Crónica Mundana / Manuel Espín ■
En poco menos de dos meses de la caída de Pedro Castillo en un extraño proceso calificado de supuesto “autogolpe”, el nuevo ejecutivo presidido por Dina Boluarte ha fallado en un aspecto fundamental como es el control del orden público con instrumentos democráticos. Ninguna sociedad puede permitirse que una crisis o una profunda discrepancia interna se traduzcan en una cifra de decenas de muertes que cada vez se acercan más al centenar, en lugar de canalizarse las expresiones de descontento hacia las vías pacíficas. El ministro del Interior habla de la «acción concertada de manifestantes para desatar el caos», pero lo cierto es que también debe asumir las críticas por su errática gestión con el resultado de esas inexplicables decenas de muertes inútiles.
“El Alto Comisionado de la ONU y varios gobiernos se interesan ante el gobierno de Boluarte por el elevado número de víctimas mortales en manifestaciones”
El constante goteo de muertes llama la atención del Alto Comisariado de la ONU que pide explicaciones al gobierno de Boluarte; y preocupa a gobiernos de Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. Esos fallecidos representan un fracaso no sólo para los manifestantes ni quienes están tras ellos, sino también de la policía, del Ministerio del Interior y la presidenta de la República. Con todas las críticas que se puedan hacer a la falta de capacidad de negociación de Castillo y a su torpeza política, los sucesores que ahora se sientan en el poder están fallando de manera categórica en dar respuestas a la crisis social. La primera, la exigencia de un calendario electoral que no puede dilatarse hasta un incierto 2024. Boluarte debe negociar con todas las partes para adelantar las presidenciales este mismo año; elemento imprescindible para generar las condiciones apropiadas para una consulta electoral pacífica.
Cualquiera que sean las críticas que se puedan hacer a Castillo es innegable que llegó a la presidencia por los votos populares, y en su momento representó la esperanza para un Perú que apenas tuvo ocasión de sentirse integrado: el mundo campesino y rural, ajeno a la hegemonía de Lima y de la sociedad urbana y blanca. Una parte importante de esa sociedad mestiza o nativa no se identifica con las clases que tradicionalmente han monopolizado el poder, y encontró en él una identificación, pese a su limitada capacidad.
Imprescindible reclamar a la clase dirigente en su conjunto la capacidad para generar espacios de vinculación entre dos realidades sociales, económicas y culturales antagónicas. Alargar de forma artificial el periodo de transición representa un peligro, con el desplazamiento a la calle de la pugna, reduciendo el problema institucional y social a una cuestión de orden público. Ninguna sociedad se puede permitir que siga aumentando el número de víctimas mortales. El único calendario es la convocatoria de elecciones a celebrar este año, y que la futura Cámara determine si es necesario abrir un periodo constituyente como ha ocurrido en Chile.
“El único desenlace pacífico de la crisis sería la pronta convocatoria de unas nuevas elecciones, y en su caso, la apertura de un proceso constituyente”
La paradoja de Perú es impactante. Pese a un crecimiento del PIB post-Covid tan elevado como el 13,2% en 2021, la mitad de la población sufre carencias alimentarias. Es decir, ni los beneficios de la elevada inversión exterior, ni el aumento de las exportaciones llegan a una parte importante de la ciudadanía que se siente ajena a las instituciones y al sistema democrático.
Un dato reciente ofrece un inquietante panorama: sólo un 21% hace suyas las instituciones democráticas, el más bajo de toda América excepto Haití, y más de un 50% aceptarían un gobierno militar que acabe con la corrupción. La única receta para la política peruana es la búsqueda del represtigio de las instituciones que representan a la soberanía popular. Una parte de esa sociedad, la más desfavorecida, pide empezar desde el principio con elecciones y un proceso constituyente que reemplace a una clase política desacreditada. Perú debe mantener su espectacular crecimiento económico, pero es inexcusable que los recursos alcancen a todas las capas sociales, también a quienes demandan mejoras alimenticias, más educación, sanidad e igualdad de oportunidades.
