M. C.
Miquel Iceta será una persona clave en la segunda parte de la legislatura.Por sus manos pasan buen parte de las propuestas que el Gobierno llevará a la mesa de diálogo para Cataluña. Sus objetivos pasan por recuperar, con reformas legales, algunos de los elementos laminados en el Estatut, por acordar un nuevo sistema de financiación y por celebrar, al final, un referéndum. En principio, sólo para los catalanes. Pero Iceta no descarta una incierta votación a nivel nacional sobre el modelo de Estado.
“Sus objetivos pasan por recuperar elementos laminados en el Estatut, por acordar un nuevo sistema de financiación y por celebrar, al final, un referéndum”
Sin salir de los márgenes de la Constitución –y sin modificarla, algo imposible sin el PP-, poco pueden ofrecer Iceta y Pedro Sánchez al margen de un nuevo sistema de financiación –que efectivamente el Ejecutivo pretende abordar esta legislatura para el conjunto de las autonomías- y quizá una reforma estatutaria. La buena noticia es que son opciones que parecen contar con cierto respaldo en la opinión pública catalana.
Un sondeo de GAD 3 publicado recientemente por La Vanguardia, señala que el 40% de los catalanes apuesta por que el nuevo Govern negocie mejoras en el autogobierno y la financiación, por el 22% que defiende negociar un referéndum de autodeterminación y un 12% que considera que la mejor opción es proclamar de nuevo la independencia y la república de forma unilateral. Cuestionados concretamente sobre cuál es la mejor solución al conflicto, el 35% menciona una mejora del sistema de financiación, el 24% una reforma de la Constitución, el 22% un referéndum de autodeterminación y un 6% un nuevo estatut. Además, en este sondeo de GAD 3, sólo el 41% afirma que votaría a favor de la independencia, por casi el 52% que votaría que no. Y según el CEO de la Generalitat publicado en enero, el 47,7% de los catalanes rechaza la independencia, por el 44,5% que sí la quiere.
La probable reforma del sistema de financiación catalán se enmarcará en la del conjunto de las comunidades y tendrá como telón de fondo el oasis fiscal madrileño que han denunciado presidentes como el valenciano Ximo Puig y el propio Pere Aragonès. La reforma estará en manos de María Jesús Montero y de un Iceta que, en 2017, propuso la creación de un consorcio entre las agencias tributarias española y catalana. Una reforma en sentido federal para la “gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos”, explicaba en ese momento. La dirección del partido avaló la idea, señalando que está contemplada en el Estatut catalán. Por ahí caminarán las propuestas del Ejecutivo, en estos dos años en los que veremos hasta dónde ha podido transitar la Mesa. Será entonces cuando Sánchez tenga que convocar elecciones generales y Aragonès se someta a la moción de confianza pactada con la CUP en el acuerdo de investidura.
Puig volvía a reclamar la reforma urgente de la financiación en el encuentro que ha mantenido esta semana con la presidenta balear, la también socialista Francina Armengol. Pero Puig no sólo se quedó en las transferencias presupuestarias, sino que volvió a alzar la bandera federalista. “Entre el soberanismo y el centralismo, existe esta vía, que es la vía federal”, afirmó Puig, que se va consolidando como líder de un polo federal en el socialismo español, frente al jacobinismo de otros barones, como Emiliano García-Page o Javier Lambán.
Puig y Armengol han suscrito un documento en el que se avanza en esa vía federalizante para el Estado, en cuestiones que Iceta ya contempla para llevar a la mesa de negociación con la Generalitat. Entre otras cosas, el texto apuesta por implantar una mayor cogobernanza entre las comunidades y el Estado, dotando de un mayor poder de decisión de las políticas a las autonomías.
Es precisamente por la vía expuesta por Puig y Armengol por donde Iceta pretende lograr mayores avances, para luego ir a las urnas. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el todavía líder del PSC se ha alineado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles aseguró en el Congreso de los Diputados que el PSOE “nunca jamás” avalaría una votación sobre la secesión. “Hay dos posturas muy opuestas, que son el inmovilismo y la ruptura, y nosotros creemos que la solución la encontraremos en medio”, explicaba Iceta, que aseguraba que “para nosotros, lo más razonable y deseable sería llegar a un gran acuerdo sobre autogobierno, sobre financiación, sobre participación de las autonomías en el diseño de las políticas del Estado y que eso se pudiera votar en un referéndum”.
“Iceta, en 2017, propuso la creación de un consorcio entre las agencias tributarias española y catalana, ya recogida en el Estatut”
El ministro ha sugerido que las cuestiones diferenciales para Catalunya podrían recogerse en una disposición adicional de la Constitución, aunque ha subrayado que desea que “todo lo bueno” que se acuerde con Catalunya se pueda extender a otras comunidades si es posible; por ejemplo, en materia de cogobernanza o de blindaje de competencias. La vicepresidenta Carmen Calvo tampoco cerró la puerta a un referéndum en toda España sobre el modelo de Estado. El problema es que estos referéndums los carga el diablo y, en general, en la opinión pública, no hay un apoyo al camino federal que le gustaría iniciar al ministro a buena parte del PSOE. Hace menos dos años, en septiembre de 2019, el 41% de los españoles apostaba por dejar el estado de las autonomías como está, según el CIS. La segunda opción que más respaldo recibe es la de acabar con las autonomías, que está en el 16% –aunque la buena noticia es que esta cifra ha ido reduciéndose, porque llegó a estar en el 23%–.
