Ana Sánchez Arjona
A favor, el área económica del Gobierno. En contra, organismos, instituciones, centros de análisis…etc. Lo cierto es que la primera parte de la reforma de las pensiones diseñada por José Luis Escrivá tiene como medida estrella incluir en la Ley de Seguridad Social la revalorización de todas las pensiones según el IPC medio anual, es decir el IPC de entre los meses de noviembre y diciembre del año anterior, una medida que entró en vigor el pasado 28 de diciembre.
No habría puntos de vista tan divergentes, más allá de los que defienden los partidos por oportunismo o por ideario político, sino fuera porque el IPC está tocando máximos que no veíamos desde hace décadas y ha disparado todas las alertas al alcanzar el 9,8% en el mes de marzo.
«La titular de Hacienda ha recordado que la reforma comprometida con Bruselas establece que las pensiones se revalorizarán con el IPC interanual de noviembre, por lo que habrá que esperar a entonces para cuantificar el coste de esta medida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023»
Aún así, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al que ha seguido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han decidido que van a mantener su hoja de ruta. “Existe una evaluación de la sostenibilidad al año 2050 que cuenta con una fórmula perfectamente establecida en la ley. Para el ministro, esta cuestión está generando un “debate totalmente interesado” con aproximaciones “muy cortoplacistas”, que solo están mirando los gastos de la Seguridad Social pero no los ingresos, con 6 puntos porcentuales más que el nivel prepandemia.
Montero se ha unido a su colega de Gabinete para lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas “el compromiso del Gobierno con los pensionistas es contundente”, ha dicho la ministra de Hacienda hasta tal punto que, el Ejecutivo descarta incluir las pensiones en el pacto de rentas al que ha emplazado a sindicatos y empresarios.
Y esto último no lo ha dicho la titular de Hacienda sino la vicepresidenta primera del Gobierno hace un par de semanas. Nadia Calviño, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, descartaba incluir las pensiones en el pacto de rentas y moderar su revalorización anual.
Hay que recordar que este pacto es una petición expresa del presidente del Gobiernos a empresarios y patronal para moderar los salarios ante la escalada inflacionista y que reclama también el Banco de España.
El pacto de rentas, Pablo Hernández de Cos, pasa por admitir que el país es hoy más pobre que hace unos meses porque España necesita productos energéticos que no produce, y que son más caros y van a ser persistentemente más caros y, por tanto, hay que “repartir esa pérdida” en márgenes empresariales y salarios, con un compromiso también de protección del empleo
Pero de vuelta a las palabras de la ministra Montero, la titular de Hacienda ha recordado que la reforma comprometida con Bruselas establece que las pensiones se revalorizarán con el IPC interanual de noviembre, por lo que habrá que esperar a entonces para cuantificar el coste de esta medida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Además, la inflación subyacente, que “no está contaminada por los precios energéticos”, se encuentra «muy lejos de los dos dígitos que están viviendo algunos países» ha recordado para insistir en que «cuanto antes acabe la guerra» en Ucrania, antes bajará la inflación en el conjunto de países europeos.
En el otro lado están las advertencias que llegan desde el Banco de España, Fedea o de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)
El Banco de España calcula que actualizar las pensiones con una inflación al 7% costaría unos 12.600 millones a las cuentas públicas.
El nuevo director general de Economía y Estadística del Banco, Ángel Gavilán, explica que, tomando como punto de partida el gasto aproximado en pensiones en España y una inflación media para el conjunto del año 2022 de un 7% (noviembre sobre noviembre), cada punto que se elevan las pensiones por la revalorización suponen 1.800 millones a las cuentas públicas. De esta forma, la revalorización para 2023 ascendería a 12.600 millones.
Fedea, por su parte, ha hecho ya cálculos con los precios rozando un alza del 10% y sitúa el coste en 13.000 millones, lo que supondría el 4% del PIB.
La Airef, en su informe sobre presupuestos, señala la revalorización automática de las pensiones con la inflación como uno de los principales riesgos para la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas.
Por cada punto adicional de inflación que se registre en 2022, el gasto en pensiones subirá en torno a 1.500 euros en 2023, calcula la AIReF. Se trata de un sobrecoste de unos 9.300 millones de euros en 2023, 6.000 más de lo previsto previamente. Además, se trata de un sobrecoste, advierte la AIReF, que se consolida en el tiempo.
