Pensiones y reforma laboral, los dos platos fuertes para cerrar el año

Ana Sánchez Arjona

El mayor tramo de los fondos europeos del Plan de Recuperación, de un montante de 13.793 millones de euros, depende de que el Gobierno cierre la reforma laboral y la de pensiones en tiempo y forma y con acuerdo de los agentes sociales.

Son las dos reformas estrella con las que se acaba un año complicado. La de pensiones, en su primera fase, ha superado el trámite parlamentario mientras que Ejecutivo, empresarios y patronal apuran las últimas semanas para cerrar un acuerdo que, como sabemos, es complicado sobre la ‘contrarreforma’ laboral

Y los tiempos apremian ante lo pactado con Bruselas para que la nueva normativa esté aprobada antes del 31 de diciembre de este año. Para garantizar que así sea y se pueda cumplir con los plazos, el Gobierno podría aprobar la nueva reforma mediante un real decreto ley. “Es probable porque, quizá, el Gobierno no tenga los apoyos suficientes incluso de sus socios que exigen, en materia social, cambios Europa no permitiría. Puede que fuera éste el último recurso, con bastantes tomas y dacas, claro está”, señala Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas.

“Espero que se haga con acuerdo social de empresarios y sindicatos”, confía Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UCM, “y mediante una ley con mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. El acuerdo en esta materia en clave para su mejor implementación y aplicación, y de cara a su durabilidad”.

Juan Iranzo: “La reforma laboral de 2012 tuvo la bondad de reducir el crecimiento del PIB, necesario para crear empleo, Ley de Okun, puesto que éste pasó de un 2,3% antes de la misma al 0,1% en la actualidad”

“Ha sido un grave error indiciar las pensiones a la inflación; puesto que sólo este año el coste adicional, respecto a lo presupuestado superará los 10.000 millones de euros”

Lo cierto es que, para Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la reforma laboral de 2012 tuvo la bondad de reducir el crecimiento del PIB, necesario para crear empleo, Ley de Okun, puesto que este paso de un 2,3% antes de la misma al 0,1% en la actualidad.

“Un país con un paro oficial cercano al 15% de la población activa y juvenil, cercano al 40% requiere de un mercado laboral, capaz de generar empleo intensamente, es decir necesita una mayor flexibilidad del mercado laboral.

“Lógicamente no se puede, ni se debe derogar la actual regulación Laboral; pero es un grave error limitar su capacidad de generar empleo”.

“Derogarla es muy difícil porque se daría una señal muy extraña a los mercados”, explica Santiago Carbó, “y también a la Comisión Europea.  Creo que si se quiere cambiar es para mejor para que la economía tenga la flexibilidad suficiente y genere empleo de calidad, no solo por una posición política. Lo que he leído hasta ahora, puesto que no está muy claro por dónde puede ir, apunta a que esos posibles cambios que se quieren introducir mejoren la reforma. No hay que olvidar que tenemos un mercado de trabajo muy disfuncional, con muchos problemas, un paro muy elevado comparado con otros países de nuestro entorno y con un paro juvenil muy alto por la falta de facilidades para que los jóvenes entren en el mercado laboral. En este sentido, habría que pensar en crear algún contrato que genere los incentivos suficientes para contratar a los jóvenes, es decir, hacer atractiva la contratación en esta franja de edad. Habría que simplificar los contratos e intentar que se abuse menos de la temporalidad”.

Temporalidad, en el punto de mira

Una temporalidad que no se debe prohibir, señala Melle. “Prohibir la temporalidad no tiene sentido porque depende de los sectores y porque el control de este tipo de prohibiciones es muy difícil, además puede redundar en mayor contratación irregular y aumento de la economía sumergida. Muchos contratos actualmente temporales no deben serlo porque son estructurales y es ahí donde se debe incentivar el cambio con medidas que castiguen la temporalidad en las cotizaciones”.

Dice Juan Iranzo, en este sentido, que las restricciones a los contratos de obra y temporales, en una economía con las características estructurales de la nuestra, con gran importancia de la agricultura y el turismo “generaran menos empleo e impulsaran la economía sumergida. Precisamente lo que se debería hacer es flexibilizarlas algo más, y sobre todo favorecer la formación en la empresa, por lo que hay que eliminar las cotizaciones sociales a los contratos en prácticas. Además, es un error introducir nuevamente la ultraactividad de los convenios”.

