Crónica Mundana / Manuel Espín
Dos Estados iberoamericanos acaparan titulares por la política de libertades y de derechos humanos: Nicaragua y Colombia. El presidente Daniel Ortega hace tiempo que sepultó los ideales de la Revolución Sandinista con una reconversión autoritaria y personalista donde ejerce el poder con mano de hierro, y una actitud represiva contra la disidencia. El sandinismo fue una revolución popular, surgida desde la base social para promover una mayor igualdad y profundas reformas en una sociedad clasista y oligárquica. Ortega no ha estado a la altura de esa identidad llevando la revolución hacia un tono cercano a la dictadura personal aunque bajo supuestas formas democráticas.
“La deriva autocrática del presidente Ortega hundirá para siempre al sandinismo, necesitado de un líder que sea democrático”
Meses atrás su mano de hierro contra las protestas estuvo a la altura de la dictadura de Somoza y de cualquiera de los peores caudillos latinoamericanos, con una represión que ha dado lugar a sanciones desde EE UU y la UE y a una puesta en cuarentena de su gobierno. El último episodio: la actuación contra la candidata a las presidenciales de noviembre por el frente opositor de la derecha, Cristiana Chamorro, hija de la antigua presidenta Violeta Chamorro, que en 1990 venció a Ortega en las urnas. Chamorro hija es acusada de “gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos” y la Fiscalía pide su inhabilitación, lo que impediría que pudiera concurrir a las elecciones de este año.
Ortega puede estar cavando su fosa política con esta actuación. Su rival posee una poderosa palanca para disparar su popularidad, y la oposición tiene el recurso, si finalmente llega a ser inhabilitada, de presentar a otro candidato. En cualquier caso, el reto lo tiene desde hace muchos años el movimiento sandinista, por el que muchos nicaragüenses dieron su vida, desvirtuado por Daniel Ortega en un ejercicio autocrático de poder y una enorme falta de habilidad para manejarse como no sea recurriendo a los métodos represivos. Un movimiento progresista, igualitario, democrático, generado desde el pueblo no se merece un representante que se parece a Somoza y sus formas de ejercer el poder.
Colombia, por su parte, ha recibido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras el clamor levantado contra el Gobierno del ultraliberal Iván Duque después de las protestas contra el plan fiscal luego retirado y la dura represión contra quienes ejercieron la disidencia. En unos cuantos meses Colombia, llamado a ser uno de los países emergentes y no sólo en América Latina, ha tirado por la borda un camino que se venía construyendo desde hace años para la pacificación de una sociedad golpeada duramente por la guerrilla, los paramilitares y el riesgo de una patente de corso para una policía y fuerzas gubernamentales que en estas semanas actuaron con escaso tono democrático. El presidente Duque necesita dar credibilidad a su Ejecutivo y a su policía y fuerzas armadas tras las denuncias sobre una represión impropia de un sistema liberal-parlamentario.
En un momento dado parece que la lección de Chile no ha sido tenida en cuenta en Colombia. En los primeros instantes del movimiento popular, la respuesta policial no fue la adecuada. Muchos meses después Chile ha sufrido una convulsión democrática con un proceso inédito en los anales de América Latina, e incluso mundiales, de proceso constituyente generado a través del voto popular que en buena medida ha arrinconado a la vieja clase política. Es de esperar que el proceso acabe en una democracia más perfeccionada y con mayor sensibilidad hacia las demandas de las clases populares respetando las libertades individuales y colectivas, pero el nuevo marco institucional también necesita estabilidad y la recuperación de la paz social. Lo inédito del proceso es que se ha realizado bajo una presidencia de derechas, como la de Piñera, que ha debido ir asumiendo paso a paso la nueva realidad, aunque no pudiera estar del todo de acuerdo con ella. Lo ultimo, la aceptación por el presidente del matrimonio LGTBI que hasta ahora rechazaban varios partidos de la derecha radical que forman parte de su alianza de gobierno.
La lección: los procesos democráticos deben ser inseparables de los métodos pacíficos y el avance de las libertades democráticas no puede ser realizada con métodos autoritarios. Las reivindicaciones en clave igualitaria deben realizarse bajo un marco de libertad y no de autoritarismo ni dictadura.
“Iván Duque, cuestionado por la dureza y los métodos de la represión en Colombia desde las organizaciones de derechos humanos”
Para la credibilidad de los Ejecutivos es esencial que la actuación de la fuerza pública sepa establecer distinción entre una minoría violenta, que debe ser aislada, de quienes con todo su derecho ejercen las libertades de expresión y de manifestación. Aspecto en el que no han salido bien parados Gobiernos como el de Duque, estos días señalado por las organizaciones de derechos humanos. El presidente debe salir además al paso de las amenazas de muerte por los paramilitares hacia representantes en las instituciones y líderes que han participado en las movilizaciones de estas semanas. Colombia necesita incidir en su proceso de pacificación, no sólo con el desarme de la guerrilla, sino de los grupos que alientan la violencia desde espacios bien distintos.
