Luis Carlos Ramírez
El aniversario de la Carta Magna se celebra con la indiferencia de los socios del Gobierno y la hiperactividad del Gabinete para cerrar hasta ocho reformas legislativas pendientes (pensiones, reforma laboral, alquileres, ‘ley Mordaza’, Concursal, Audiovisual…) antes de fin de año. El Ejecutivo se resiste a revisar sus previsiones económicas, con la ministra Calviño convencida de que la mejora ya está en marcha –incluida la subida del empleo–, frente a la visión catastrofista de la oposición. El hemiciclo reedita la caja de los truenos dialecticos a cuenta de los presos de ETA y su disposición a finiquitar los homenajes públicos a los excarcelado que humillan a las víctimas del terror.
El Congreso festeja a medio gas el cumpleaños de la Constitución, con ausencia de los socios del gobierno y el hemiciclo crispado a cuenta de la recuperación, las medidas por el rebrote de la pandemia, e incluso la estrategia de los presos de ETA para dejar de humillar a las víctimas del terror. Los embates ideológicos o dialécticos contra la Constitución más longeva de nuestra historia no han conseguido erosionar la mejor norma de convivencia refrendada por los españoles hace 43 años. De ella han emanado durante más de cuatro décadas hasta 2.360 leyes –ordinarias, orgánicas, reales decretos ley o decretos legislativos– para mejorar la vida de los ciudadanos.
Entre las normas que han conseguido cambiar España figuran sus 17 Estatutos de Autonomía, las leyes de Huelga y Libertad Religiosa, Sanidad universal, Pensiones no contributivas, regulación del divorcio, aborto y eutanasia, hasta ocho leyes de Educación, el Matrimonio homosexual, ingreso de España en la Unión Europea, la Ley contra la Violencia de Género, Asistencia Jurídica gratuita, creación de Universidades y Televisiones Privadas, además de un Ejército profesional. Otras muchas leyes lograron configurar la España moderna, avanzada y plural que disfrutamos en la actualidad.
Del revisionismo a la inacción
Una mayoría de partidos pretenden cambiar hoy la Constitución a expensas del rígido requisito que necesita 3/5 de la Cámaras y un referéndum posterior. El revisionismo de las formaciones afecta de manera importante a la Carta Magna que refrendamos en 1978. Los intentos del nacionalismo y los nuevos partidos surgidos en la última década han servido para cuestionar la Ley de Leyes a uno y otro lado del hemiciclo, con ataques a la Corona y hasta la puesta en cuestión del modelo autonómico. El bipartidismo, por su parte, defiende su vigencia y valores, aunque con matices de contenido y visibilidad que el PP se resiste a reformar. El partido socialista en el poder no descarta retocarla para blindar las pensiones, suprimir aforamientos, sustituir el término ‘disminuidos’ (Art. 49) por ‘personas con discapacidad’ –en trámite parlamentario hoy– o incluso el reconocer el municipio con ‘unidad territorial básica’.
Unidas Podemos no sólo propone suprimir la inviolabilidad del Rey, apuesta también por ‘constitucionalizar’ las iniciativas ciudadanas, garantizar la vivienda, crear una circunscripción electoral exterior y prohibir las amnistías fiscales. Vox plantea “un solo gobierno y un solo
Parlamento en toda España”, suprimir los Conciertos Económicos Vasco y Navarro, eliminar el Tribunal Constitucional y acabar con la figura del jurado, mientras Ciudadanos pretende reformar el Senado y actualizar el proceso de sucesión de la Corona.
Las dos reformas constitucionales
Las dos únicas reformas de la Constitución han servido para permitir votar y ser elegidos los residentes extranjeros, y sustituir el artículo 135 para priorizar la estabilidad presupuestaria sobre el gasto social. Los artículos 167 y 168 regulan los requisitos para la reforma que dependen del calado de la misma. En el primero, los proyectos deben ser aprobados por mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras y, de no haber acuerdo, se creará una Comisión paritaria de diputados y senadores, con un texto para su votación por el Congreso y el Senado. La reforma aprobada por las Cortes sería sometida a referéndum dentro de los quince días siguientes.
El procedimiento agravado (art. 168) prevé la revisión total de la Constitución o cuando afecte a la Corona, forma política del Estado o a los derechos y libertades de los españoles. Su aprobación requiere una mayoría de dos tercios de las cámaras y su disolución inmediata. Las nuevas Cortes deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios y convocar un referéndum para su ratificación. En ningún caso, las referidas reformas pueden realizarse en tiempo de guerra o estados de alarma, excepción y de sitio.
Hiperactividad del Gobierno
El Gobierno multiplica su actividad semanal para reactivar la recuperación y cerrar las reformas legislativas pendientes (pensiones, reforma laboral, alquileres, Ley Mordaza, Ley Concursal, Audiovisual...) antes de fin de año. El Ejecutivo intenta controlar al mismo tiempo la imparable subida de la luz, los carburantes y hasta la cesta de la compra con la vista puesta en el incremento de tipos de interés que no descarta el BCE. El Ejecutivo se resiste a modificar sus previsiones económicas, en consonancia con los organismos internacionales y el propio BdeE, aunque mantiene la preocupación por los frenazos que pueden suponer. La ministra Calviño asegura que la mejora ya está en marcha y será ‘muy fuerte’ –con la subida del empleo–, frente a la visión catastrofista de la oposición, gracias a la vacunación masiva y la “empatía” del gobierno que “piensa” en las personas. PP y Vox acusan al Ejecutivo de alentar las protestas sociales por su política económica, con 36.000 millones de los fondos de cohesión europeos «en riesgo”.
Lapidario
“Madrid no puede ser un agujero negro que chupa los recursos de otras comunidades”
Mónica Oltra. Vicepresidenta de la Generalitat valenciana
Nombres Propios
ETA vuelve a dividir el Hemiciclo
El Hemiciclo reabre la caja de los truenos dialécticos a cuenta de los presos de ETA tras su disposición a finiquitar homenajes públicos a los excarcelados que causan dolor a las víctimas. PSOE y UP, junto a ERC, EH Bildu, PNV y Compromís, rechazan la iniciativa de Ciudadanos para prohibir los ongi etorri con graves sanciones. El diputado Guillermo Díaz reprocha el intento de «normalizar» a Bildu por parte del PSOE tratando a los “asesinos de forma privilegiada” para apoyar los Presupuestos. El socialista Patxi López recrimina el juego “ruin” de la derecha” por “enfrentar” unas víctimas con otras tras la “repugnante” exaltación de etarras que Podemos califica también de “bochornosa”.
Díaz rechaza la ‘esquinita’ del PSOE
La vicepresidenta del Gobierno reivindica una vez más sus espacio político advirtiendo de que no se conforma con estar a la izquierda del PSOE, por ser “muy marginal”. Tras advertir que su aspiración es desplegar políticas transversales para la mayoría social de España, Yolanda Díaz le regala al PSOE esa “esquinita”, ya que jamás trabaja “desde la izquierda de la izquierda”. El Partido Popular pide su comparecencia después de afirmar que en febrero de 2020 ya alertó a su predecesor, Iglesias, del peligro del coronavirus, por lo que fue criticada y calificada de “alarmista”. La formación de Casado activará su petición para crear una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia.
