A.S.A
Se dice pronto, pero el modelo de financiación autonómica lleva caducado desde 2014. La situación de parálisis se ha vuelto más incómoda debido a la pandemia del coronavirus y ante la llegada de los fondos europeos que habrá que repartir. Así que, las comunidades han empezado a moverse y a tejer acuerdos más allá de las ideologías.
Es lo que han hecho los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana, que tras su largo encuentro en Sevilla anunciaban que quieren establecer una alianza permanente para “lograr mayor cohesión en España”. Además, Juan Manuel Moreno y Ximo Puig declaraban ante los periodistas que les gustaría que estas ‘minicumbres’ dejaran de ser algo extraordinario y pasaran a ser algo habitual.
Casi, casi en paralelo, la vicepresidenta primera Nadia Calviño decía: “no lleva a nada bueno la creación de bloques o de brechas” entre comunidades. Calviño sugería a las comunidades y también a los partidos asumir con “empatía, respeto y escucha” las reivindicaciones de los diferentes territorios y, por supuesto, también del Ejecutivo.
“El Ejecutivo andaluz ha dado especial relumbrón a la entrevista entre ambos presidentes. No en vano, Andalucía y la Comunidad Valenciana representan el 32% de la población española, un porcentaje que justifica su intención de formar “una alianza”
“Las manifestaciones que parten de planteamientos de enfrentamiento entre partidos y territorios no sirven”.
Así que, frente a las prisas de algunos líderes autonómicos, el Gobierno les pide un poquito más de ‘paciencia’ a las comunidades y que esperen hasta noviembre. Será ese mes cuando Hacienda presenteun documento con la propuesta de los criterios que se deben tener en cuenta para calcular la financiación de cada comunidad.
Lo anunciaba la ministra Mª Jesús Montero durante una intervención en el Congreso explicó reiteradamente que elaborar una ley de financiación autonómica que contente a todas las autonomías y a todos los partidos políticos es imposible. Insistió en que se necesita mayoría absoluta para aprobar esta ley en que el Gobierno no ha dejado de trabajar en esa línea.
En poco más de 40 días se hará público el resultado de esos trabajos que analizan cómo se debe computar el envejecimiento, como tiene que pesar la población infantil para las necesidades educativas o qué tipo de elementos se tienen que tener en cuenta para que el criterio de población ajustada refleje la realidad del consumo de los servicios públicos. La ministra advertía que será un documento que no gustará del todo
Sin embargo, la impresión generalizada en los ejecutivos autonómicos es que la reforma del sistema de financiación actual llevará su tiempo. Incluso hay quienes piensan que no será posible en esta legislatura.
Decía, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Nadia Calviño que en las comunidades hay una sensación de infrafinanciación, “eso quiere decir que el punto de partida no sea muy favorable a que se logre un acuerdo, que ha de tener un carácter transversal”.
Sin embargo, a las comunidades parece que se les ha acabado la paciencia las comunidades y están decididas a presionar al máximo y a escenificar, si es preciso, está presión.
Por eso, el ejecutivo andaluz ha dado especial relumbrón a la entrevista entre ambos presidentes en el palacio de San Telmo. No en vano, Andalucía y la Comunidad Valenciana representan el 32% de la población española, un porcentaje que según Moreno y Puig justifica su intención de formar “una alianza en positivo para el conjunto de España”. “Queremos sumar, no dividir y hacer más fuerte el país a través de la España real”.
Los dos quisieron dejar claro que nadie va contra nadie “sino a favor del diálogo” para destacar la “necesidad de llegar a acuerdos de Estado”.
Más allá de la puesta en escena, el encuentro sirvió para pactar un documento que recoge el argumento tantas veces reiterado de cambiar el modelo que presenta un déficit del modelo de 16.000 millones para las comunidades de régimen común.
En ese documento se suscribe una petición concreta y a corto plazo: crear un fondo transitorio compensatorio de nivelación. Un fondo prorrogable “hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema que equipare las comunidades infrafinanciadas con la media nacional”.
Y ese colchón, según Moreno Bonilla, sería de 1.700 millones de euros, una cantidad que serviría tan solo “para frenar la hemorragia”, que a juicio de los 17 territorios podría ser incontrolable.
