Crónica Económica / José García Abad
Estoy convencido de que en el fondo todos los partidos querían que se convalidara el decreto ley del Gobierno sobre la reforma de la reforma laboral de Rajoy que lleva diez años de vigencia. Lo estoy también de que la mayor parte de los ciudadanos informados, especialmente los trabajadores, pero también la mayoría de los empresarios, deseaban que se aprobara, como ha expresado de forma contundente Ana Botín, la primera banquera del país.
Una reforma cuya mayor innovación es la reducción de la temporalidad en los convenios, más elevada de la que rige en la mayor parte de la Unión Europea, ha sido aplaudida por el presidente del Eurogrupo, el FMI y demás vigilantes de nuestra economía. Y lo que es más importante, decisivo, ha sido consensuada por la patronal y los sindicatos.
“Me malicio que el voto de los dos diputados rebeldes de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) trastocó los planes de los partidos que se opusieron a la promulgación. Creo que todos ellos votaron en contra con la esperanza de que el Gobierno contara con los votos necesarios para sacarlo adelante”
Algún día, más pronto que temprano, porque los secretos duran poco en estos momentos trepidantes, sabremos detalles de lo que ocurrió en los días previos a la votación en el Congreso de los Diputados para convalidar el decreto ley del Gobierno.
Me malicio que el voto de los dos diputados rebeldes de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) trastocó los planes de los partidos que se opusieron a la promulgación. Creo que todos ellos votaron en contra con la esperanza de que el Gobierno contara con los votos necesarios para sacarlo adelante. Por supuesto, el PNV y ERC, que mantienen con el Gobierno un permanente tira y afloja, un equilibrio sobre el alambre que suele culminarse con compensaciones materiales al estilo de lo que en su día bordó Jordi Pujol en una hábil tensión hasta el límite que permiten sus principios básicos.
Caben las hipótesis más retorcidas
Es más, puesto a maliciarme lo que ocurrió debajo de la mesa, no excluyo que el torpe voto de Alberto Casero, que no es un diputado de los de apretar botón, que es secretario de Organización del PP que trabaja a la vera de Teodoro García Egea, secretario general del partido, y reconocido ‘fontanero’ se equivocó siguiendo su conciencia o las instrucciones o el consentimiento de Casado para compensar el voto navarro, ocultado bajo una sobreactuación de Casado en las reacciones de protesta que están en su estrategia de desgaste del Gobierno.
No faltan precedentes de actuaciones semejantes en nuestra historia política. Me acuerdo, por ejemplo, cuando en un momento en que Suárez estaba muy apurado de diputados, para no sufrir un revolcón que podía resultarle letal por la deserción calculada de su tropa, Santiago Carrillo le prestó la ausencia de los suyos; los diputados del PCE votaron en aquella ocasión con los pies, dirigiéndose disciplinadamente al bar del Congreso, presumiblemente en compañía de los fugados de las filas de UCD cuya ausencia trataban de compensar.
En el fondo, el PP podía envanecerse de que el PSOE no hubiera procedido a la derogación y que hubiera hecho cambios limitados y aceptables. Hasta Fátima Báñez expresó su respeto por el acuerdo de sindicatos y patronal.
Hay que recordar que al ‘lobby’ de todos los ‘lobbies’, el Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), integrado por los grandes empresarios del Ibex, una especie de cámara de la plutocracia, que en 2012 apoyó la necesidad de una reforma laboral, le pareció excesiva la que aprobó el Gobierno de Rajoy.
Un miembro del Consejo me confesó: “Fuimos algo tímidos; no llegamos tan lejos como el Gobierno. La verdad es que la ministra Fátima Báñez echó mucho valor al asunto. Lo que el CEC pedía era mucho menos que lo que hizo Báñez. Proponíamos una acción más posibilista. Pero Fátima se lanzó al monte. En el CEC se hablaba en términos moderados: “Sería bueno que se redujera razonablemente el coste del despido”; que “la proactividad de los convenios no fuera tan rígida”, etc. Lo que salió iba mucho más en el sentido llamémosle modernista.
“No excluyo que el torpe voto de Alberto Casero que no es un diputado de los de apretar botón, que es secretario de Organización del PP, que trabaja a la vera de Teodoro García Egea, secretario general del partido y reconocido ‘fontanero’, se equivocó siguiendo su conciencia o las instrucciones o el consentimiento de Casado para compensar el voto navarro”
Y el entonces presidente de la CEOE, Juan Rosell, me manifestó el disgusto de la patronal. “Lo hicieron –me dijo–cómo, cuándo y de qué manera, en febrero de 2012, deprisa y corriendo. Nos tendrían que haber dado más tiempo a los sindicatos y a nosotros y hubiéramos sacado más cosas de común acuerdo, pero sólo nos dieron unas pocas semanas. ¿Por qué te crees que firmamos el acuerdo de moderación salarial con los sindicatos en enero del 2012? Porque firmándolo pensábamos que nos iban a dar más tiempo para consensuar una justa reforma laboral. Ya has visto los problemas que ha habido después con los jueces. Se hizo improvisadamente”·.
Ahora, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha podido hacer lo que la organización no consiguió en tiempos de Rajoy, un pacto de una reforma que rige las relaciones laborales en un clima de paz social. Hay que felicitarle a él y a los dirigentes sindicales, José María Álvarez, de la UGT, y Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha intermediado eficazmente en las duras jornadas de negociaciones. Pero hay que lamentar que tan importante norma que afecta a 20 millones de trabajadores y a 3,5 millones de empresarios haya salido adelante de forma tan rocambolesca.
