del Banco Central Europeo, que indica que esto va para largo y encima a un nivel más elevado del que esperábamos”. “De ahí, todos los nervios con las subidas de tipos y todo lo que ha hecho falta en este mes”. “Ojalá este las 6% la inflación a final de año porque eso sería un buen indicativo”.

Juan Iranzo: “La inflación en España es difícil que baje del 7%, al finalizar el año, por nuestra alta dependencia energética, por el componente estructural y por el posible efecto segunda ronda con su espiral de precios/salarios”

“El cheque de 300 euros incidirá sobre la demanda de consumo de algunos ciudadanos, pero no es la solución al problema. Y la subida de impuestos a las eléctricas se trasladará, en gran medida, al consumidor final, por lo que puede ser

”

Para Luciana Taft, consultora en el Área de Economía y Mercados de Afi, “el pico de inflación general se habría alcanzado en el mes de mayo e iría remitiendo en el segundo semestre (la subyacente subiría marginalmente en el corto plazo). La inflación general se situaría por debajo del 6% hacia finales de año asumiendo un escenario de petróleo que continúa moderando hasta niveles de 100 dólares por barril en 2023”. Y lo explica. “El cap del gas quitaría unas cinco décimas a la inflación media anual este año, según nuestras estimaciones.

El riesgo sigue estando al alza, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. En el corto plazo, la tensión en el mercado energético (la oferta sigue sin ser capaz de hacer frente a la demanda) y la persistencia de los cuellos de botella (si bien los problemas logísticos mejoran) suponen un riesgo al alza sobre la inflación. Además, la recomposición de márgenes empresariales (con un traspaso de costes a precios finales más que proporcional) es otro factor que evitaría una moderación de precios como el proyectado en el escenario central”. “En cuanto a los posibles efectos de segunda ronda, explica, que no se han producido en España (y en Europa en general), el potencial refuerzo del poder sindical y, sobre todo, el retorno de las cláusulas de garantía salarial podría presionar los salarios al alza. Vale la pena recordar que en España los trabajadores con cláusula de garantía salarial contemplada en convenio colectivo suponían alrededor de un 70% del total en 2007, mientras que en la actualidad representan poco menos de un 20%.  Pensando más a medio y largo plazo, un potencial retroceso en la globalización (tanto comercial como financiera), ante un entorno geopolítico global más complicado, tendría un efecto inflacionista”.

Todas las miradas se dirigen al BCE

En este escenario, todas las miradas se han vuelto hacia el Banco Central Europeo. Y todos los analistas coinciden en que el BCE tiene que actuar, pero no es el único. “Los Gobiernos como vemos están tomando medidas para para intentar también paliar parte de la inflación en las facturas energéticas, por ejemplo, pero el papel del BCE es muy importante no solo para atajar la inflación, sino también, para anclar expectativas, las de que al final la inflación bajará. La credibilidad es fundamental, de ahí el BCE tenga mucho que hacer”, señala Carbó.

Luciana Taft, señala que en AFI anticipan una subida acumulada de 175 puntos básicos (facilidad de depósito llegaría a 1,25 pb en 1T22). “El papel clave del BCE para luchar contra la inflación y evitar un potencial desancle de expectativas es mantener explícitamente el compromiso antifragmentación. Cuanto menor sea el riesgo de fragmentación financiera, menores los efectos negativos de las subidas de tipos sobre la actividad económica del área euro y, sobre todo, de la periferia”. “Tras el “error de comunicación inicial”, el BCE rápidamente salió a tranquilizar a los mercados poniendo en claro su compromiso explícito para evitar episodios de fragmentación bruscos.

