M. C.
Con el acuerdo para regular los alquileres en la nueva Ley de Vivienda, quedan desbloqueados los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y Pedro Sánchez ve despejado su objetivo de llegar a 2023 en la Moncloa para agotar la legislatura. El acuerdo en vivienda, desbloqueado personalmente por Pedro Sánchez y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cose la coalición de Gobierno y elimina el gran punto de fricción -con permiso de la contrarreforma laboral, todavía por implementar-, entre los dos socios del Ejecutivo.
“El acuerdo en vivienda cose la coalición de Gobierno y elimina el gran punto de fricción –con permiso de la contrarreforma laboral– entre los dos socios del Ejecutivo”
Se abre a partir de ahora la segunda fase de la legislatura, más despejada en lo legislativo –las reformas más ambiciosas se han puesto en marcha ya- y en la que tanto Sánchez como Díaz van a empezar a preparar cómo se presentan antes los electores en el ciclo electoral de 2023. A corto plazo, el presidente tendrá en el 40 Congreso Federal, que se celebra en Valencia este fin de semana, una ocasión para sacar músculo político. De la cita saldrá una ejecutiva con menos miembros, y con una nueva generación, más joven y con más mujeres. Además, supondrá la firma del armisticio con las facciones en las que se dividió el partido en 2017. Y a los díscolos Emiliano García-Page y Javier Lambán –que hace tiempo, por cierto, que han bajado el tono de sus críticas, al mismo ritmo que lo ha hecho un Felipe González que estará en el Congreso Federal-, Sánchez les envía el mensaje de que tiene abierta la sucesión en Isabel Rodríguez y Pilar Alegría.
Con Adriana Lastra y Santos Cerdán en el puente de mando del partido -el segundo ha asumido la secretaría de Organización tras la salida de José Luis Ábalos- se dibuja la nueva nómina de líderes socialistas con los 12 coordinadores de las ponencias temáticas que articulan el congreso y las 2 coordinadoras de la ponencia marco, Hana Jalloul y Lina Gálvez.
Un papel sustancial en la nueva etapa que se abre hasta el ciclo electoral de 2023 lo va a desempeñar el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se ocupa de una ponencia clave en el Congreso, la del rumbo político socialista, ‘PSOE 2030, un partido de futuro’. Bolaños es de los pocos socialistas -junto con Lastra- que acompañan a Sánchez desde su primera etapa al frente de la secretaría general del PSOE. De probado pedigrí socialista, su papel como vicepresidente político ‘de facto’ no despierta suspicacias en el partido, como si hacía el defenestrado Iván Redondo.
Por su parte, la vicepresidenta tiene por delante el reto de relanzar el espacio político a la izquierda del PSOE. Sin confirmar todavía que será candidata en 2023, Díaz va a liderar un proceso de diálogo con la sociedad civil que quiere servir para ensanchar las fronteras, electorales y sociales de Unidas Podemos, menguantes de forma sostenida desde 2016. Sin ir contra los partidos, quiere trascenderlos con la idea de levantar un movimiento político para la próxima década, basado en la defensa de los derechos humanos, del “trabajo decente” y del medio ambiente.
En el entorno de la ministra de Trabajo explican que “en cuanto ella detectara palos en las ruedas” por parte de los partidos, el proceso se interrumpiría. Pero estas mismas voces consideran altamente improbable que eso ocurra. Sí cabe la posibilidad de que algunas personas en las direcciones de los partidos interpelados en primer lugar, Podemos e IU, se resistan, descontentos ante la posibilidad de quedar relegados en los nuevos espacios de decisión que aparezcan. Pero en las bases de los partidos el consenso es amplísimo en torno a ella. Y parece que las direcciones son conscientes. Hace pocos días, en una entrevista concedida a Público, la nueva secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, subrayaba que “Yolanda Díaz es el Plan A, el Plan B y el Plan C de Podemos”.
De momento, tanto Sánchez como Díaz tienen en su haber una Ley de Vivienda que ha recibido críticas desde las organizaciones sociales por su supuesta falta de ambición y por parte del PP, que ya ha dejado claro que no se aplicará en las comunidades que gobierna. Entre las novedades que introduce la ley de vivienda está el destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, para ampliar el parque público de vivienda, mientras que un 15% de esa cifra será para alquiler social.
“Se abre ahora la segunda fase de la legislatura, más despejada en lo legislativo, en la que tanto Sánchez como Díaz prepararán cómo se presentan antes los electores en 2023”
Además, prevé un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos y una regulación del precio del alquiler para bajar las rentas en las viviendas en manos de grandes propietarios (10 viviendas o más) con personalidad jurídica, teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas. También recoge bonificaciones fiscales hasta el 90% de las rentas que obtengan los pequeños propietarios en caso de bajar el precio de los alquileres respecto al contrato anterior. También incluye medidas de protección frente a los desahucios centrada en la población vulnerable.
El texto también recogerá la imposibilidad de venta de vivienda pública por parte de las administraciones a entidades privadas (como puede ser los fondos de inversión), para lo cual se establece un régimen de protección permanente que excluye su recalificación. Una cláusula que busca impedir casos como el que tuvo lugar en 2013 en la Comunidad de Madrid, cuando el Ejecutivo regional vendió casi 3.000 viviendas del antiguo Ivima al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, operación que fue anulada por el Tribunal Supremo.
