Luis Carlos Ramírez
Las exigencias presupuestarias del nacionalismo vasco y catalán aumentan con la pérdida de las mayorías absolutas del bipartidismo a las que ninguna formación renuncia en favor de mayor autogestión. Los PGE 2022 establecen un Cupo provisional para Euskadi de 1.407 millones en el último año del Concierto Económico (2017-21), al que los expertos exigen transparencia. La polémica renovación del Constitucional escenifica la rebelión de la Cámara contra PSOE y PP, junto a Podemos, por un reparto de magistrados que tildan de “bochornoso” para perpetuar el régimen del 78. Sánchez celebra el segundo año de triunfo electoral convencido de que España avanza hacia una recuperación “robusta” que Casado deja en “respiración asistida».
Para nadie es un secreto que tanto el nacionalismo vasco como el catalán han sido los grandes ‘conseguidores’ de la democracia. Las hemerotecas están llenas de su generosa ‘contribución’ a la vertebración territorial y al propio Estado, a cambio de mejorar la vida de sus ciudadanos. El listado de exigencias e inversiones presupuestarias en ambos territorios ha aumentado exponencialmente desde la pérdida de las mayorías absolutas del bipartidismo –PSOE-PP–hasta hoy, con la que ninguna de las formaciones renuncia a una mayor autogestión.
Un ejemplo de ello son las 71 enmiendas presentadas por el PNV a los Presupuestos, que incorporan inversiones plurianuales en el País Vasco y Navarra por valor de 230 millones de euros, al considerar insuficientes los 568 millones ya consignados en el proyecto del Gobierno. La formación nacionalista ha pactado además el traspaso integral del Ingreso Mínimo Vital (IMV) junto a otra batería de peticiones económicas.
Del Cupo a las lecciones fiscales de Urkullu
En paralelo, los PGE para 2022 establecen un Cupo provisional para Euskadi de 1.407 millones en el último año del Concierto Económico quinquenal (2017-21) que deberá revisar el Estado. El cálculo del Cupo, con el que los territorios forales financian los gastos no transferidos (Defensa, Exteriores, Puertos, Aeropuertos…) incluye una aportación del 6,24% de cada partida de gasto no transferida, aunque excluye otras transferencias de los PGE como la Seguridad Social.
El ultimo ministro en rubricar el Concierto de 2017 fue Cristóbal Montoro, en «reconocimiento a las singularidades de España» y no como agravio o privilegio. Frente a ello, muchos reclaman una mayor transparencia y claridad en la liquidación que las Haciendas Forales vascas deben aportar al Estado. En semejante contexto, el ‘lehendakari’ Urkullu se muestra preocupado por la estrategia de “dumping fiscal” o conversión de determinadas comunidades en “paraísos fiscales”. Sus ‘lecciones fiscales’ agitan un nuevo enfrentamiento autonómico en pleno debate presupuestario y de revisión de la financiación prometida por la ministra Montero para este mismo mes. El dirigente vasco se une a la presión contra la política de la comunidad madrileña de rebajar la fiscalidad –que califica de “modelo ideológico”– por conducir a una menor recaudación y capacidad de gasto. Algo que la presidenta Diaz Ayuso contrapone a los “privilegios” económicos vascos, en contraste a su anuncio de una nueva rebaja fiscal “histórica” para Madrid que prevé reducir medio punto en cada uno de los tramos autonómicos.
Los ‘cocodrilos’ díscolos del TC
La polémica renovación del Tribunal Constitucional escenifica la rebelión de la Cámara contra el bipartidismo, junto a Podemos,por un reparto de magistrados que tildan de “ceremonia indecente y bochornosa” por perpetuar el régimen del 78. PSOE y PP acaban el bloqueo del Alto Tribunal con férrea disciplina de voto, incumplida por una decena de diputados como los socialistas Odón Elorza y José Luis Ábalos (este último por error), además de la diputada de Podemos Meri Pita, que se exponen a multas de 600 a 1.000 euros. Hasta 90 señorías afines al Gobierno y la oposición –Vox, Cs, ERC, PNV, Bildu, Junts, PDeCAT o Navarra Suma– rechazan lo que consideran pacto de la ‘vergüenza’ tras quedar como convidados de piedra.
Podemos califica de “mal menor” la incorporación del jurista Enrique Arnaldo (propuesta por el partido de Casado) para evitar el naufragio de la renovación del Consejo del Poder Judicial que también incluye candidatos afines. Los republicanos rechazaban tragarse más “sapos” e incluso “cocodrilos” en una sesión de la que se ausentaban del debate y posterior votación. El cruce de acusaciones entre partidos fuera de la Cámara era tan patente como la defensa de los grandes partidos para consolidar el TC. El diputado Rufián asegura que ya sale de casa “decepcionado” con el PSOE, aunque lo que más le preocupa ahora es UP. La coalición de gobierno, en su opinión, debe dar “muchas explicaciones”.
Sánchez defiende el pacto con el PP pese a admitir que no le gusta alguno de los votados, convencido del “deber” del Gobierno de España de salvar un acuerdo que da fin a dos años de interinidad. La vicepresidenta Diaz cree que la elección pone en riesgo la independencia del Alto Tribunal.
Pensiones y aniversario electoral
El presidente celebra el segundo año de su triunfo electoral en el debate europeo convencido de que España avanza hacia una recuperación “rápida y robusta” gracias a los fondos de cohesión que servirán para modernizar el país, “con o sin ayuda de la derecha”. Casado le afea su optimismo con la acusación de “cesarismo” y el reproche de “respiración asistida” a la economía cuyo crecimiento vuelve a recortar la Comisión Europea. El PP pide la comparecencia urgente del ministro Escrivá, a quien exige aclarar la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones más allá de los 25 años acordados con Bruselas. La reforma se abordará en 2022, según la ministra Calviño, “en diálogo” con los agentes sociales a cambio de recibir los fondos europeos.
Lapidario
“Pido perdón por haber replicado a los exabruptos de Vox con exceso de testosterona. No es buen ejemplo para la democracia”
Joan Baldoví. Diputado de Compromís.
Nombres Propios
La alianza de izquierdas se refuerza
El frente amplio o alianza de izquierdas de Yolanda Diaz amplía sus bases con nuevo cónclave de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la portavoz de Más Madrid, Mónica García; la portavoz del Movimiento Dignidad y Ciudadanía de Ceuta, Fatima Hamed y la vicepresidenta del Consell valenciano, Mónica Oltra. Hasta la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, muestra su apoyo al acto del Teatro Olympia para que su formación tenga voz en Madrid. La vicepresidenta del Gobierno sigue manteniendo que en su proyecto transversal –que podría suponer un importante cambio en el tablero político– no habrá lugar para “egos” como los existentes en los partidos.
Un defensor de altura
El Defensor del Pueblo saliente cierra una ‘interinidad de cuatro años’ –más que impecable– denunciando situaciones incómodas para el propio Gobierno y el resto de instituciones. La última censura de Fernández-Marugán le llevó hasta la Comisión Europea para exigir aclarar los 379 asesinatos de ETA y reprochar la falta de colaboración de los terroristas encarcelados. Otras verdades recogidas en los informes del ya ex Defensor son las debilidades del Sistema Nacional de Salud, la brecha digital educativa, las costuras ‘rotas’ del mercado del alquiler o el ‘saneamiento’ de la economía que pasa por acometer la reforma de las políticas de empleo, las pensiones y una consolidación fiscal.
