Crónica económica / Nuria Díaz ■
Es mucho el dinero y, por tanto, como dirían los más desconfiados, mucha la tentación. Por eso, la última en poner medidas para que no se distraiga ni un euro de los fondos europeos, ha sido la ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que acaba de dictar una orden para la creación en el seno de su ministerio de una unidad de medidas antifraude con el fin de controlar los proyectos asociados a su Departamento que se financien con los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación. En la orden se recuerda que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación debe disponer obligatoriamente de un plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
“La ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, acaba de dictar una orden para la creación en el seno de su ministerio de una unidad de medidas antifraude para controlar los proyectos que se financien con los fondos europeos”
En cumplimiento de dicho mandato, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado, a través de su Subsecretaría, un plan de medidas antifraude, de prevención de conflicto de intereses, ausencia de doble financiación y adecuación del régimen de ayudas de Estado para la gestión de todos los proyectos financiados con cargo a los fondos europeos.
Mediante este plan se definen las principales acciones que deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude en los recursos financieros del Plan de Recuperación con la finalidad de prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que los recursos financieros procedentes de la Unión Europea no se malgasten y cumplan los fines para los que están asignados. «El citado plan se configura como un instrumento de planificación vivo y flexible, que permite su modificación mediante nuevas instrucciones, normativa o guías para la elaboración de estos planes, así como mantener una revisión continua de cada una de las medidas planificadas en la lucha contra el fraude para su perfeccionamiento», explica el Ministerio. La unidad, que se reunirá con una periodicidad trimestral, tendrá entre sus funciones proponer la creación de un sistema de controles que permita conocer e informar de todos los controles realizados, tanto por organismos nacionales como comunitarios; proponer la realización de controles sobre diversos aspectos de la ejecución del Plan; aprobar el plan de controles para cada período y promover los mismos; identificar problemas y proponer medidas correctoras.
No son los únicos. Muchos ayuntamientos de lo largo y ancho de España ya lo han hecho y también muchos organismos como el Sepe, que en marzo publicaba un nuevo Plan de Medidas Antifraude como entidad ejecutora de los fondos europeos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
“Calviño espera que a principios de 2023 España haya recibido un total de 37.000 millones de fondos europeos tras la reciente petición del tercer pago de recursos por valor de 6.000 millones”
Antes de cerrar el ministerio por Navidad, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño informaba de que España ha ingresado 31.000 millones y solicitado 6.000 más por los objetivos cumplidos. España es el país europeo más avanzado en el cumplimiento de los hitos y objetivos de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en consecuencia, fue el primer estado en cobrar tanto el anticipo como los dos primeros desembolsos comunitarios. Calviño espera que a principios de 2023 España haya recibido un total de 37.000 millones de fondos europeos tras la reciente petición del tercer pago de recursos por valor de 6.000 millones. Además, la vicepresidenta primera ha señalado que se han transferido más de 19.000 millones de euros a las comunidades autónomas y las inversiones han alcanzado ya la «velocidad de crucero», con convocatorias en licitaciones y obras por más de 2.000 millones de euros mensuales tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.
