Crónica Mundana / Manuel Espín
La presentación como panacea de los sistemas mayoritarios a doble vuelta se repite a menudo: también entre nosotros tras muchas elecciones municipales cuando se plantean dificultades para la formación de los consistorios. Se podría incluso afirmar que ese modelo del que han sido bandera los partidos mayoritarios fue mostrado en un tiempo pasado como ‘solución’ para dar estabilidad a los sistemas, aun a riesgo de desvirtuar el sentido del voto e ignorar a un porcentaje de electores que, aunque no mayoritarios, deben sentarse y participar en los órganos de representación y en los plenos.
“Los sistemas electorales a doble vuelta desvirtúan el sentido del voto y polarizan cuando hay una gran fragmentación política”
Aunque los sistemas a doble vuelta se conocen desde el XIX con Napoleón III, fue en la Francia de la mitad del XX donde adquirieron mayor presencia, con el pretexto de garantizar las mayorías, y evitar la fragmentación del mapa político. El paradigma de este modelo fue De Gaulle, capaz de galvanizar en torno a su figura a un amplio espectro de votantes, bajo el implícito mensaje de ‘yo o el caos’. Gracias a ese sistema electoral el Frente Nacional y la extrema derecha, pese a su elevado porcentaje de voto, apenas tiene espacio en las instituciones y gobierna unos pocos municipios importantes.
Eso hasta ahora mismo, cuando la polarización y la tensión política pueden llevar a los ultras a hacerse por primera vez con alguna región, y en la hipótesis de un duelo Macron-Le Pen para las presidenciales el voto de protesta podría ser capaz de dar la campanada. Este es el grave riesgo de los sistemas mayoritarios a doble vuelta, en su día aplaudidos, especialmente por el PP y en parte por el antiguo PSOE, que no dejaron de contemplarlos como una receta para ayuntamientos con gran fragmentación en los que formar gobierno no siempre era fácil.
Su principal inconveniente: dejar fuera de la representación a expresiones ciudadanas que, aunque no mayoritarias, son dignas de ser escuchadas desde una perspectiva de defensa del pluralismo y la diversidad social y política. Además, las dos opciones que pasan a la segunda votación inicialmente pueden no representar a un amplio porcentaje de la ciudadanía, y condenan al ‘blanco y negro’ de una política de ‘sí o no’. Frente a los sistemas mayoritarios están los proporcionales que, con posteridad a la elección, obligan a negociaciones entre los que alcanzan representación, forzando a un consenso incluso entre quienes compitieron como adversarios o son dispares desde el punto de vista de modelo social.
En este caso, los partidos mayoritarios, para evitar la atomización, impusieron porcentajes mínimos para obtener representación, que oscilan en torno al 3%. Subirlos al 5% o más representa una distorsión de la expresión popular dejando sin escuchar la voz de fuerzas que, aun minoritarias, han tenido un cierto voto. El riesgo del sistema proporcional es la fragmentacíón y la inestabilidad; pero también en esta constatación está su principal virtud: obliga a la negociación y al acuerdo. Algo importantísimo en la política y hoy escasamente apreciado en tiempos de confrontación extrema: la capacidad para llegar a acuerdos ha de ser tan consustancial a la política tanto como el diálogo y el pacto.
El fracaso (relativo) de los sistemas mayoritarios a doble vuelta se ha puesto en evidencia en Perú, donde con una primera vuelta con distintos candidatos de relativamente escaso voto, sin unos claros ganadores, en el ‘ballotaje’ el duelo izquierda-derecha en términos radicales, representados por Castillo-Fujimori, en lugar de dar estabilidad y forzar a acuerdos ha contribuido a una mayor polarización entre las posiciones. Si a esto unimos un lento recuento y lo tardío en la proclamación de la candidatura ganadora que lo es por un puñado de decenas de miles de votos, el panorama no es precisamente halagüeño.
En caso de ser proclamado, Castillo está obligado a actuar con criterios realistas especialmente en materia económica, buscando pactos que permitan la mejor redistribución de la renta en una sociedad con gravísimas diferencias sociales donde una parte importante de la ciudadanía apenas tiene acceso a bienes básicos. En cualquier caso, la pretensión de iniciar un proceso constituyente similar al de Chile está condicionado a poder contar con un apoyo social del que en principio todavía no dispone. Sin olvidar que los cambios sociales y económicos en un sentido más igualitario y equitativo en la distribución de la renta, para que ésta también pueda alcanzar a las clases sociales menos privilegiadas, deben realizarse buscando el máximo acuerdo social; aunque es sabido que habrá poderosos sectores opuestos a cualquier transformación y pérdida de sus privilegios.
“El casi empate en las presidenciales peruanas obliga al ganador a ser escrupuloso en la gestión y buscar espacios de acuerdo con la oposición sin renunciar a sus objetivos”
Tampoco deberá olvidarse que casi la mitad de quienes han votado no lo hicieron por la opción ganadora, y no deben ser ninguneados. La izquierda peruana tiene una oportunidad de oro, si se reconoce a Castillo como presidente, para impulsar esa política de reformas en clave igualitaria, pero también debe evitar repetir errores de otros precedentes en el hemisferio. Aunque ha de ser consciente de que la oposición será especialmente dura, como le ocurre al peronista Alberto Fernández en Argentina al que no se le da tregua y se aprovecha cualquier resquicio para el ataque, aunque sea recurriendo a ‘fake news’, como la del supuesto soborno de Pfizer esgrimido por la cabeza opositora que ha acabado en los tribunales tras la denuncia del presidente.
Vargas Llosa, que tiene todo el derecho del mundo a pensar como le dé la gana, pero ello no le hace infalible (fue rival de Fujimori padre, y en anteriores ocasiones especialmente duro y crítico también contra la hija, por la que ahora hace campaña) dice que si Castillo es confirmado «Perú será una nueva Venezuela en unos pocos años», bajo el particular silogismo de que todo lo que no sea derecha es chavismo. Pasando por alto el inquietante pasado de Fujimori padre, condenado por escandalosos casos de corrupción, o la detención de la hija en 2018 por lavado de activos que la llevó a prisión.