Santiago Carbó: “En las últimas semanas se ha producido una señal de alarma mucho más intensa por parte de la Reserva Federal y sobre todo también por parte del BCE, que indica que esto va para largo y encima a un nivel más elevado del que esperábamos”

“Las medidas del gobierno ayudan, pero creo que lo que más ayudaría sería centrarse en los colectivos más vulnerables y en sectores profesionales, como los transportistas, que más las necesiten”

No se trata de igualar los diferenciales de crédito soberano (cada país tiene fundamentales diferentes a pesar de pertenecer a una misma zona monetaria), sino de evitar que los rendimientos se alejen significativamente de los fundamentales económicos generando inestabilidad y fragmentación financiera”, explica la analista de AFI. “Así, una vez disipadas las dudas sobre el compromiso del BCE, seguimos sosteniendo que no hay razones para esperar un episodio de fragmentación severa como el ocurrido en 2011-12. En particular, en lo que respecta a la economía española, hay factores de soporte (además del buen comportamiento económico esperado en el corto plazo) que harán que la economía se enfrente de una manera mucho más sólida al nuevo entorno de menor liquidez global, restricción monetaria y aversión al riesgo: en primer lugar, el compromiso explícito del BCE para evitar episodios de riesgo de cola; el avance en la unidad europea, sobre todo en materia bancaria y fiscal y el menor apalancamiento privado. Tanto la deuda de los hogares como la corporativa se ha reducido significativamente desde la Gran Crisis Financiera de 2008, un patrón que se repite en la mayoría de las economías de la zona (excepto en Francia, quien partía de niveles de endeudamiento relativamente menores). En términos de flujo, el sector privado español tiene cuenta con una holgada capacidad de financiación.

Y, por último, concluye. la llegada de los fondos europeos NGEU, que se espera sean absorbidos a una tasa más rápida a partir de 2023 y que terminarán permeando sobre la inversión privada”

Qué se debería hacer para frenar la subida de precios…

A juicio de Iranzo, para luchar contra la inflación hay que bajar los impuestos a la electricidad, gas y derivados del petróleo. Además, hay que modificar el mecanismo de cálculo de la tarifa eléctrica regulada. “Asimismo, detalla, es imprescindible flexibilizar los mercados de bienes servicios y el laboral. Lógicamente se debe mantener el SMI. También es imprescindible una importante reducción del gasto público, para tratar de contener la elevación de precios”.

Para Taft, sin embargo, “la restricción monetaria tendrá algún grado de efectividad, aunque el origen del shock no sea preponderantemente de oferta. Un pacto de rentas generalizado para contener potenciales espirales inflacionarias podría ser una medida a evaluar. Creemos que las bajadas de impuestos no deberían ser una solución de fondo para controlar precios. Incluso podría agravar el problema al dar continuidad a las tensiones inflacionistas”.

Y para Carbó, efectivamente el problema de la inflación no es de fácil solución. “Aunque se cambie el mercado eléctrico europeo, que es de lo que está hablando Úrsula Von del Layen, eso no es inmediato. Pueden bajar con el tiempo porque estamos empezando a producir más renovables que son más baratas, pero evidentemente en el corto plazo no es nada fácil porque depende de un factor sobre el que no tenemos control ninguno que es la guerra y lo que pasa en los suministros tanto energéticos como de otro calibre. Es muy complicado, y lo único que se puede hacer es intentar que el daño sea menor en los grupos más vulnerables”.

…y qué ha hecho el Gobierno

Como bien decía Carbó, todos los gobiernos están tratando de poner en marcha planes anticrisis. El de España también. Hace solo unos días prorrogaba el plan para paliar los efectos económicos y sociales de la guerra en Ucrania hasta el 31 de diciembre y anunciaba un conjunto de medidas que supondrán un coste de más de 9.000 millones de euros para las arcas del Estado y que tienen como objetivo contener la inflación en un 3,5 %. Entre otras, se incluyen ayudas directas a los trabajadores más vulnerables y a los sectores más afectados, nuevas rebajas fiscales y la ampliación de las medidas que se pusieron en marcha en marzo para contener el alza desbocado de los precios. El cheque de 200 euros para trabajadores con bajos ingresos, se convertía en la medida estrella del nuevo decreto, así como la bajada del Iva de la luz hasta el 5%. Además, con el fin de fomentar el uso del transporte público, el decreto incluye una reducción del 50 % en el precio de todos los abonos de transporte de empresas estatales, como Renfe. En el caso de los abonos de transporte que dependen de ayuntamientos y comunidades autónomas, el descuento por parte del Estado será del 30 % y se podrá ampliar con recursos propios hasta el 50 %. En este caso, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.

