Crónica Mundana / Manuel Espín ■
Ante una crisis de las dimensiones que Perú padece, la única salida sería la consulta a la ciudadanía para que se exprese de forma pacífica, poniendo fin a la lamentable espiral de muertes en manifestaciones, las alteraciones del orden público y las actuaciones policiales criticadas por entidades que defienden derechos humanos. Su precio, más allá de las inútiles muertes, tiene importante factura económica. Perú no alcanzará ni por carambola los elevados índices de aumento del PIB de 2021, cercanos al 13%; mientras en 24 provincias hay cortes en las carreteras, bienes como el gas no llegan a los hogares, y el turismo literalmente se hunde; el ejemplo, la queja de centenares de guías de Cuzco que desean volver a trabajar.
“El Congreso ha rechazado en tres ocasiones las elecciones anticipadas mientras sigue aumentando el número de muertos y el malestar social rural no se detiene”
En el plano institucional, la presidenta Dina Boluarte, cuyo índice de popularidad queda por los suelos lo mismo que el del resto de los políticos, está dispuesta a adelantar las elecciones de la primavera de 2024 al otoño de 2023. Aunque tropieza con la fuerte fragmentación del Congreso, donde se sientan doce fuerzas distintas, y muchas de ellas en creciente enfrentamiento interno. Tras la llegada de Castillo a la presidencia de la República, el Congreso dominado por los partidos de la derecha hizo constante marcaje al primer mandatario aclamado por el mundo rural y la población indígena, y denostado por la clase media, alta y ‘blanca’ de Lima. Los constantes errores y la falta de talla política de Castillo encresparon la situación hasta el extraño episodio de la ‘salida del poder’ y su sustitución por Dina Boluarte.
Hasta ahora, Fuerza Popular, la plataforma de Fujimori, parecía el partido más sólido sin mostrar las fisuras y la fragmentación extrema de otras fuerzas; pero en los últimos días las circunstancias han cambiado, y una parte se muestra a favor de adelantar los comicios, mientras otros legisladores de la derecha fujimorista sostienen el ejercicio con ‘mano dura’ y la represión, bajo el argumento de un supuesto “respeto a la legalidad sin permitir que impere el desorden o el populacho”. Términos que recuerdan a expresiones de los representantes del Antiguo Régimen durante la Revolución Francesa, se han podido escuchar estos días en boca de algún legislador peruano, mientras las manifestaciones se precipitan una tras otra y se suceden las marchas desde provincias del Sur hacia Lima.
Bajo ese contexto hay un dato incuestionable: tras la extrema inestabilidad de largos años donde han entrado y salido mandatarios entre escándalos de corrupción, el descrédito de la clase política en su conjunto ha ido a más con un repudio que alcanza en alguna encuesta al 85%. Ahora mismo, y tras tres intentos fallidos de que el Congreso adelante el proceso electoral de renovación a todos los niveles de la representación política, buena parte de quienes ejercen responsabilidades creen que no hay otra manera de salir de esta situación que adelantando comicios.
Bajo la pretensión de ‘empezar de cero’ que piden los manifestantes, una parte del Congreso y que incluso la propia presidenta Boluarte está dispuesta a aceptar, subsiste especialmente dentro del fujimorismo y la derecha conservadora el miedo a un proceso constituyente que cambie de arriba a abajo las reglas del juego con una nueva Constitución como en su momento ocurrió en Chile.
A tres meses del oscuro suceso que desplazó de la presidencia a un personaje tan peculiar como Castillo, considerado de izquierdas pero extremadamente conservador y hasta reaccionario en tema de derechos e igualdad, Perú necesita conjugar cuanto antes conceptos como estabilidad, igualdad social, profundización democrática y mejor reparto de la riqueza entre sus ciudadanos. Imprescindible el recurso a las urnas para elegir a sus nuevos representantes en todos los estrados de la esfera de gobierno, a la espera de ese cambio en la clase política que reclama la base social.
“El desabastecimiento de combustibles por la acción de piquetes y los bloqueos en 24 provincias hunden las expectativas económicas del país de la zona cuyo PIB creció más en 2021”
La revuelta escenifica la expresión de un Perú rural y autóctono frente al poder de Lima. Lo delicado de la situación se evidencia por comparación respecto a un pasado reciente donde cierto sector de esa base se dejó seducir por el ‘iluminado’ discurso prehistórico-maoísta de la violencia de Sendero Luminoso, especialmente en provincias que se consideraron ‘olvidadas’ desde la capital. La única manera de que ese Perú rural encuentre acomodo pacífico en las instituciones y rechace cualquier vía terrorista es abrir un proceso de renovación del sistema a través de las urnas; y eso cada vez lo entienden más sectores de la vida pública frente a quienes se escudan en una aparente ‘legalidad’ para completar plazos y mandatos, aunque la inestabilidad se cobre una costosa factura en vidas humanas y crisis económica.
