El odio de Vox, la negación de Montero y la advertencia de Europa

Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez

Las amenazas de muerte a Iglesias y al ministro Marlaska, además de a la directora de la Guardia Civil, emponzoñan la campaña electoral de Madrid y tensan la vida política tras él envío de tres balas a los representantes públicos que hacen saltar por los aires la escasa concordia parlamentaria e institucional. A ello contribuye la actitud incívica y el extremismo de Vox, cuya candidata a la presidencia de la comunidad –apedreada ya en varios mítines– se negaba a condenar otra acción tan execrable que retrotraen al país a épocas tenebrosas.

En palabras del exvicepresidente y candidato de Podemos, los hechos son “una consecuencia más del blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha”. De poco vale la unánime solidaridad y rechazo del resto de formaciones tras el intento de coartar la libertad –una vez más– mientras continúan los anatemas y acusaciones de “hipocresía” o de alentar la provocación.  Interior, junto a la Policía y la Guardia Civil, investiga los hechos en los que el partido de Abascal se personará en la causa para encontrar a los autores.

Negación de Montero

En el Congreso la ministra de Hacienda niega en sede parlamentaria haber dicho que vaya a subir los impuestos durante la pandemia, al tiempo que pide tomar el debate fiscal con seriedad y dejar fuera la campaña de Madrid. Tras advertir que “con la mentira no se ganan elecciones”, Montero responde tanto a PP (Carolina España), como a Cs (Edmundo Bal), quien le replica que “por cada euro que suba en España” lo bajará la comunidad madrileña. La responsable de la Hacienda Pública asegura no buscar una “subida fiscal general”, sino bajar algunos impuestos a determinadas actividades económicas y revisar “el papel de la fiscalidad en el modelo productivo”.

Su colega de Gabinete y ministra de Economía advierte de que el Gobierno tomará cartas tras el mayor ERE de la banca anunciado por CaixaBank en su megafusión con Bankia –8.300 despidos–, ya que el Estado es dueño del 16,1% de la entidad a través del FROB con presencia en su Consejo de Administración. Calviño no se contenta con ello, por lo que se compromete a seguir marcando la línea para minimizar el impacto negativo sobre el empleo, a la vez que carga contra el sueldo de los directivos de banca, que “no se corresponden” con la situación económica ni los recortes. Más allá de las consideraciones de cada una de las entidades fusionadas, la vicepresidenta del Ejecutivo deja claro también que la decisión supone una pérdida de valor y de capital humano para España que “no podemos permitirnos”.

El ‘Waterloo’ de Madrid

La batalla de Madrid puede acabar siendo un Waterloo para los líderes nacionales que han decidido bajar a la arena capitalina –con acrobacias, trucos y hasta funambulismo– arriesgando su propia credibilidad. La apuesta de Sánchez o Abascal y en menor medida de Casado o Arrimadas de tutelar a sus pupilos hasta el último minuto, a buen seguro que dejará tocados a los perdedores durante el resto de legislatura. Sánchez mantiene una movilización de ministros y altos cargos, sin precedentes, en apoyo del ‘efecto Gabilondo’, junto a Maroto y Llop (la presidenta del Senado que engrosa su lista), mientras los líderes de PP y Vox apadrinan a sus pupilos Ayuso y Monasterio protegiendo a esta última con un escudo antipedradas a prueba de reventadores. Peor lo tiene la líder de Ciudadanos (Arrimadas), cuyo futuro se lo juega a todo o nada junto a su candidato Bal, incluida la supervivencia de su propia formación.

Alarma de Estado

Sánchez mantiene la decisión de finiquitar el estado de alarma a pesar de las voces más que discrepantes de sus socios de coalición, las CC AA y hasta de la oposición. La excepción la mantiene Vox, que asegura no querer “ningún recorte adicional de las libertades”, mientras Casado y Arrimadas proponen un plan jurídico para permitir a las autonomías confines perimetrales con toques de queda sin la excepcionalidad de la alarma (PP), o la tutela de la Audiencia Nacional (Cs). ERC pretende “enmendar” la “irresponsabilidad” del Gobierno y el incumplimiento de su promesa de preparar una legislación alternativa “por miedo a perder votos en Madrid”. Para Errejón, el problema no es la ausencia de un ‘plan B’, sino que tampoco exista un ‘plan A’ con los datos preocupantes de evolución de la pandemia. 

Advertencia judicial de Europa

La Comisión Europea emplaza a los partidos a renovar el Poder Judicial con al menos el 50% de los miembros elegidos por los jueces y evitar la “politización» del órgano judicial. El ministro de Justicia evita en Bruselas el choque de trenes con Europa a cambio de no alterar las mayorías para elegir el CGPJ como proponían PSOE y Unidas Podemos. Campo cede así ante la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, que da por buena la reforma para limitar los nombramientos como garantía del Estado de Derecho. Casado se compromete a cerrar el acuerdo cuando Sánchez acepte reforzar la independencia judicial y Arrimadas propone una mesa a tres con PSOE y PP para cerrar un acuerdo y “despolitizar” la Justicia.

Lapidario

“Son inaceptables los altos sueldos pagados a los directivos de las entidades financieras”

Nadia Calviño, ministra de Economía (tras el ERE de 8.300 empleos en Caixabank-Bankia).

Nombres Propios

Animaladas y racismo de Vox

Todo el arco parlamentario, además del Gobierno, cuestiona la campaña racista y xenófoba de Vox por utilizar a niños inmigrantes que la Fiscalía investiga por posible delito de odio. Las vicepresidentas Calvo, Calviño y Díaz salen en tromba contra el partido de Abascal por cuestionar los recursos públicos destinados a los menores no acompañados. “Racistas, repugnantes, xenófobos o inhumanos” fueron algunos calificativos escuchados en el Hemiciclo para rechazar tal estrategia electoral. La formación de extrema derecha también dio la nota en el debate de la Ley de Bienestar Animal tras tildar de “auténticos animales» a los proponentes de la norma (PP y Cs) que regula la custodia compartida de las mascotas.

Fútbol en el Congreso

Hasta la fallida Superliga de fútbol  se cuela en el debate de la Cámara en el que Sus Señorías piden al Gobierno investigar «a fondo» el proyecto y tomar cartas en un asunto donde los “ultras ricos» intentan separarse cada vez «más» del resto de la sociedad (Errejón). El republicano Rufián lo considera peleas de millonarios «avaros y codiciosos» que sepultan a aficionados y clubes modestos como el suyo (el Espanyol) para que “no puedan jugar nunca con el Bayern». El PP, que pide el retorno del público a los estadios, requiere la opinión del ministro de Cultura y Deporte (Uribes) para que al menos comience a ser conocido por los españoles.