España, confinada en estado de alarma, con Presupuestos exprés para lograr la recuperación

Luis Carlos Ramírez

Por segunda vez en democracia el Parlamento ratifica el estado de alarma para confinar a la población y contener la nueva ola de contagios y muertes (1,2 millones y 36.000, respectivamente) tras el grave empeoramiento de la pandemia. En paralelo, el Congreso inicia la tramitación exprés de los Presupuestos del Estado más expansivos de la historia, con un gasto público e inversión social sin precedentes, que tanto Sánchez como Iglesias califican de “esencial para la recuperación” y para dejar atrás la austeridad.

Cuentas de salvación nacional

Una tramitación en apenas dos meses permitirá la entrada en vigor de las cuentas en enero de 2021 acortando los plazos de presentación de enmiendas (totalidad y articulado) entre el 6 y 17-N. Instituciones y organismos, junto al centenar de altos cargos de los 22 ministerios, desglosan esta misma semana las partidas de gasto con sus correspondientes ingresos. Las cuentas “de salvación nacional”, condicionadas no sólo por los fondos europeos, sino por la evolución de la pandemia, serán votadas en el Congreso el 30 de noviembre para su envío a la Cámara Alta con nueva tramitación reducida y su refrendo final en la Cámara Baja antes de Navidad.  Lo que Casado considera “la puntilla a la economía” y las clases medias con la subida de impuestos, cuyo partido propugna bajadas fiscales, flexibilidad laboral o reducir trabas administrativas. Cs negociará con el Gobierno al asumir las líneas generales al considerar que los Presupuestos cumplen exigencias como la de no subir el IVA a la sanidad privada y proteger la educación concertada.

Inversiones y gasto

La histórica inversión de 239.756 millones en los PGE 2021 –un 10,3% más que en las anteriores cuentas– refuerzan la Sanidad con 3.064 millones (+ 151,4%), Educación (70,2%), cohesión territorial para políticas verdes (11.935 m), Ciencia e Innovación (60%), atención a la dependencia (46%) y las políticas activas de empleo con 2.000 millones de euros. Junto a ello se incluyen subidas de impuestos a las rentas más altas (200.000 euros) en el IRPF, sociedades y gravamen para el combustible diésel que tanto PNV y Cs rechazan y podría retirarse.

Gobierno y grupos minoritarios continúan negociando su apoyo final a las cuentas con el PNV –socio preferente de legislatura– exigiendo «reconducir” aspectos de fiscalidad y los ingresos, ERC consiguiendo una inversión en Cataluña para infraestructuras de 2.500 millones y Compromís ultimando el preacuerdo inversor en la Comunidad Valenciana tanto en Cercanías como en dependencia. Nueva Canarias, PRC, BNG y Teruel Existe esperan cerrar también compromisos similares para sus respectivos territorios.

Estado de alarma

El Congreso ratifica por segunda vez la implantación del estado de alarma, ahora durante seis meses, reversibles si mejora la grave situación de contagios y muertes por el virus, con el apoyo crítico de los partidos afines al Gobierno que lo consideran excesivo en el tiempo y “peligroso democráticamente” (Rufián). La restricción de movilidad ciudadana en la mayor parte de las CC AA provoca el enfrentamiento de territorios y un caos en la imposición de horarios. El ministro de Sanidad advierte de la evolución de un invierno largo y justifica la necesidad de proteger la salud de la población reforzando el sistema sanitario. Illa avisa de que vienen meses “duros y preocupantes” en todo el territorio nacional afectado de un alto riesgo. Sánchez deberá comparecer cada dos meses en la Cámara para evaluar una situación que depende de las distintas comunidades, cuyos presidentes autonómicos tendrán la última decisión. La oposición duda de la eficacia de alargar el estado de alarma (Casado), Vox anuncia el recurso ante el Tribunal Constitucional por hundir más la economía mientras Cs critica la imprevisión e incompetencia que prolonga el sentimiento de miedo e incertidumbre de la población.

Preservar pensiones y reforzar la SS

Tras cuatro años de negociación, la Comisión del Pacto de Toledo cerraba un acuerdo mayoritario para preservar las pensiones y reforzar la Seguridad Social cuyo déficit asciende a 45.000 millones. Sus 21 recomendaciones reafirman los principios en que se asienta el actual sistema público como soporte de las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad y el resto de gastos que deberá asumir el Estado con impuestos, además de acercar la edad real de jubilación a la legal.

Su revalorización queda ligada por ley al IPC con un cálculo de la pensión sobre los 25 mejores años de cotización, identificando a los colectivos que podrán beneficiarse de excepciones en los casos de jubilación anticipada forzosa. El pacto reclama transparencia de los planes de pensiones privados y potenciar los planes de empresa junto al avance en la cotización de los trabajadores por cuenta propia de acuerdo con sus ingresos, reducir la brecha de género, favorecer el acceso de personas con discapacidad o impulsar la transición del sistema educativo al mercado de trabajo para evitar la precariedad de los jóvenes.

Lapidario

“La mejor distancia es no estar, muchos ciudadanos no lo han entendido y tienen razón”

 Salvador Illa, ministro de Sanidad
(como disculpa tras asistir junto a sus colegas de Justicia, Defensa y Cultura,
además de Casado y Arrimadas, al aniversario de ‘El Español’ con 150 invitados).

Nombres Propios

Del pulso judicial a los indultos

En el pulso que mantienen tanto Sánchez como Casado por la renovación de las instituciones judiciales, el Gobierno avisa de que no dará mucho más tiempo al PP para negociar la sustitución de los miembros del Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en funciones desde hace meses. A lo sumo “días o alguna semana”, pero no más demoras –según fuentes del Ejecutivo–, a lo que replica el PP exigiendo la retirada del proyecto socialista para rebajar la mayoría de 3/5 necesaria y la exigencia de apartar a Podemos. La oposición ultima estrategia ante los gestos para “normalizar la convivencia en Cataluña”, anunciada por Ábalos, en referencia a los indultos en trámite a los condenados por el 1-O. 

Mensajes de odio e injurias al Rey

El Congreso rechaza con el voto de PSOE y PP la iniciativa republicana para despenalizar las injurias al Rey, además de los ultrajes a España, a los símbolos del Estado o las CC AA. También rechaza prohibir actos de enaltecimiento del terrorismo y los que conlleven «descrédito» y «humillación» a víctimas y familiares, a petición de Vox. La Cámara aprueba la propuesta de Podemos para eliminar los mensajes de odio en las redes, instando a las empresas tecnológicas a evitar su difusión, con vigilancia y la eliminación inmediata. PP, Cs y Vox acusan al partido de los escraches de “atentar» contra la libertad de expresión y pretender implantar una Inquisición laica suplantando a los jueces.