Crónica Mundana / Manuel Espín ■
Existe una diferencia temática abismal entre los ‘thriller’ europeos y norteamericanos. En éstos es fácil justificar que un padre de familia, una ama de casa, una abogada o un médico puedan manejar una pistola o un rifle como si tocaran un teléfono de última generación; frente al caso europeo donde la utilización cotidiana de armas es algo excepcional. Estados Unidos es un país hecho de la conquista y la expansión hacia el Oeste, con pioneros a golpe de rifle y revólver. El neoliberalismo armamentístico responde a una ideología individualista y de tonos ácratas en los que se pone en cuestión la capacidad de las administraciones y las instituciones para defender la vida de sus ciudadanos: “Cuanto menos Estado, mucho mejor”, se decía en la época de Reagan y Thatcher. Hoy, la defensa a ultranza de la disponibilidad privada de armas aparece vinculada a contenidos ideológicos: desconfianza de lo público, exaltación individualista –el famoso ‘egotismo’ de la escritora Ayn Rand, cabeza espiritual del rechazo al Estado–, cuya única función admitida consiste en favorecer las condiciones para el ‘laissez faire…’. Con el rechazo a la supervisión económica, la educación pública, la sanidad, la defensa del medio ambiente o las respuestas al cambio climático por entender que limitan la capacidad para actuar sin techo o limitación alguna.
“Dos parlamentarios de color de Tennessee expulsados por la mayoría republicana por participar en protestas a favor del control de las armas, tras la matanza en una escuela”
El conflicto entre partidarios de la posesión de armas privadas y quienes defienden su control representa un permanente choque de posicionamientos. La Asociación Nacional del Rifle es un poderoso e influyente ‘lobby’ que se agazapa en los intersticios republicanos, y esgrime el concepto de ‘libertad individual’ frente a las tentativas del Partido Demócrata (y no de todos sus representantes) por establecer limitaciones al uso privado de armas. El sempiterno debate se reproduce de forma periódica, especialmente cuando tiene lugar una matanza en una escuela o una universidad a cargo de un joven frustrado, acomplejado, con problemas psiquiátricos, que con un arma en la mano es capaz de disparar su odio mortal contra inocentes sólo por el hecho de ponerse delante del ojo de su instrumento de matar.
El más reciente de esos episodios tuvo lugar en Tennessee, y con toda seguridad no será el último, con escolares fallecidos tras la incursión de un desequilibrado francotirador. En las manifestaciones para pedir un mayor control del armamento participaron varios parlamentarios demócratas. Dos de ellos, ‘casualmente’ de color, en uno de los Estados con mayor poso racista, han sido apartados de la Cámara por la mayoría republicana con el pretexto de su participación en actos de protesta callejeros, mientras otra representante, en este caso blanca, que también lo hizo, no ha recibido la misma sanción que sus compañeros.
Biden afirma que los expulsados estaban ejerciendo su libertad de expresión, y defendían la seguridad y la vida de escolares y estudiantes amenazados por aquellos que disponen de facilidad para adquirir armas en una tienda con la misma falta de controles con la que se comprarían unas zapatillas deportivas. La paradoja es perceptible en comercios de estados en los que los menores no pueden adquirir tabaco o alcohol, pero sí conseguir un revolver con munición.
La situación revela el fuerte marcaje entre quienes sostienen el control de armas y aquellos que anteponen la ‘libertad más absoluta’, y lo anteponen al peligro que para las vidas humanas representa su uso indiscriminado. La tensión adquiere resonancia desde el punto de vista ideológico, entre la extrema derecha y la derecha radical, que defienden el concepto de autodefensa y el uso de armas, frente a demócratas y liberales partidarios de establecer limitaciones y basan la mejora de la seguridad individual y colectiva desde perspectivas que van más allá de la defensa ciega de la ‘ley y el orden’, y consideran que hay muchos factores relacionados con la salud social que influyen en un concepto democrático de seguridad.
Para no ser menos, en este debate aparece un ‘espontáneo’ tan representativo como el presidente Lasso de Ecuador, en uno de los peores momentos de su mandato cuando es sometido a fuertes críticas desde la oposición y muchos medios, quien considera favorecer el uso privado de armas con fines defensivos contra la delincuencia. Con altos índices de aumento de la delincuencia común en ciudades como Guayaquil, Lasso se adscribe a un neoliberalismo respecto a las armas y utiliza la medida menos sofisticada para reprimir la delincuencia en lo que constituiría más o menos un práctico ‘tomarse la justicia por su mano’.
“Lasso, presidente de Ecuador, quiere autorizar el uso de armas «para autodefenderse contra delincuentes»
La pacificación bajo un Estado democrático no consiste en que la ciudadanía actúe como poder parapolicial, sino la generación de condiciones para que se respete el poder coercitivo de las leyes dentro de una sociedad respetuosa de los derechos y las libertades. Animar a tomarse la justicia por su mano como hizo en los pasados años el ahora expresidente Duterte en Filipinas es propio de un sistema democrático de muy baja calidad y nula referencia ética, por mucho que se celebren elecciones y funcionen los partidos políticos. Entre otras cosas, porque la supuesta eficacia contra la delincuencia nunca puede hacerse en contra de los derechos humanos, cuyo respeto debe ser la primera de las referencias en una actuación pública. Es el Estado con la exclusiva del poder coercitivo y las fuerzas del orden quienes se encargan de hacer respetar la ley democrática y reprimir a los delincuentes, y todas sus actuaciones deben quedar enmarcadas en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos.
