Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez
La frenética reforma de la sedición, malversación y enriquecimiento ilícito –en apenas dos semanas– reabre la caja de los truenos del Congreso, enfrenta a las instituciones y solivianta a nuevos y viejos socialistas por legislar ‘al dictado’ del independentismo. La oposición –PP, Vox y Cs– se divide entre la censura y la petición de elecciones ante lo que considera un ataque al Estado de Derecho, mientras la mayoría de Gobierno acusa a la derecha de querer ‘parar la democracia con togas’. La Generalitat mantiene su intención de celebrar un referéndum que el Ejecutivo asegura no se producirá. Las normas aprobadas, que el Senado debe ratificar también de forma exprés, beneficiarían a una treintena de enjuiciados y condenados del ‘procés’, incluidos Junqueras y Puigdemont.
La reforma exprés de los delitos de sedición, malversación, enriquecimiento ilícito y modificación de las mayorías para elegir a los magistrados del TC –en apenas dos semanas, sin informes previos y urgencia legislativa– reabre la caja de los truenos en el Congreso, enfrenta a los poderes del Estado en una situación sin precedentes y solivianta al propio partido mayoritario donde nuevos y viejos socialistas levantan la voz. Lo que Sánchez considera ‘decisiones arriesgadas’ para rescatar Cataluña de la crispación, la oposición lo ve como un gesto de autoritarismo y un ataque al Estado de Derecho. El presidente del Gobierno no quiere que Cataluña y España vuelvan a sufrir los «aciagos» días de 2017 (con la efímera proclamación de independencia). De ahí su determinación para «sacar la confrontación de los juzgados» a pesar del «atropello de la derecha política, judicial y mediática».
Censura vs. elecciones
La penúltima y tormentosa sesión de 2023, con acusaciones mutuas de ‘golpismo, enfrenta a PP, Vox y Cs contra el gobierno por cometer «fraude» y declarar la independencia de Cataluña ‘de facto’, y la imputación socialista a la oposición de querer ‘parar la democracia con togas’ como los tricornios en 1981. Feijóo se compromete a “reponer el orden constitucional”, con la presión de Abascal y Arrimadas para sumarse a la moción de censura anunciada por Vox. La formación ultraconservadora insiste en la que sería su segunda censura fallida para evitar la ‘deriva autoritaria’ de Sánchez.
Reforma con referéndum
Lo que en principio sólo iba a reformar el delito de sedición por parte del gobierno y sus socios parlamentarios –especialmente ERC– se convierte en un gran cajón legislativo para cambiar, añadir o eliminar delitos y penas en el Código Penal. El popurrí de iniciativas y enmiendas presentadas por PSOE, Podemos y el partido republicano reduce el delito de malversación, cambia la sedición por la figura de desórdenes públicos, castiga el enriquecimiento ilícito, endurece los delitos contra los derechos de los trabajadores, garantiza la protesta pacífica y desbloquea la renovación del Tribunal Constitucional con el cambio de mayorías para elegir a sus magistrados. Tras el refrendo de la Cámara Baja, que el Senado debe ratificar en apenas otra semana, la Generalitat de Cataluña pone las luces ya en la próxima consulta sobre la autodeterminación.
La estrategia del Govern no es otra que la resolución del “conflicto” con España, en base a la amnistía y el derecho a referéndum. El presidente de ERC, Junqueras –posible beneficiario de la reforma– defiende la consulta unilateral al no ser ‘delito’ ni estar en el Código Penal. El requisito es que voten los mayores de 16 años y se pueda proclamar la independencia con una participación del 50% y el ‘sí’ del 55%. Su portavoz en Madrid, Rufián, asegura que la reforma está pensada para «futuros hechos» y no para los condenados del ‘procés’.
Grietas del PSOE
Lo que el marxismo no logró dinamitar en tiempos pasados dentro del PSOE, hoy genera el mayor disenso con discrepancias que suben de tono y duros reproches del viejo y nuevo socialismo. La reformas penales incluso logran conciliar al tándem González-Guerra preocupados por la deriva del Gobierno. Mientras el exvicepresidente advierte de que legislar con nombres y apellidos «corrompe la política», González asegura que la tipificación de desórdenes públicos ni se ajusta a la realidad, ni tiene comparación con Europa. Ex ministros como Molina, Cosculluela, Zapatero, García Vargas o Corcuera ven en las medidas una “ruptura” del orden constitucional. El presidente de CLM, García-Page, ve intolerable “pactar con delincuentes su propia condena”. La multi reforma disgusta también a socios de gobernabilidad como Bildu, Compromís, BNG, CC y PRC que se dividen entre el rechazo y la abstención al ver una «vía de escape» para los corruptos.
Beneficiados del ‘procés’
Las normas aprobadas en el Congreso, que el Senado debe ratificar en apenas una semana -el día de la Lotería Nacional, 22-D– beneficiaría a una treintena de enjuiciados y condenados del ‘procés’, incluido Puigdemont, al que la desaparición del delito de sedición y la rebaja a un máximo de cuatro años de la malversación limitaría una eventual condena en caso de volver a España. Esta situación afecta a casos ya juzgados, como al resto de prófugos y la veintena de ex cargos políticos investigados o en espera del juicio. Nueve de ellos fueron condenados por el Supremo a penas de entre 9 y 13 años (Junqueras, Forcadell, Romeva, Bassa, Turull, Rull, Forn, Sánchez o Cuixart). El Tribunal deberá revisar las penas para ajustarlas a los nuevos tipos, incluida la inhabilitación de Junqueras, que concluye en 2031, junto al resto de políticos que eludieron la justicia (Rovira, Puig, