Tribuna / Francisco Marín. Vicepresidente de la Comisión de I+D+I de CEOE y Premio Nacional 2020 a la Trayectoria Innovadora
No sé si mi comprensión de lo que debe ser la política es muy docta, pero entiendo que sí que es sencilla y accesible para buena parte de la ciudadanía: la política debe servir para solucionar los problemas presentes y complejos que se derivan de la gestión de amplias capas de la sociedad además de para orientar sobre cómo debería de ser un futuro aún incierto, que está por llegar.
Si se aplica esta regla al campo de la INVESTIGACIÓN, el DESARROLLO y la INNOVACIÓN (I+D+I), en ambos planos, el del presente y sobre todo el del futuro, tenemos mucho sobre lo que discutir. Y eso se me pide en estas breves líneas: describir, bajo mi criterio, el estado actual de la política de la I+D+I en España.
Partimos de una constatación que aportan las cifras: el Instituto Nacional de Estadística, en su reciente publicación del 24 de noviembre de 2021, nos dice que la inversión (que no gasto) en el ámbito de la I+D en el año 2020 fue del 1,415 del Producto Interior Bruto (PIB) con un crecimiento de un raquítico 0,16% en relación con la cifra del año anterior. Es bien cierto que el año 2020 no debe ser considerado un buen ejemplo de nada, habiendo sufrido el serio envite de la pandemia COVID-19, pero también nos reafirma en que estamos ante un año más en una serie ya larga de no crecimiento notable en las cifras que recogen el esfuerzo español en estas materias.
Estamos por lo tanto en un problema serio pues nuestros competidores, los socios cercanos de Europa sitúan sus inversiones en el entorno del 2,5%. Aún más, los emergentes desde Asia vienen invirtiendo cifras superiores al 4% de su PIB para seguir conquistando parcelas de competitividad anteriormente reservadas para el Occidente avanzado. Nuestra brecha con esos países no deja de crecer y eso, en momentos de convulsión económica y social, es un mal síntoma si queremos encarar el futuro con algún optimismo.
Tenemos, por lo tanto, dos de los componentes imprescindibles para salir de esa senda monótona y sin sentido en la que se situaba la I+D+I en nuestro país: el programa y los fondos para su financiación
En los últimos cuarenta años de trayectoria de la I+D+I en España, inscritos en una monotonía poco animada, se han producido algunos elementos singulares. El primero, la propuesta del gobierno del Presidente Zapatero y su programa Ingenio 2010, donde se concibieron programas muy decididos en favor de una I+D+I más ambiciosa. Ese ímpetu se vio frenado por la crisis financiera del 2008 que trajo consigo un sacrificio de las cifras dedicadas a estas actividades en los primeros años de la década del 2010. En ese momento, con una solución a la crisis dominada por las políticas europeas de austeridad, España optó, al contrario que otros países de la zona, por recortar de forma muy notable las cifras dedicadas a construir un futuro basado en el conocimiento, la ciencia, las industrias avanzadas. Fruto de eso, vivimos en esa década una pérdida del talento recién egresado de las universidades y unos cierres de empresas orientadas a la I+D+I.
Estábamos saliendo de esa crisis, aun sin haber recuperado las cifras del 2009, cuando se nos ha venido encima otra tormenta, en este caso la sanitaria –la COVID 19– que ha producido un impacto inédito en la economía y en la vida de los habitantes de este planeta. Por fortuna, en este caso, las políticas que buena parte del mundo, particularmente en Europa, se han puesto en funcionamiento, han sido de corte bien distinto y los Bancos Centrales y los gobiernos se han puesto a formulas recetas de impulso, recuperación de cara a la salida de la crisis.
Europa, como ya indiqué anteriormente, ha tomado algunas iniciativas que rompiendo sus anteriores paradigmas han traído soluciones a los países que formamos parte de la Unión en el buen camino para la superación de tan terrible impacto. La aprobación de los Fondos NEXT GENERATION EU, entre otras muchas medidas, indican una senda bien distinta. Aquí las políticas han estado en tiempo y orientación bien acertadas.
Y España, con su gobierno a la cabeza, reaccionó muy bien al reto que la UE nos lanzó antes del verano del 2020. Se elaboró un programa ambicioso, ESPAÑA PUEDE, que fue de los primeros en ser sometido a escrutinio por la Comisión Europea que reconoció, en fechas de antes de final del 2020, lo acertado de la propuesta y lo que es más importante, la buena coincidencia de lo formulado con las reglas máximas que presiden este ambicioso programa de reformas. Es correcto recordarlo ya que se trata de salir de la crisis habiendo transformado los países que más lo necesitan en el sentido de aprovechar la revolución digital para tener un mundo más sostenible en el que las desigualdades de género y territoriales se vean firmemente corregidas.
