Crónica Económica / A.S.A. ■
Valencia y Galicia bajan al ruedo fiscal de las comunidades autónomas. Estamos ante un ‘sudoku’ impositivo, como diría Pedro Solbes, que no tiene límites, que pone patas arriba el mapa tributario nacional y que obliga al Gobierno a mover ficha anunciando un nuevo paquete de medidas.
Muchos consideran lo anunciado por Ximo Puig un reto a Moncloa. Puig pasa a ser el primer presidente autonómico del PSOE en aplicar medidas en materia fiscal, coge el guante lanzado por el PP y se muestra dispuesto a confrontar directamente su modelo con fórmulas diferentes.
“Ximo Puig pasa a ser el primer presidente autonómico del PSOE en aplicar medidas en materia fiscal y coge el guante lanzado por el PP”
Puig, ha anunciado medidas fiscales “de calado” que afectarán de forma directa a 1.340.000 valencianos, que son aquellos que perciben menos de 60.000 euros, y que suponen cerca del 98% de los contribuyentes de la comunidad
Durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad Valenciana, el presidente explicaba que se va a subir en un 10% la cuantía exenta de tributación a los ciudadanos, el tope que permite la ley, “lo que beneficiará a todos”.
La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF en este ejercicio, que contempla nuevos tramos pensados para la actual situación económica, que busca mejorar la progresividad del impuesto y la tercera se refiere la ampliación de las deducciones y bonificaciones fiscales, de tal forma que todas ellas aumentan un 10%.
«También podrán acogerse más personas a todas las deducciones», ha dicho Puig, ya que, a partir de ahora, pasarán de 25.000 a 30.000 euros las rentas que pueden beneficiarse de la deducción, y además esta reforma tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de este año, por lo que se aplicará en la renta de 2022.
Según las estimaciones de la propia Generalitat valenciana, los cambios tributarios supondrá un ahorro medio de 110 euros por contribuyente y un ahorro global de 148 millones a las familias.
La reforma tendrá efectos «desde ya» y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022. «Nuestra perspectiva es clara: no al populismo fiscal», ha señalado Puig para insistir en que es una reforma planificada para la mayoría. Ha defendido también que la Comunitat mantendrá el impuesto de patrimonio porque “solo tributan el 0,5% de valencianos”.
Y si de desafío se puede calificar la postura de Puig, que hablaba hace menos de un mes de una nueva reforma fiscal “adaptada a este tiempo de inflación”, hay que recordar que hace unos días el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunció un pacto con el PP para deflactar el IRPF en la región, poniendo contra las cuerdas a Moncloa para que entre a disputarle al PP un debate en el que los populares han ido de avanzadilla, exigiendo cambios ante la actual situación económica.
Los populares, por su parte han ido desgranando la puesta en marcha de nuevas bonificaciones al impuesto de Patrimonio o la deflactación del IRPF.
La última en sumarse a la carrera de medidas de carácter tributario ha sido Galicia que deflactará el IRPF con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022, lo que supondrá un “ahorro” en la próxima declaración de la renta de 45 millones de euros para las rentas medias y bajas, es decir, que perciben menos de 35.000 euros.
“La última en sumarse a la carrera de carácter tributario ha sido Galicia, que deflactará el IRPF con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022”
El anuncio lo ha hecho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una intervención en el Parlamento gallego en la que hablaba de la estrategia de las próximas cuentas públicas para el próximo año en la que también ha defendido la bonificación de hasta el 50% del impuesto de patrimonio que puso sobre la mesa la semana pasada
El presidente gallego se ha referido a la ruta fiscal «propia, sensata, progresiva y sostenible”, que sigue Galicia, “sin dogmatismos y sin improvisación» que garantiza la prestación de los servicios públicos.
Alfonso Rueda considera que la deflactación del IRPF es una medida “justa” y que trata de sortear el alza de precios para evitar que tenga un doble impacto en la tributación, de tal manera que se subirá un 4,2 % el límite para saltar de un tramo a otro
Rueda ha indicado que la senda fiscal “propia”, más allá de la del Gobierno central y también de otras comunidades autónomas, consiste en no pedir a las familias, a los autónomos y a las empresas “más de lo que sea necesario para garantizar el funcionamiento óptimo» de los servicios públicos”.