Santiago Carbó: “No hay que olvidar que España tiene un mercado de trabajo muy disfuncional, con muchos problemas, un paro especialmente elevado comparado con otros países de nuestro entorno”

“Estamos en un proceso en el que, además de la falta de consenso en el Pacto de Toledo, no logramos acercarnos más intensamente a la sostenibilidad que necesita sistema público de pensiones”

“Me preocupa”, añade Carbó, “que el convenio sectorial regule el salario y la duración de la jornada y creo que resucitar la prórroga indefinida del convenio no mejora la actual reforma laboral. En este sentido, creo que fue uno de los logros de la anterior reforma que cada empresa pudiera decidir tener cierto margen de maniobra”.

Sin embargo, para la profesora titular de Economía Financiera, la reforma laboral de 2012 desequilibró de manera determinante las relaciones laborales en favor de las empresas, dándoles un poder discrecional para imponer de manera unilateral una rebaja de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, “que sufren además la espada de Damocles del despido más fácil y barato, y que se ven forzados a empeorar sus convenios con la presión de que si no hay acuerdo que renueve el anterior, el convenio caduca en un año (la pérdida de la llamada ultraactividad). Los efectos han sido muy perniciosos precarizando más nuestro mercado laboral lo que ha supuesto que la tasa de temporalidad haya ido aumentando de forma constante desde 2013 hasta 2019 y en la actualidad se siguen haciendo contratos de corta duración. Además, los salarios entre 2007 y 2020 solo han aumentado un 5%”.

Añade además Melle que los salarios, duración de la jornada y ultraactividad de los convenios son los tres elementos clave de la negociación colectiva que se deben recuperar. “Es una muy buena solución, porque los convenios sectoriales marcan unos mínimos que deben respetarse y de esa manera evitar que algunas empresas en sus propios convenios puedan imponer condiciones laborales leoninas en salario y jornada a los trabajadores. Ello evitará, por un lado, la explotación de trabajadores que en algunos sectores y empresas se viene produciendo y por otro, la competencia desleal de algunas empresas que hacen verdadero dumping social. Por ello considero será apoyado finalmente por los empresarios”.

Respecto a establecer el mecanismo RED, que sustituye a los nuevos ERTE, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia opina que, encarecer los costes laborales, con las indemnizaciones al Fogasa que establecen el modelo RED, “ pueden agravar la situación de las empresas en dificultades e incluso las puedes abocar al cierre. Sin embargo, favorecer el transvase de empleados entre empresas parece muy adecuado”.

El mecanismo RED, resulta muy acertado para Mónica Melle. “La medida planteada en el punto 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia publicado por el Gobierno, que dentro de «las nuevas políticas públicas» incluye la necesidad de «introducir de manera permanente mecanismos de ajuste interno de las empresas antes shocks (ERTE), que se nutran de la experiencia acumulada durante la pandemia, es muy importante. En el nuevo diseño de los ERTE propuesto al que llamarán Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, la formación es clave, para permitir la reestructuración y reconversión de los trabajadores de áreas que requieran su transición profesional hacia otras empresas o sectores. En Alemania existe una modalidad de jornada reducida en la que el Estado paga temporalmente hasta dos tercios del salario al trabajador y ofrece formación para reincorporarle al mercado laboral e impedir despidos masivos”.

“Como punto clave de diferencia respecto a los actuales ERTE”, destaca, “es que esta herramienta se financiará probablemente compartiendo los costes con las empresas y los empleados, a través de un fondo ‘tripartito’ -Administración, empresa y trabajador- que recaiga, por un lado, en las arcas públicas y, por otro lado, se costee con un porcentaje fijo sobre las cotizaciones”.

Cotizaciones: ingresos y gastos

Cotizaciones que han sido también el centro de un debate, polémico, sobre las medidas adoptadas en la reforma de las pensiones. En Los Desayunos de El Nuevo Lunes, los expertos tienen opiniones distintas al respecto. “Desconocemos como van a evolucionar las variables fundamentales que condicionan los ingresos del sistema, y su sostenibilidad; como por ejemplo la demografía, la inmigración y fundamentalmente el empleo (no solo la cantidad de empleo sino también que tipos de empleo)”, argumenta Mónica Melle para señalar que si somos capaces de cambiar el modelo productivo y apostar por empleos de mayor valor añadido, y asistimos a una recuperación sólida y vigorosa aprovechando los fondos Next Generation UE, se podrá garantizar sin duda la pensión de los babyboomers. “En cualquier caso, posteriormente a la etapa de jubilación de los babyboomers los ingresos del sistema serán muy superiores a los gastos, ya que no habrá tanta población pensionista. Y me parece correcto establecer de momento estas medidas de subir las cotizaciones de empresa y trabajador durante un periodo transitorio y en una cuantía no demasiado gravosa, viendo cómo evolucionan las variables antes mencionadas, y si llegase a ser necesario tomar más medidas para aumentar los ingresos del sistema acometerlas en su momento”.

