Crónica Mundana / Manuel Espín ■
De unos pocos años a esta parte la UE y los estados europeos imponen severas restricciones al uso del dinero físico en pagos comunes limitado a una baja cantidad para evitar el blanqueo por actividades ilícitas. En España se redujo ese tope de los 2.500 euros a los 1.000 el 12/7/2021 (aunque los turistas extranjeros pueden efectuar pagos hasta 10.000 euros en metálico) a la vez se reguló el control sobre las criptomonedas. Hoy este límite es polémico en Italia, donde el ejecutivo de ultraderecha de Meloni quiere aumentar el techo de los actuales 2.000 a 5.000 porque considera que los controles «desincentivan a la economía», con la esperada discusión parlamentaria. De confirmarse, la medida chocaría con las normas comunitarias.
“El caso abierto en torno al presunto pago de Catar a representantes del Parlamento Europeo revela la importancia de fiscalización sobre los ‘lobbies’ y la regulación de los intereses de los eurodiputados”
En nuestra época se han descrito las formas de pago encubiertas, de paraísos fiscales a pseudomonedas virtuales, de las joyas a las opacas cuentas exteriores a cargo de testaferros o presuntas fundaciones. Por lo que hablar de bolsas de dinero, billetes en sacas o cualquier otra fórmula resultaría una expresión no sólo burda y grotesca, sino hasta obscena; y más cuando las condiciones de vida se tensan para la mayor parte de las ciudadanías, especialmente las más vulnerables, tras la crisis de Ucrania y el estallido de la inflación. En teoría esas limitaciones al uso de metálico han tenido como objetivo controlar el dinero ilegal vinculado al ejercicio de la delincuencia y el crimen organizado; pero también la corrupción política.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, del grupo de progresistas y socialistas, aparece implicada en un supuesto caso de corrupción sobre cantidades pagadas por “un país del Golfo”, léase Catar, «para influir en decisiones económicas y políticas de la Eurocámara». Asunto en el que parecen salpicados otros personajes, en una operación que ha provocado registros tanto en Bruselas como en el exterior, con la aparición de más de 600.000 euros en un domicilio particular. También en uno de los casos de corrupción en España se encontró una bolsa con cerca de un millón de euros, intentado justificar bajo el pretexto de que «se iban a hacer obras de reforma». Se olvidaba que la bancarización de la economía acabó con los pagos de salarios en metálico, como sucedía hasta los años 60,70 y 80, y que cualquier desembolso a un profesional o transacción se debe realizar abonando con tarjeta o ingresando en una cuenta. En la actualidad las entidades bancarias exigen un certificado de titularidad de las cuentas de las que procede el dinero que se recibe para cualquier inversión o apertura de un depósito. Manejar tanto dinero en metálico es sospechoso de principio, en una época en la que buena parte de las compras del menudeo diario se efectúan con el ‘plástico’, como se pagan las entradas a espectáculos donde la taquilla física es cada vez más irrelevante o se ha suprimido.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha desprovisto de sus funciones a la ‘vice’ implicada, la griega Kaili, a su vez suspendida en su partido Pasok, aunque no tiene competencias para su destitución en el cargo, que correspondería al pleno de la Eurocámara, lo que finalmente se produjo el pasado martes. Las revelaciones de varios medios parecen escandalosas en torno a la mancha que se extiende por algunos diputados y altos representantes institucionales, con presuntos cobros de Catar. Para sus súbditos el país con la mayor renta per cápita del mundo; no para los residentes trabajadores, en condiciones laborales no siempre recomendables. Un Estado preocupado por las sospechas que han rondado su peculiar elección como sede de un Mundial de Fútbol pese a su déficit en derechos humanos y libertades democráticas.
“Parece obsceno hablar de bolsas de dinero o tener una importante fortuna en metálico en una vivienda privada mientras las instituciones europeas establecen limitaciones rigurosas al dinero físico en los pagos comunes”
Aunque en próximos días se irán conociendo las circunstancias de este ‘affaire’ hay un hecho preocupante: la desenvoltura de ‘lobbies’ nutridos con millonarios fondos para “influir, actuar, cambiar opiniones, tomar parte en decisiones» de instituciones elegidas de manera democrática por las respectivas ciudadanías; pero donde sus representados no siempre obedecen al interés general y se dejan corromper o aceptar pagos por intervenir, opinar, mediar o participar en transacciones comerciales vinculadas al ejercicio de su función. Una gravedad que afecta a la credibilidad del ejercicio de la política, donde parte de quienes actúan lo hacen por convicciones; pero también hay otros que lo hacen por razones menos confesables. El problema: la imagen de escándalo de una parte acaba ensuciando a todo un conjunto. Con lo que esta tormenta sobre nombres del Parlamento Europeo incide en el desprestigio de las instituciones y de la política en su conjunto.
De confirmarse las acusaciones, la Cámara, más allá de las personas señaladas tendrá que hacer su propia autocrítica, mejorando la regulación sobre los ‘lobbies’, exigiendo un mayor control sobre las incompatibilidades o los intereses cruzados entre parlamentarios y representantes públicos con y sociedades o estados. No se puede olvidar la facilidad para aceptar dádivas millonarias o comisiones de muchos ceros de personajes representativos –implícita en una condición humana de ‘dejarse comprar’– en una lista que va de teóricos representantes del pueblo, a empresarios o sindicalistas pasando por reyes, o influentes ‘socialités’. De la misma manera que se pueden corromper personas de las más variadas categorías sociales, incluidos periodistas, abogados, médicos, representantes de iglesias, artistas o científicos. Lo relevante no es que pueda haber quien por dádivas, dinero o comisiones actúe a interés de parte, sino la eficacia de una institución que responda a principios democráticos para establecer controles y generar mecanismos de garantía; y a su vez actuar con transparencia ante cualquier de situación que se detecte.
El caso vuelve a poner el foco sobre las condiciones con las que Catar logró el Mundial de las autoridades del fútbol internacional, asunto que tuvo largo recorrido judicial sin alcanzar condenas, de la misma forma que parece carente de cualquier ética el manejo de cantidades millonarias por parte de altos representantes públicos o monarcas, aunque no derive en sanciones penales por la dificultad de probar las acusaciones o la existencia de inmunidades generales.