Luciana Taft: “El papel clave del BCE para luchar contra la inflación y evitar un potencial desancle de expectativas es mantener explícitamente el compromiso antifragmentación. Cuanto menor sea ese riesgo, menores los efectos negativos de las subidas de tipos”

“Las bajadas de impuestos no deberían ser una solución de fondo para controlar precios. Incluso podría agravar el problema al dar continuidad a las tensiones inflacionistas”

¿Qué opinan nuestros analistas? Pues en el caso de Juan Iranzo, que el cheque de 300 euros incidirá sobre la demanda de consumo, de algunos ciudadanos, pero no es la solución al problema. Y que la subida de impuestos a las eléctricas se trasladará, en gran medida, al consumidor final, por lo que puede ser inflacionista.

Para Santiago Carbó, que entiende que haya que tomar medidas, son soluciones que no sabemos si al final serán muy efectivas. “Ayudan, pero yo creo que lo que más ayudaría sería centrarse en los colectivos más vulnerables y en sectores profesionales, como los transportistas, que más las necesiten”. “Muchos dicen que esas medidas, como la bajada del IVA, al final se la quedan las empresas, es decir, trasladan al precio final”.

En el caso de la analista de AFI, Luciana Taft, la opinión es que se trata de una solución de corto plazo que no va a solventar el tensionamiento de precios de forma sostenible. “Como primera lectura, a falta de estimar el impacto concreto de las nuevas medidas, el deterioro en déficit se presume limitado debido a la marcha tan favorable que se está viendo en la recaudación por IVA. Por otra parte, las estimaciones del gobierno de que el paquete reduciría la inflación en más de tres puntos se antojan sobrevaloradas”

Es el impuesto a las eléctricas

De entre todas las medidas que se han puesto sobre la mesa la de aumentar la presión fiscal a las eléctricas siempre causa un gran revuelo. Esta vez, porque no es la primera vez que se insinúa, también. Se trataría, explica el Gobierno de equipararla a la de bancos y petroleras aumentándoles el tipo nominal del Impuesto de Sociedades con el fin de redistribuir una parte de sus beneficios, que alcanzan niveles de récord en el caso de las grandes compañías del sector. Las tres grandes compañías eléctricas españolas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han pagado en los últimos cuatro años algo más de 14.300 millones de euros en impuestos, lo que les ha dejado unos beneficios netos de casi 28.700, lo que arroja una presión fiscal del 31%, según los informes de resultados que han ido remitiendo a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) sobre la totalidad de su negocio global, no únicamente en el mercado español. La clave, resumen los analistas es si esa subida de impuestos se acabe trasladando al consumidor. “Yo no tengo muy claro el impuesto a las eléctricas, señala Santiago Carbó, aunque en otros países lo hayan hecho. Creo que al final se puede trasladar esa subida de impuestos a los consumidores y creo que lo que hay que intentar es tener más recorrido en otras medidas cómo cambiar la manera de funcionar el mercado eléctrico”.

O como dice Luciana Taft, “en términos generales, cuando se trata de un pacto de rentas generalizado, además de salarios y pensiones, existen otras fuentes de rentas, como las empresariales, que podrían formar parte del esfuerzo conjunto para contener precios. En principio, no se circunscribiría a un sector en particular sino al tejido empresarial en su conjunto, para evitar que se trasladen costes a precios finales de forma más que proporcional”.