Mónica Melle: “Prohibir la temporalidad no tiene sentido porque depende de los sectores y porque el control de este tipo de prohibiciones es muy difícil, además de que puede redundar en mayor contratación irregular”

“Estoy muy de acuerdo en eliminar el factor de sostenibilidad porque tenía un efecto perverso de reducción de la cuantía de las pensiones, que podía llegar hasta más de un 23% de recorte”

Sin embargo, para Juan Iranzo subir las cotizaciones, “es decir el impuesto sobre el factor trabajo es un grave error, puesto que penaliza, precisamente, al mismo y apenas recaudara”.

Una reflexión que comparte Santiago Carbó. “Subir las cotizaciones de empresas y trabajadores en un contexto de salida de pandemia, no pienso que sea lo más oportuno. Además, tiene un problema de equidad intergeneracional porque lo vamos a pagar una generación entera. La carga se podría haber repartido de otra manera. Se ha optado por buscar soluciones que ahora mismo no están en el sistema en vez de buscarlas en el propio sistema como alargar la edad de jubilación, algo que sería determinante”.

El director de Estudios Financieros de Funcas, y sobre la edad a la que deberían jubilarse los trabajadores, considera que habría personas que estarían dispuestas a trabajar hasta los 70 años. “No obstante, lo tendrá que valorar el Gobierno con los agentes sociales, pero, evidentemente, uno o dos años más podría ser oportuno”.

“Actualmente nuestro ciclo vital”, añade Juan Iranzo, “es de casi 725.000 horas, es decir 82,4 años de esperanza de vida, de las que las que trabajamos casi una vida, no superaran las 60.000 horas, es decir 35 años por la jornada laboral legal; con el 8,3% de cotizaciones en nuestra vida es imposible financiar toda nuestra pensión”.

“Para garantizar la sostenibilidad del Sistema, sobre todo ante la jubilación de las personas nacidas durante el “babyboom”; es necesario favorecer la creación de empleo y retrasar la edad de Jubilación obligatoria a los 70 años”.

La edad de jubilación, dice Mónica Melle, depende de los sectores económicos. “Considero conveniente los 67 años establecida actualmente para la jubilación, y con carácter voluntario dar la posibilidad de ampliar dicha edad”.

En lo que insiste la experta es en recomendar incentivos para seguir trabajando.  “Los incentivos es la mejor manera de realizar cambios culturales. En determinadas profesiones a través de incentivos correctos se puede prolongar la vida laboral para las personas que así lo deseen porque les compense y motive su actividad laboral, y al mismo tiempo contribuir positivamente a las arcas de la Seguridad Social y a la sostenibilidad del sistema”.

Incentivos por lo que apuesta Carbó “porque pueden funcionar bien y no son para nada incompatibles con la creación de empleo. Esto siempre ha sido una falacia. La cantidad de empleo en una economía no es un concepto fijo, evoluciona con la innovación, con el PIB”

Lo que para Carbó ha sido un error es haber hecho desaparecer los incentivos a los planes individuales porque hacen falta todos los estímulos posibles para garantizar la sostenibilidad. “En este sentido, sí creo que potenciar el plan de empresas puede ser interesante, vamos a ver si se logra”.

Fondos de pensiones

“Ha sido un grave error penalizar los fondos de pensiones individuales privados, puesto que el fondo público, presenta graves dudas respecto a su gestión e inversión, que casi en su totalidad será en deuda pública. Los sistemas privados normalmente se gestionan mejor y además son diversos por lo que, en el caso del público, se elimina la libertad de elección del participe”, enfatiza Iranzo.

El Fondo de pensiones público es vital asegura Melle “para la economía y para garantizar nuestro estado del bienestar. Es junto con la sanidad y la educación uno de los pilares básicos que permiten el avance social y económico de los países. Posibilita avanzar en la igualdad de oportunidades y en garantizar un nivel de vida digno para las personas. Por dignidad de una sociedad debemos preservar un nivel adecuado de vida a nuestros mayores”.

Respecto al destope de cotizaciones, “no parece lógico” indica el catedrático de Economía Aplicada de la UNED “porque los niveles actuales son adecuados”.

Opinión que no comparte Mónica Melle para la que debemos avanzar hacia un sistema más progresivo y equilibrado “entre lo que aportamos al sistema a través de las cotizaciones y lo que recibimos vía pensión”.

