Luis Carlos Ramírez
“Los PGE 2021 salen del Congreso con el mayor apoyo parlamentario desde 2007 para contrarrestar la pandemia sanitaria y la enorme crisis económica. La oposición (PP-Cs y Vox) los considera “la mayor traición a la democracia” por el pacto entre Gobierno e independentistas (ERC y Bildu). La Cámara reverdece el revisionismo dialéctico del pasado tras la añoranza de militares en la reserva por los “fusilamientos”. El Ejecutivo se afana en recoger nuevos frutos y agilizar la reforma de leyes como el Código Penal, Poder Judicial, delito de sedición, estudio del indulto o subida del salario mínimo”
Los primeros Presupuestos de la ‘era Sánchez’ se aprueban en el 42 aniversario de la cuestionada Constitución, junto a una crisis institucional sin precedentes y la mayor polarización de la vida política y parlamentaria. Tan loable y polémica conmemoración se ve empañada por la equidistancia y enfrentamiento de izquierda y derecha, la constante tensión independentista y la añoranza filofranquista de una parte del hemiciclo con el nefasto eco de la dictadura.
A pesar de ello, los PGE 2021 salen del Congreso con el mayor apoyo parlamentario desde 2007 (188 votos de PSOE, UP, ERC, PNV, EH-Bildu, Compromís, PRC, Más País, PdeCAT, Nueva Canarias y Teruel Existe) y el rechazo de todas las enmiendas del centroderecha, cuya ratificación tramitará de manera exprés el Senado en apenas dos semanas, la más vertiginosa de las últimas décadas. El último paso será la aprobación de las cuentas por el Pleno de la Cámara Alta –23 de diciembre– que, en caso e introducir enmiendas, deberá refrendar de nuevo la Cámara Baja el 29-D para su entrada en vigor el 1 de enero de 2021. Lo que para el presidente Sánchez supone un “nuevo rumbo” de España con crecimiento sólido y mayor justicia social, la oposición –PP– lo considera “el mayor golpe y traición a los españoles y a la democracia”.
Perlas dialécticas: del ministro florero a Isabel la Católica
La batalla presupuestaria deja perlas como las “vacaciones” de Vox en los debates, la petición de aumentos desorbitados de gasto de ERC –un 40% para la recuperación–, el deseo de Unidas Podemos (Pisarello) de que “perezca la Monarquía” y salvar los principios democráticos, el enfado del BNG por tratar mal a Galicia (Rego: “¡No les da vergüenza!”), las críticas al ministro florero de Cultura que “ni pincha ni corta en el Gobierno”, las diatribas del ‘popular’ Garcés contra las cuentas de “la infamia y la incapacidad”, o las proclamas de la republicana Nogueras por la “¡Llibertat de presos polítics i exiliats!” La socialista Mínguez ponía la guinda al acusar a la derecha de hacer las mayores subidas de impuestos “desde Isabel la Católica”.
En la Cámara reverdece, una vez más, el revisionismo dialéctico del pasado –de la República a la Dictadura– tras la añoranza del grupo de militares en la reserva por los “golpes de estado y los fusilamientos” y los reproches del diputado Elorza (PSOE) denunciando la connivencia y provocación de Vox con militares retirados que hablaban de un golpe de Estado y fusilamientos. Izquierda y derecha se acusan de filibusterismo, indecencia y hasta de la venta de España para conseguir el visto bueno a unos Presupuestos que posibilitarán la mayor ayuda económica europea de la historia con los que hacer frente al Covid y sus devastadores efectos en la economía y el tejido social y empresarial.
Desarrollo legislativo
Apuntalada la columna vertebral de la legislatura, el Gobierno se afana en recoger nuevos frutos y agilizar la reforma de leyes e iniciativas como el Código Penal, Poder Judicial, delito de sedición, estudio del indulto o la subida del salario mínimo mediante decreto. La renovación del Consejo del Poder Judicial, junto al Tribunal Supremo y el Constitucional –con algunos de sus integrantes en funciones desde hace meses– podría desbloquearse tras la presión del Gobierno para impedir que el órgano de los jueces continúe sus nombramientos con un mandato caducado. El Ejecutivo intenta acelerar el acuerdo ultimado con el PP, si Casado vuelve al “constitucionalismo y la sensatez”, soslayando las amenazas del vicepresidente Iglesias de cambiar la ley de manera unilateral. El pulso entre los dos partidos mayoritarios se mantiene pendiente de materializar con el pacto “cerrado”, según el ministro Campo, que los ‘populares’ pretenden retrasar a enero. La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ sería la magistrada Pilar Teso, con amplia experiencia judicial, que se convertiría en la primera mujer en acceder a la cúpula de la institución.
Otras medidas legislativas pendientes son el compromiso de limitar los alquileres antes de marzo, el decreto de remanentes municipales modificado tras haberlo rechazo el Congreso (Hacienda), la Ley de Protección Animal (Derechos Sociales), o la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (Asuntos Económicos) en proceso de audiencia pública. El ministro de Consumo trabaja para acelerar otro de los acuerdos de la coalición: incluir progresivamente la atención bucodental en la sanidad pública.
“Ministerio de la verdad”
El PP recurre ante la Audiencia Nacional la creación del llamado Comité contra la Desinformación, o “Ministerio de la Verdad’, que controlará aquellas informaciones que el Gobierno considere ‘fake news’. Lo que el Gobierno considera una medida “contra la desinformación” y el acceso de los ciudadanos a una información “veraz y diversa”, los ‘populares’ lo tildan de ataque deliberado a la libertad y una mordaza a periodistas y medios de comunicación.
Lapidario
“¿A qué 26 millones de españoles, hijos de puta, quieren fusilar?”
Odón Elorza (PSOE), a Vox, sobre las amenazas del ‘chat’ de militares retirados.
Nombres Propios
Las desventuras del ministro Duque
Tras el fracaso para poner en órbita el último satélite español, el ministro (astronauta) de la Ciencia pierde toda posibilidad de dirigir la Agencia Europea del Espacio al quedar doblegado por el austriaco Josef Aschbacher, que dirigirá la ESA en los próximos seis años. Duque, que reitera su disposición de viajar a Marte pese al riesgo de los nueve meses de viaje, deberá conformarse con blindar su cartera durante la legislatura, si Sánchez lo confirma en el cargo. En las próximas semanas conocerá las causas del fiasco de la misión que pulverizó 200 millones que no considera un “fracaso completo”.
Indulto, reforma penal o excarcelación
El socio catalán de Podemos pide la salida de los presos independentistas antes de las elecciones, vía indultos o reforma penal, para participar en la campaña del 14-F. Los diputados Asens y Mena (Catalunya en Comú) denuncian la tardanza del Supremo en pronunciarse sobre la excarcelación de los dirigentes del ‘procés’ y el retraso del ministro de Justicia en promover la reforma del Código Penal. La formación de Pablo Iglesias propone que no exista delito de sedición si no se usan “las armas u otros medios peligrosos aptos para poner en grave riesgo la vida de las personas”.
