Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez
A los 18.000 indultos de la democracia podrían sumarse los doce condenados independentistas del ‘procés’ si el Gobierno desoye el informe del Supremo que rechaza la medida de gracia al considerarla “inaceptable”. El previsible indulto de Sánchez para salvar la legislatura provoca el rechazo de la oposición que amenaza con recursos judiciales, mociones y hasta movilizaciones ciudadanas. Casado cree que el pago de los indultos es una “burla a la democracia” y Arrimadas “una indignidad”. Los actores del Govern –Junts y ERC– proclaman no haber llegado hasta aquí “para pedir perdón”. Villarejo revela interlocución directa con Rajoy para reportarle sobre el ‘caso Kitchen’.
La virtud política y humanitaria de indultar se practica mucho más de lo que el vulgo pudiera imaginar: 18.171 casos en democracia tras la muerte de Franco (1975), sea por razones caritativas, piadosas e incluso sociales en detrimento de las condenas políticas o por corrupción que tanto escandalizan a la sociedad. Políticos, empresarios, banqueros y hasta jueces se han beneficiado desde hace cuatro décadas de esta prerrogativa que corresponde al Gobierno entre polémicas, crítica o incomprensión.
El perdón anunciado por Sánchez a los doce condenados del procés tensa el arco parlamentario y, sobre todo, las relaciones entre Gobierno y oposición, que amenaza con recursos judiciales, mociones municipales y la movilización ciudadana para frenar la medida de gracia. El Tribunal Supremo es rotundo en su oposición a conceder cualquier forma de indulto, incluso el parcial, al considerarlo “una solución inaceptable” sin “la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento” de los condenados. Pese a ello, el presidente del Gobierno aplicaraávalores constitucionales como la «concordia y el diálogo” para indultar a los dirigentes catalanes encarcelados –a cambio de no reincidir– descartando la «venganza o la revancha”. Sánchez necesita los votos independentistas para apuntalar la legislatura y promete “mirar al futuro y aprender de los errores”, mientras el ‘president’ Aragonés acepta cualquier medida de gracia que “alivie el dolor” de los presos y los socios del nuevo Govern –Junts y ERC– proclaman que no han llegado hasta aquí “para pedir perdón”, pregonando la amnistía y el derecho de autodeterminación como única solución.
Burla, felonía, derecho, indignidad…
Casado reprocha el intento de salvar un problema personal, convirtiéndolo en asunto de Estado, al tiempo que avisa a Sánchez de que el pago de los indultos será su “finiquito” además de una “burla a la democracia”. El líder del PP anuncia su intención de recurrir en caso de consumarse la medida de gracia y cambiar el Código Penal contra los refrendos ilegales. Ciudadanos ve un insulto, felonía y hasta indignidad en el perdón, que considera un mensaje demoledor contra el Estado de Derecho, por lo que su líder Arrimadas utilizará “todos los medios jurídicos y políticos” para evitarlo. Vox anuncia movilizaciones y protestas, además de recurrir judicialmente en espera de que no salga gratis el “golpe de estado” de 2017. El PNV rechaza que los presos del ‘procés’ deban hacer «acto de contrición» para ser indultados. Su portavoz Aitor Esteban cree que la salida de los “presos políticos” debe ser el primer paso para solventar «la cuestión catalana». Más País y Compromís consideran los indultos una “buena solución», mientras Podemos acusa al Tribunal de «ser parte del problema» por lo que reclama acelerar las medidas de gracia.
Socialistas como Felipe González o los presidentes de Extremadura y Castilla-La Mancha son reticentes a conceder la indulgencia “a quienes no la quieren y además no respetan las leyes” (Vara) o por ser “un grave error de la democracia” que podría convertirse en “condena para la organización que lo sustenta” (García-Page).
40 años de indultos
Entretanto, el Gobierno prepara el relato para tan extrema medida asegurando que hasta los golpistas del 23-F fueron indultados, lo que incluye sólo al ‘elefante blanco’ de tan oprobiosa rebelión’, el general Armada, tras solicitarlo en cinco ocasiones, de lo que se beneficiaron el resto de condenados a excepción de su principal ejecutor, el guardia civil Antonio Tejero. El ranking de magnanimidad indultadora en nuestra democracia por delitos de prevaricación o malversación –según CIVIO– lo lidera Aznar (141), seguido de Zapatero (65) y Rajoy (26). En total, 232 indultos a condenados por corrupción desde 1996. El ministro más indultador fue el popular Ángel Acebes, al firmar 1.328 indultos en un mismo Consejo de gobierno en 2012. Entre los perdones más sonados figuran los procesados por el Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL) –entre ellos el ex ministro Barrionuevo–, ex terroristas de Terra Lliure, el ex presidente de Cantabria –Hormaechea–, el ex magistrado Gómez de Liaño o el banquero del Santander –Sáenz– por otro delito de prevaricación.
Regulación de ‘lobbies’
El Congreso comienza a tramitar la iniciativa del PSOE para regular las relaciones entre diputados y ‘lobbies’. La intención es crear un Registro Público de Grupos de Interés, con un código de conducta para los ‘lobistas’ y la obligación de los parlamentarios de comunicar el contenido de sus contactos, difundiendo la identidad de los intermediarios, fecha y materias tratadas. PP, Vox y Cs exigen una ley que también afecte al Gobierno y diferenciar entre grandes ‘lobbies’ o asociaciones. El diputado Pedro Navarro (PP) se pregunta: «¿Por qué no se regula primero la obligación de Iván Redondo de decir con quién se reúne?». Los representantes de Junts y PNV (Pagés y Legarda) advierten de aprobar una regulación “gatopardesca” y ERC rechaza dejar fuera de la consideración de ‘lobby’ a las organizaciones empresariales.
Lapidario
“Un asesor se tira a un barranco por su presidente. Yo me tiro por él”
Iván Redondo. Jefe de Gabinete de Pedro Sánchez
Nombres Propios
Villarejo canta en el Congreso
El excomisario de policía imputado por causas de revelación de secretos y pertenencia a organización criminal revela en la ‘comisión Kitchen’ su contacto directo con Rajoy –telefónico y con mensajes– para darle cuenta del espionaje al tesorero del PP. Tanto los ‘papeles de Bárcenas’ sobre la ‘caja B’ de la formación como el ‘caso Gürtel’ también eran motivo de interlocución con los exministros Fernández Díaz y Cospedal, además de la exvicepresidenta Sáenz de Santamaria. “Rajoy tenía interés por ser cuestiones de estado e incluso de las cuentas en el extranjero… Había un teléfono de contacto, además del circuito oficial”, según Villarejo, que denuncia el intento de “eliminarlo” en prisión.
Rodríguez controlará los fondos
La diputada y exministra Elvira Rodríguez coordinará el Comité de Expertos para supervisar los 140.000 millones en fondos europeos que el Gobierno ha “troceado” por los distintitos Ministerios. Este grupo incluirá un buen número de diputados de la formación para hacer una “labor de vigilancia”, fiscalización, ejecución presupuestaria y control de subvenciones. La vicesecretaria ‘popular’ quiere evitar que la ejecución de fondos se haga “mal” o acaben como el Plan E de Zapatero. La economista considera un “escándalo” los 23 ministros del Gobierno en “el peor de los tiempos”.
