Crónica económica / José García Abad
El oligopolio eléctrico ha demostrado con su chantaje nuclear que ejercerá su poder, el electropoder, sin disimulos, a tumba abierta, incluso arriesgándose a que el Gobierno le intervenga aplicándole el artículo 128 de la Constitución que reza así: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar el sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
“La amenaza de cerrar las centrales nucleares, desordenadamente, es algo peor que un chantaje. Es un error. Mi esperanza es que se percaten de su error rápidamente”
La amenaza de cerrar las centrales nucleares, desordenadamente, es algo peor que un chantaje. Es un error. Mi esperanza es que se percaten de su error rápidamente. Ahora me preocupa que nos cuelen en los Presupuestos Generales del Estado subvenciones impresentables.
Parece que esta vez los Presupuestos se van a presentar sin retrasos, antes del 1 de octubre, lo que no ocurría desde 2016. Serán excepcionales por la insidiosa persistencia del Covid que permite saltarse los topes de déficit con una previsión del 5% del PIB. Son unos presupuestos “históricos” también por la fuerte elevación del techo de gasto no financiero, que alcanzará 196.142 millones de euros.
Los diputados tendrán que ocuparse de importantes y polémicos asuntos como la subida del impuesto de sociedades a grandes empresas, o establecer un mínimo fiscal no bonificable para los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, o la bajada coyuntural del IVA de la electricidad al 10%.
Debido a la importancia de todas estas cuestiones es posible que se produzca una baja de atención a trágalas de las eléctricas como en su día tragaron respecto a la asunción presupuestaria de los llamados gastos para la transición energética y en definitiva con el no menos impresentable de la aceptación del tramposo “déficit de tarifa” inventado por las compañías.
Ojo con las subvenciones isleñas
Ante los presupuestos de 2022 hay que prevenirse contra la permanencia de las subvenciones a las regiones extrapeninsulares, cuyos costes en puridad de conceptos deben ser asumidos por las compañías como parte de sus costes. La situación actual plantea un agravio comparativo con los costes más altos que en las islas de la llamada España vaciada. También es discutible que el Gobierno opte por la bajada del IVA, una medida que reduce los ingresos del Estado. En mi opinión el Gobierno acierta al tomar las medidas que aminoran los ingresos indebidos de las compañías que han provocado la insumisión eléctrica.
“El Estado no debe asumir sobrecostes de las regiones insulares ni eludir medidas serias frente al ‘electropoder’ con la bajada del IVA que disminuye los ingresos del Estado”
Gran parte de la debilidad del Estado ante el ‘electropoder’ se debe a la falta de solventes estudios técnicos tanto en el Gobierno como en el Parlamento, y como en los propios partidos, ante una cuestión sumamente compleja. La desproporción entre la gran masa encefálica de las eléctricas y la que disponen los poderes públicos es intolerable.
Desproporción en las masas encefálicas
Es lamentable el déficit en esta importante cuestión del Gobierno, cuya vicepresidenta y ministra del ramo, de Transición Ecológica, Teresa Ribera, muy sabida en términos de medio ambiente y en la descarbonización, no domina la problemática eléctrica en su conjunto. Es notable que la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen Muñoz, muy competente en su materia, sea profesora de Química. Es la persona que ha enviado Ribera a negociar con la Comisión Europea donde poco tiene que hacer con los superexpertos energéticos y donde las compañías son un ‘lobby’ feroz.
“Es notable que la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen Muñoz, muy competente en su materia, sea profesora de Química. Es la persona que ha enviado Ribera a negociar con la Comisión Europea donde poco tiene que hacer con los superexpertos energéticos y donde las compañías son un ‘lobby’ feroz”
Podemos lanza una propuesta razonable pero de escasa consistencia técnica
En el PSOE se han ido jubilando los expertos en este endiablado asunto sin ser sustituidos por gente que domine el tema en sus circunstancias actuales. En Unidas Podemos juega un papel importante el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, inspirador de la propuesta de su partido de fijar un precio fijo para la energía nuclear y un precio máximo para la energía hidroeléctrica, tecnologías con una capacidad de generación más barata y que, por tanto, obtienen mayores márgenes de beneficio en el mercado de electricidad.
La propuesta es razonable y así lo han expresado algunos socialistas como Jorge Fabra o Jordi Sevilla pero, según me señalan expertos libres de toda sospecha colaboracionista, es acertada pero de escasa consistencia técnica. Y es que, al pernicioso asunto de las puertas giratorias en las que incurrieron tanto Felipe González como José María Aznar, hay que añadir otras puertas aún más eficaces en la práctica de técnicos que pasan de las compañías al Estado.
