Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez
El fuego cruzado de los dos partidos del Gobierno se extiende de manera preocupante a la Judicatura, a la que Podemos pone en la picota e intenta desacreditar. Las divergencias de los socios del Ejecutivo no paralizan la reforma del Código Penal para derogar la sedición y ‘abaratar’ la malversación a la que la formación de Ione Belarra ve muchas aristas. ERC aspira a modificar una malversación que reduciría las condenas o las peticiones fiscales a 30 encausados independentistas. La bancada de la oposición ve “impunidad total” en la insumisión del secesionismo, con presión de Cs y Vox al PP para presentar una moción de censura. El impuesto a la banca y las eléctricas está más cerca.
La arriesgada apuesta de Sánchez para ‘europeizar’ los delitos de ‘lesa patria’, según la derecha, supone el mayor riesgo de la legislatura que revoluciona el Parlamento, en permanente modo electoral. El presidente está convencido de que la derogación del delito de sedición –al que podría unirse también el de malversación–, no le pasará factura, pese a la advertencia de su portavoz en el Congreso, Patxi López, de que el PSOE hace política para mejorar la vida de los ciudadanos, “aunque le cueste votos”. Los partidos coaligados del Gobierno aceleran los contactos con sus socios de investidura para amarrar los votos necesarios en la tramitación y posterior aprobación del Código Penal cuya reforma de la malversación divide a Unidas Podemos.
Las divergencias en el socio del Ejecutivo llevan a su portavoz, Echenique, a advertir de que el asunto tiene «muchas aristas» y requiere un debate profundo, mientras su socio de IU, Santiago, defiende el cambio por ‘seguridad jurídica’, igual que el dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens. El representante de Compromís, Baldoví, también pide ir con ‘cautela’ porque la reforma puede traer ‘muchos problemas’. La derogación de las dos figuras delictivas –sedición y malversación– podrían ser realidad antes de concluir el año, como exige el partido republicano, cuyos 13 votos son esenciales también para aprobar los terceros presupuestos del Estado de Sánchez.
“Fachas con toga”
Entre tanto, el fuego cruzado de los dos partidos del Gobierno se extiende de manera preocupante a la Judicatura y otras instituciones del Estado a las que Podemos pone en la picota e intenta desacreditar. La diana en esta ocasión no es otra que los magistrados que sentencian la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como del sólo sí es sí, con reducción de penas a delincuentes sexuales ya condenados. La interpretación de la norma, según las ministras Montero y Belarra, roza la prevaricación por una “mala interpretación” que convierte a los jueces en “machistas” y hasta en “fachas con toga”. Semejante afrenta, que no secundan la vicepresidenta Díaz ni el ministro Garzón, enerva a las asociaciones judiciales que ven intolerables las descalificaciones.
Malversación a la carta
ERC aspira a modificar una malversación que reduciría las condenas o las peticiones fiscales contra 30 encausados independentistas con el argumento de que no se lucraron personalmente con fondos públicos, supuestamente desviados para el referéndum ilegal del 1-O. Su portavoz, Rufián, propone retoques “quirúrgicos” y a la carta para beneficiar sólo a los condenados del ‘procés’ y que no se utilice como castigo ideológico. No opinan igual el resto de formaciones secesionistas como JxCAT, cuyo líder, Puigdemont, debe rendir cuentas por los delitos cometidos en 2017. Tanto la CUP como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), mantienen su enérgico rechazo al considerar que la supresión de la sedición por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados tiene el doble objetivo de castigar la movilización en la calle y penalizar “más cómodamente” la ocupación de edificios públicos. Aragonès y Junqueras la conciben como el primer paso contra la “represión” y una mayor dificultad para perseguir al independentismo. La reforma beneficiaría también al expresidente andaluz, Griñán, condenado a seis años de cárcel por fraude de los ERE, todavía pendiente del ingreso en prisión.
Impunidad e insumisión
La bancada de la oposición ve “impunidad total” en la insumisión del secesionismo, con la presión de Ciudadanos y Vox al PP para presentar una moción de censura e incluso ilegalizar a los partidos independentistas si prospera la reforma penal, en cuyo caso recurrirían al Constitucional. En el próximo cara a cara con Sánchez en el Senado, Feijóo insistirá en recuperar el delito para castigar la convocatoria de referéndums ilegales de independencia. Las formaciones conservadoras califican de ‘traición’, ‘humillación’ y hasta de fraude, la pomposa proposición de Ley de PSOE y UP para “transponer las directrices europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”. El Gobierno asegura, por contra, que el Código Penal dispone de figuras para castigar la rebelión, desobediencia, usurpación de funciones, futuros «desórdenes públicos agravados» e incluso el artículo 155 que el ‘lehendakari’ Urkullu exige reformar, además de “reflexionar” sobre el modelo de Estado.
Barones preocupados
En las filas socialistas se descarta cualquier rebelión contra las medidas del gobierno, a pesar del enfado de dos de sus barones territoriales como Page y Lambán, esperanzados en que el debate llegue atenuado al mes de mayo. Aun así, el presidente castellano-manchego rechaza abaratar el ataque a la Constitución, mientras el aragonés pide “armar” aún más al Estado ante cualquier intento de violentarlo.
Lapidario
“Claro que hay fachas con toga que quieren reventar cualquier legislación feminista”
Javier Sánchez, coportavoz nacional de Unidas Podemos.
Nombres Propios
El impuesto a la banca, más cerca
Bildu arranca al Gobierno el compromiso de blindar las competencias de las haciendas forales para gestionar el impuesto a la banca y a las eléctricas. El diputado Oskar Matute celebra la disposición de la Moncloa para avanzar en la posibilidad de convertir estos gravámenes en permanentes una vez finalizado su período temporal. El Congreso agiliza así el nuevo gravamen para aprobarlo antes de fin de año con vigencia en 2023-24. El Banco de España estima que los 1.500 millones al año de recaudación con los bancos supone entre el 5% y el 6% de sus beneficios. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, se compromete a seguir trabajando para frenar una “chapuza” que va contra la UE.
Las batallas de Madrid
La designación –sin primarias– de la ministra Maroto para competir por la Alcaldía de Madrid cierra el cupo de actores socialistas para intentar recuperar un feudo que se les resiste desde hace 20 años. La titular de Industria, que ejercerá hasta el último minuto, espera “estar a la altura” de un reto en el que ya fracasaron hasta seis ‘paracaidistas’. Aun así, lo tiene peor su correligionario Lobato para ganar la Comunidad, donde resiste la ‘popular’ Ayuso pese al malestar de la marea crítica con su gestión sanitaria. Los sondeos –de momento– no rebajan su cercanía a la mayoría absoluta, frente a la debilidad del alcalde Almeida, que podría perder la capital.
