Crónica Mundana / Manuel Espín ■
Las contradicciones evidenciadas en las presidenciales peruanas de 2021 han acabado por estallar en una crisis institucional donde sigue habiendo muchos incomprensibles flecos sin aparente explicación. Un año atrás, Castillo, supuestamente de izquierda (Perú Libre) se imponía con una escasa ventaja a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), representante de la derecha dura neoliberal e hija del dictador que ocupó la presidencia tras haber llegado a ella con votos populares. Castillo, un maestro de escuela y sindicalista, recibió los sufragios del Perú rural y de las clases más desfavorecidas, frente al urbano que se inclinó por la candidata. Aunque la personalidad del hasta hace unos días presidente es singular. Sus numerosos adversarios políticos de la derecha le han venido acusando de ser de extrema izquierda. Él ha dicho que es «progresista y no marxista». Pero Castillo también se ganó el odio de los sectores urbanos progresistas, además de la prensa, con la que mantuvo un combate permanente. El ‘ex’ se reconoce ‘devoto católico’, aunque en su día abandonó el catolicismo para convertirse en ferviente evangelista y regresar finalmente a su primera confesión. El dato de su ideario religioso debería dar igual en una sociedad laica en la que cada ciudadano merece ser respetado cualquiera que sea su religión o no tenga ninguna.
“La forzada salida de la presidencia de Pedro Castillo pone en evidencia un mar de contradicciones en un ambiente políticamente inestable donde la represión policial a las manifestaciones ya ha provocado unos 30 muertos”
Desde la perspectiva sindical y económica, Castillo defendía la mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, pero en cuanto a la social no ha tenido nada de progresista. Reacio a la igualdad de género –y se ha visto en la formación de sus gabinetes– y contrario a la legalización del aborto, la eutanasia o el matrimonio LGTBI. Mientras Cuba ha aprobado por referéndum con voto masivo un código de familia en línea con los más avanzados de Europa Occidental, en los meses de Castillo en el poder no se ha avanzado en este capítulo; y algunos discursos escuchados remiten a etapas añejas de una izquierda rancia de hace muchos años, en lo tocante a derechos y libertades. Castillo no fue capaz de llegar a pactos económicos ni políticos entre distintas fuerzas sociales y su crisis permanente de gobierno le pasó factura.
Las circunstancias no han sido propicias. Perú afronta los mismos problemas de subida de precios e inflación que otros Estados de la zona. La posibilidad de llegar a pactos con las compañías en un país con tantos recursos que están pésimamente repartidos y con segmentos de población de extrema vulnerabilidad, ha sido nula. Tanto por el marcaje permanente de la oposición de la derecha radical como por la incapacidad de la propia presidencia. Con el agravante de una creciente fragmentación entre las fuerzas y plataformas que se presentaron a las últimas elecciones, excepto en Fuerza Popular (fujimorista, ultraderecha) que es la que parece mostrarse más compacta. De esa inestabilidad es prueba la salida de Castillo de Perú Libre en 2022 para gobernar en los últimos meses como independiente, o los roces con Dina Boluarte, hasta ahora ‘vice’ y tras el confuso aquelarre de semanas atrás, presidenta del país, a la que en teoría se podría ubicar en el centro.
Las circunstancias de ese confuso episodio en el que se atribuye a Castillo –con cuatro gobiernos en menos de un año y constantes crisis, y personajes poco adecuados para formar parte del ejecutivo– una intención de autogolpe con la disolución del Parlamento, la gobernanza por decreto y reorganización del sistema judicial, versión que el ahora detenido expresidente desmiente y afirma que ‘dijo cosas que no recuerda’ y que ‘pudo haber sido drogado’, enturbian la situación del país. Donde el único indicio positivo en principio ha sido la nota de las Fuerzas Armadas reafirmando su respeto a la Constitución. Pero donde hay que consignar como extremadamente lamentables los cerca de 30 fallecidos por la represión policial en las manifestaciones callejeras. Un precio muy alto para una crisis que debería haber sido afrontada desde una perspectiva de menos tensión y sin violencia.
El peso de la responsabilidad recae en el Parlamento, abocado a una decisión con la convocatoria de presidenciales antes de tiempo, sea dentro de un año o en 120 días, pero que ha sido incapaz de lograr la mayoría cualificada que exige esa decisión, mostrando una escasa disciplina en todos los grupos parlamentarios, excepto el de Fujimori. No es sólo la fecha de las elecciones la que divide, sino la posibilidad de que pueda coincidir con una asamblea constituyente que dé paso a un nuevo texto fundamental en un proceso parecido al de Chile (donde por contra, ha sido posible un acuerdo entre la presidencia de izquierdas y la oposición para la elaboración de la que reemplace a la de Pinochet).
“Difícil definir a los protagonistas, de Castillo a Boluarte, antes en el mismo partido aunque con ideologías muy distantes”
Lo peor para Perú es que el escenario de inestabilidad se prorrogue en el tiempo, y los conflictos en la calle tensen una situación política atomizada y de gran radicalidad. Las presidenciales son la única manera de ver algo de luz; también la posibilidad de una futura constituyente que elabore otro texto fundamental, y sea capaz de reivindicar derechos y libertades como las de otros estados, que en su momento Castillo no supo tener en cuenta. Perú es un país de 32 millones de habitantes con importantes recursos naturales (minas, pesca, gas, biodiversidad, creciente industria, turismo…) muy mal repartidos, y se merece un acuerdo que ponga fin a la violencia y mejore la vida de sus ciudadanos especialmente los más necesitados.