Para responde a esos principios, el programa del gobierno español ha formulado reformas de calado e inversiones de gran tamaño que deberían recuperar, transformar nuestra sociedad en el sentido del progreso. Tenemos, por lo tanto, dos de los componentes imprescindibles para salir de esa senda monótona y sin sentido en la que se situaba la I+D+I en nuestro país: el programa y los fondos para su financiación. Además, también contamos con un tercer pilar que lo forman un conjunto empresarial dispuesto a trabajar en ese sentido, como lo demuestra la potente respuesta dada por las empresas a las llamadas, correctas en tiempo y forma, que se lanzaron desde el Ejecutivo en términos de Manifestaciones de interés. Empresas y talento, compuesto por una masa de empleo formado y deseando incorporarse al mundo del trabajo, consolidan el trípode ideal para este proceso.
Estamos, por lo tanto, en ese momento crítico en el que el autor de la obra tiene que no quedarse ensimismado con el libreto y debe encarar el reto de que la representación tenga lugar y sea un éxito. Analizando este momento crucial para las próximas décadas, serios nubarrones aparecen en el horizonte. Hay que adelantar que son corregibles, así lo deseo y espero que sea, no obstante, su mera existencia ya es todo un síntoma que nos debe alertar.
El primero es la lentitud en poner en marcha los mecanismos imprescindibles para el despliegue de los importantes recursos financieros que provenientes de Europa – en cantidad de 77.000 millones de euros para el periodo 2021- 2023 – han de ser encauzados en la sociedad española. Como bien dice la Vicepresidente primera del Gobierno, más dinero que todo el recibido por España desde su incorporación a la UE en los ya lejanos años 80 del siglo pasado.
Hay nerviosismo por parte de los actores que han de poner en marcha los proyectos, y escepticismo por parte de los encargados públicos que han de servir como puente entre esos fondos y los clientes de los mismos. Sin regulaciones claras, más allá de las presentaciones, más cercanas al marketing que a la ejecución, y sin recursos humanos y materiales que permitan al sector público cumplir con sus deberes, no se visualiza cómo vamos a ser capaces de utilizar de forma óptima tantos fondos y en plazos tan apretados.
Esta urgencia que tiene plazo – el 2022 no puede ser una continuidad del 2021- ha de suponer un salto en ambición y en resultados. Todo depende de que el Gobierno, que en estos días está empeñado en decir que ya se han lanzado proyectos para el 21% de los fondos disponibles, aterrice, escuche a los encargados de hacerlos y cambie, de forma rotunda, tanto procedimientos como ritmos.
Por último y como la guinda que preside la tarta, en estas últimas semanas, un hecho ha ennegrecido el panorama de la financiación pública de la I+D+I. En los Presupuestos Generales del Estado 2020, recientemente en vías de aprobación y dentro de la formulación del impuesto mínimo para Sociedades se han limitado las deducciones que las empresas más activas en I+D+I podrían hacerse al estar obligadas a cumplir con el 15% mínimo fijado. A este límite se han producido excepciones sectoriales sin que la I+D+I, a pesar de iniciales mensajes, se haya visto incluida.
Semejante incoherencia, formular ESPAÑA PUEDE, donde se han de poner cinco euros privados por cada euro público, y al mismo tiempo retirar los incentivos fiscales, por otra parte, los más valorados por parte de las empresas, es toda una señal de que en algunos rincones de la Administración General del Estado (AGE) se sigue sin comprender el factor anticíclico que tienen estas inversiones que, sin duda, generarán relevantes incrementos de ingresos en las arcas públicas en los próximos años. Incoherencia que se debe corregir en el Senado o en posteriores formulaciones de las políticas fiscales provenientes del informe que el Grupo de Expertos del Ministerio de Hacienda nos tiene anunciado para el próximo mes de febrero. Como ejemplo se podrían tomar regulaciones de algunas Comunidades Autónomas donde dichas excepciones se vienen produciendo y traduciendo en que dichos territorios son los primeros en inversión en I+D en los rankings que el INE acaba de publicar.
No perder la ilusión y confiar en que no se malogre esta oportunidad, presiden los mejores deseos para esta nueva versión de la política de I+D+I que abarcan otros muchos ámbitos donde las limitaciones de este artículo impiden entrar en detalle. Tal vez, en otras entregas, podamos profundizar en esos otros reductos: revisión de la Ley de la Ciencia, los procesos de cooperación entre la investigación pública y la privada y un largo etcétera.
