Crónica Mundana / Manuel Espín ■
Ecuador no es distante ni extraño, y más teniendo en cuenta la elevada población inmigrante de ese origen que vive y trabaja plenamente integrada en España. La República se une a la lista de presidencias fracasadas como la de Perú, con la situación de Guillermo Lasso (1956), presidente desde mayo de 2021 y que perteneció al gabinete de su antecesor Lenín Moreno. Lasso es un neoliberal en línea con el argentino Macri y llegó al poder con una mínima diferencia de 30.000 votos respecto a su principal rival, tras armar la plataforma Creando Oportunidades (Creo) formada por partidos conservadores. En sus primeros meses en el cargo empezó haciendo frente a recortes en el gasto para cumplir las exigencias del FMI, lo que se ha traducido en pérdida de calidad respecto a la atención sanitaria y dificultad para conseguir medicamentos, junto a sus planes para reducir impuestos, y la política de privatizaciones, entre ellas de las autopistas, compañías de telecomunicación, refinerías o el Banco del Pacífico.
“Para evitar el juicio político, el hasta ahora presidente convoca elecciones en un panorama de confusión”
Lasso ha debido hacer frente a las dos caras de la moneda. En 2020, la crisis Covid provocó una caída del 8% del PIB, con la vuelta a los datos positivos en los ejercicios siguientes gracias a las ventas de petróleo. Su gobierno intentó atraer inversiones extranjeras con el señuelo de las bajadas de impuestos y la flexibilización del mercado laboral, la reducción del IVA o la eliminación del Impuesto de Sucesiones. Lasso quiso ofrecer zonas francas a los extranjeros, lo que fue rechazado por el Parlamento.
Antiguo banquero bien asentado en los circuitos económicos, en 2021, a poco de llegar al poder, se producía el primer sobresalto: era uno de los 36 lideres mundiales a quienes el consorcio internacional de periodistas acusaba de tener cuentas ‘offshore’ en paraísos fiscales a través de sofisticada ingeniería financiera. A la situación económica derivada de la crisis de Ucrania con la inflación consiguiente se ha incorporado lo que la ciudadanía identifica ahora como peor problema del país: la violencia y el aumento de la delincuencia común, especialmente en Guayaquil, con índices muy alarmantes que afectan a la seguridad ciudadana con un alza en la tasa de homicidios (y un sistema carcelario bochornoso, como se puso en evidencia en lo ocurrido en el penal donde un motín se saldó con una elevada cifra de muertos) y la oferta de un sistema de autodefensa calcado de la extrema derecha republicana con la posibilidad de que los ciudadanos puedan llevar armas.
A partir de los primeros días de este año se une la acusación desvelada por el medio digital ‘La posta’ donde se acusa a Lasso de vinculaciones con un caso de corrupción en empresas públicas en el que participa su cuñado y supuestos testaferros (con situaciones tan extrañas como la creación en un solo día de siete empresas, y la supuesta relación con un ‘affaire’ de presunto narcotráfico). Sin que el gobierno reaccionara al momento, dejando pasar unos días de relativo silencio en un recorrido que parece a ratos recordar a un argumento de ‘thriller’ donde además hay una muerte de un testigo capital que pudiera haber sido asesinado. Y una acusación a la presidencia de supuesta intervención ante la jefatura de policía para encubrir hipotéticamente una investigación.
La bola de nieve ha ido minando día a día a Lasso tras el debate del pasado marzo en la Asamblea dentro de la comisión especializada en la lucha contra la corrupción donde se aprobó la comparecencia del presidente. Finalmente, Lasso apareció a mediados de mayo en el pleno, pero sin ejercer el derecho a réplica. Antes de que el juicio político pudiera ir adelante ha recurrido a una posibilidad contemplada en la Constitución, lo que se ha llamado ‘muerte cruzada’ que permite disolver el Parlamento y dar paso a unas elecciones legislativas y presidenciales siempre que exista una «grave crisis política y una conmoción interna», conceptos de dudosa interpretación en este caso, a los que Lasso ha recurrido en último extremo para evitar una posible destitución por el Parlamento tras un juicio político. Ahora todo el peso de las decisiones recae en la ciudadanía y el cuerpo electoral habida cuenta de la forzosa postergación sobre las pesquisas en torno a los supuestos casos de corrupción y narcotráfico, quedando en manos de la futura Asamblea y de la presidencia de la República, en unos comicios a celebrar en un trimestre.
El propio Lasso, que afirma haber preferido «el purgatorio al infierno» con su arriesgada decisión, podría presentarse como candidato a la reelección en lo que vendría a derivar en plebiscito sobre su continuidad, en una inesperada campaña electoral a cara de perro, en el momento más inesperado. Cuando aún no ha transcurrido ni la mitad de su mandato, y donde la disolución del Parlamento y las elecciones se hacen para evitar el juicio político.
“A la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania se une el problema de la delincuencia e inseguridad ciudadana, especialmente en Guayaquil”
En esta situación, el primer indicador de la crisis ha sido la caída de la Bolsa, aspecto revelador de las aguas pantanosas por las que durante unas semanas se adentra la vida política de Ecuador, con un resultado tan incierto como los pasos a dar por la investigación en torno a las presuntas responsabilidades de Lasso tanto las políticas como las judiciales, y la incertidumbre de que en caso de volver a ganar y continuar en la presidencia una vez se constituya la Cámara no se pueda volver al minuto cero con otro juicio político de difícil resolución. El presidente ha utilizado un recurso previsto en la Constitución, pero según sus adversarios elegido de forma torticera sólo para salvar sus muebles.
Lo que está por venir en las próximas semanas es tan incierto como la posibilidad sugerida de que Lasso vuelva a postularse de nuevo para la máxima magistratura. Cuestión que ya tiene impacto en los indicadores sociales y económicos, en un país que el FMI sigue mirando con lupa y donde aparece un problema de delincuencia común que impacta en la vida de la ciudadanía y es reconocido en las encuestas como principal problema de la sociedad.