“Quiero hacer una reflexión final”, señala la catedrática. “Estoy muy de acuerdo en eliminar el factor de sostenibilidad porque tenía un efecto perverso de reducción de la cuantía de las pensiones, que podía llegar hasta más de un 23% de recorte de la cuantía inicial de la pensión (para una persona que habiendo nacido en 2003 se jubilase en 2068). No considero que esa sea la forma más adecuada de hacer sostenible el sistema de pensiones. Creo que la vía de aumentar los ingresos es más adecuada no sólo para mantener el nivel de vida de los pensionistas sino para favorecer el consumo, la inversión y en definitiva la actividad económica en fase de recuperación”.

“En resumen”, apuna también Carbó, “aún estamos en un proceso en el que, además de la falta de consenso en el ámbito del Pacto de Toledo, no se logra alcanzar esa sostenibilidad o acercarnos más intensamente a la sostenibilidad del sistema público de pensiones”. Y quiso reconocer, además, “al ministro Escrivá que está intentándolo todo de tal manera que si no se produce ahora un cambio significativo no se producirá en bastante tiempo”.

Y como conclusión también, Juan Iranzo se refiere al actual modelo de “reparto” en el Sistema Público de Pensiones, “que solo es sostenible”, dice, “si los trabajadores ocupados, duplican, cuando menos, a los pensionistas, y que sus aportaciones a la Seguridad Social sean suficientes para financiar las pensiones”.

“Solo añadir que considero que ha sido un grave error indiciar las pensiones a la inflación; puesto que solo este año el coste adicional, respecto a lo presupuestado superara los 10.000 millones de euros”.

La intensidad del crecimiento económico, clave para se cumplan los Presupuestos

Los Presupuestos de 2022, ahora en el Senado, contarán con un gasto récord gracias a la inyección de los fondos europeos y la recuperación económica tras la pandemia de Covid-19, lo que permitirá incrementar la dotación de prácticamente todas las partidas. 458.970 millones de euros: es el gasto total previsto para el próximo año.

El Estado prevé ingresar 279.316 millones de euros en 2022, lo que supondría un incremento del 10,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las pensiones, las prestaciones por desempleo, los gastos de personal y el pago de los intereses de la deuda suponen el 52,96% del gasto de los presupuestos 2022.

Para Mónica Melle, es una buena noticia la aprobación de los PGE para 2022, “los segundos consecutivos que se aprueban desde 2015 en tiempo y forma, porque los del 2017 y 2018 se aprobaron 6 meses más tarde. Además, se han conseguido aprobar con un muy amplio apoyo, 188 votos de 11 partidos diferentes. Esta circunstancia es muy importante fundamentalmente por dos razones: la estabilidad presupuestaria atrae inversión y la incorporación de los fondos europeos permitirá acelerar la recuperación y al mismo tiempo transformar nuestra economía hacia una economía más digital y más verde”.

Santiago Carbó considera que el problema de los Presupuestos es que las cosas han ido cambiando con el tiempo.  “Me preocupa que sigan con una perspectiva de crecimiento mayor, aunque el Gobierno podría rebajar las estimaciones. Estamos ante un problema sobrevenido. Las predicciones sobre la economía se han ido debilitando en los últimos meses porque la pandemia nos ha dado algún susto más, los problemas de las cadenas de suministro han empeorado y la inflación ha ido aumentando lo que esto supone para el poder adquisitivo de las familias. Aun así, los Presupuestos no son contracíclicos si al final la economía va a crecer y vamos a tener el apoyo de los fondos europeos…aunque la Unión Europea los definió como contractivos”. Considera que la clave para su cumplimiento va a ser en qué porcentaje crecerá la economía española. “Va a ser el principal elemento porque si logramos, sobre todo, una buena evolución de los ingresos, vamos a tener, evidentemente, una mejor situación. Los gastos van a estar más controlados pase lo que pase ya que, y aunque la pandemia no remita del todo a corto plazo, parece que estamos en mejor situación. Echo en falta, desde hace años, no obstante, un apoyo a la base productiva de nuestro país, a la innovación que, actualmente no es suficiente”.

Mucho más crítico es Juan Iranzo con las cuentas públicas. Para el catedrático de la UNED, los Presupuestos son increíbles “porque que son muy difíciles de cumplir, puesto que prevén un crecimiento real del PIB del 7% el próximo año, con un aumento de la demanda interna del 10%”.

Además, “son irresponsables por el histórico nivel del gasto público que aumenta hasta los 241.700 millones, que representa un aumento del 2,7% sobre los ya alocadamente expansivos que se encuentran actualmente en vigor. “Son inadecuados puesto que, con un problema importante de sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, es peligroso limitar todavía más las ventajas fiscales al ahorro previsión y son imprudentes ya que para posibilitar la aprobación de los Presupuestos, se ha presentado un proyecto de Ley de Vivienda, que penalizaría claramente la inversión en el sector inmobiliario y que pone en entredicho el derecho de propiedad”.