Luis Carlos Ramírez
La invasión rusa inquieta tanto al Gobierno como al Parlamento cuyos grupos mantienen plena sintonía con la comunidad internacional. Congreso y Senado exigen medidas urgentes para paliar las graves consecuencias económicas que afectan a empresas, mercados y sobre todo al bolsillo ciudadano. Sánchez lidera el apoyo bélico contra Putin junto a la estrategia de reducir su impacto energético y el compromiso “inequívoco» de proteger a familias y colectivos vulnerables. La extrema derecha de Vox entra por primera vez en un Gobierno autonómico liderado por el PP, con el repudio de la izquierda.
Lo que parecía imposible hace dos semanas lleva camino de convertirse en realidad, impulsado por el presidente Biden y secundado por la Unión Europea y la OTAN para derrotar al autócrata ruso que ha conseguido poner en peligro la inestable paz internacional después de dos guerras mundiales. Su actitud bélica y sanguinaria sitúa a Ucrania y a su presidente Zelensky como símbolo de la resistencia a la vez que héroe de la libertad y la democracia para ejemplo de la humanidad. La invasión rusa inquieta tanto al Gobierno como al Parlamento, cuyos grupos mantienen –salvo contadas excepciones– plena sintonía con el sentir de la comunidad internacional. Prueba de ello es la multitud de peticiones que en el Congreso y el Senado exigen medidas urgentes para paliar las graves consecuencias económicas y sociales que afectan a empresas, mercados, inversiones, y, sobre todo, al bolsillo ciudadano.
Impacto económico de la guerra ilegal
El presidente Sánchez lidera el apoyo bélico contra Putin junto a la estrategia de reducir su impacto energético, tras culpar al propio presidente de Rusia de la inflación y alza de precios con una «guerra ilegal” que “lleva meses” preparando. El Gobierno trabaja con Europa en una “respuesta económica” para que ni las industrias ni los ciudadanos sean “rehenes” de tal chantaje. El compromiso del jefe del Ejecutivo es “firme e inequívoco» para proteger a las familias y colectivos vulnerables junto a la industria y pequeñas y medianas empresas.
No lo entiende así el principal partido de la oposición, que le reprocha utilizar los “errores” del pasado como coartada, en coincidencia con el BNG (Rego) al mantener que el Gobierno no puede “ponerse de perfil” ni mucho menos culpar a los factores externos. Con el precio de la luz por encima de los 700 euros el MW/h por primera vez en la historia –con incremento del 900%–, el PP exige bajar los impuestos empezando por la electricidad. El diputado Errejón va más allá, al requerir atajar semejante “vergüenza” y “meter mano» al mercado con un gravamen extraordinario a los beneficios de las eléctricas. Rufián (ERC) pide un debate «serio» sobre la dependencia energética, mientras Aizpurua (Bildu) reclama un plan de choque para proteger las necesidades básicas de vivienda, luz, agua y calefacción. Vox prefiere agitar la calle con manifestaciones de protesta por la subida de suministros básicos y en defensa de la soberanía nacional.
Las vicepresidentas Díaz y Calviño reconocen el ‘significativo’ impacto que viene, tras recordar los 12.000 millones de las medidas adoptadas para amortiguar la subida de precios a empresas y familias. La ministra Ribera anuncia la intervención de un mercado eléctrico –que considera roto– para reducir el recibo de la luz, en coordinación con la Comisión Europea, que estudia otras opciones de emergencia como desacoplar los precios del gas y la electricidad. El Ministerio de Transición Ecológica elabora ya el paquete de medidas que dará a conocer en breve.
El Congreso repudia la invasión
El Congreso condena y repudia, sin unanimidad, la invasión rusa de Ucrania ante la negativa de la CUP catalana. PSOE, PP, Vox, UP, ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu, PNV y Junts urgen el cese inmediato de hostilidades y la total retirada del Ejército ruso además del apoyo a la soberanía del pueblo ucraniano. Para que nada quede impune, la Fiscalía del Estado abre diligencias para investigar posibles delitos por una “guerra injustificada” que implica graves violaciones de soberanía y el Derecho Internacional Humanitario extendidas a la población civil. El frenesí, impotencia, rabia y hasta rechazo a la masacre de Putin recorren ya todo el orbe con el renacer de unas brigadas internacionales dispuestas a reclutar soldados para salvar a Ucrania. Su némesis española no es otra que los miles de ciudadanos solícitos para ayudar y acoger de manera solidaria a los miles de refugiados, e incluso combatir contra las fuerzas agresoras, como el alcalde gallego de Angolada, dispuesto a alistarse.
Cierre de filas del Gobierno con rectificación
La formación de Belarra rectifica su estrategia beligerante contra su socio socialista de gobierno para rebajar las tensiones de la guerra. Ni el PSOE es el “partido de la guerra”, ni su presidente está en el lado equivocado de la historia, aseguran desde Podemos, cuya portavoz de en Común Podem, Aina Vidal, ofrece “todo” el apoyo a Pedro Sánchez y agradece, además, su ‘claridad’ en tiempos duros como el actual. Responsable de la bajada de decibelios no es otra que la vicepresidenta Díaz, tras un sanedrín de consultas y admoniciones internas para aparcar las diferencias en momentos de grave tribulación que pueden afectar no sólo a la imagen de UP, sino a su futuro en el Gobierno. Los ministros de Consumo, Garzón, y Universidades, Subirats, se alinean con Díaz para respaldar al presidente en un tema sensible para la izquierda. El PSOE da por superadas las discrepancias, hasta la próxima sublevación.
Lapidario
“El mercado eléctrico está roto, Bruselas debe permitir intervenirlo”.
Teresa Ribera. Ministra de Transición Ecológica
Nombres Propios
Vox entra en el Gobierno de CyL
La extrema derecha de Vox entra por primera vez en un Gobierno autonómico liderado por el PP, tras el ‘acuerdo de legislatura’ para gobernar Castilla y León. El partido de Feijóo cede la Vicepresidencia y tres consejerías, además de la Presidencia de las Cortes castellanas para investir a Fernández Mañueco como presidente. PSOE, Podemos, Ciudadanos y ERC califican el acuerdo como el de la “vergüenza” y la “infamia” y el Gobierno avisa que estará vigilante para que no retroceda “ningún derecho conquistado». La ministra Belarra advierte de que el ‘bloque democrático’ debe luchar para que el partido de Abascal “no llegue al Gobierno nacional.
Ayuso contraataca
Tras incendiar su propio partido por investigar los contratos de su hermano, la presidenta de Madrid contrataca judicialmente al Gobierno al llevar a la Fiscalía 16 contratos de los ministros Calviño, Ábalos e Illa durante la pandemia por valor de 326 millones de euros. La denuncia incluye “subvenciones y ayudas” de la familia de Sánchez durante 2020 y 2021. Anticorrupción investiga ya –a petición de PSOE, UP y Más Madrid– las presuntas adjudicaciones “a dedo” por 1,5 millones a la empresa Priviet Sportive, que habría abonado a Tomás Díaz Ayuso 55.000 euros por conseguir mascarillas de China en la primera ola del coronavirus.
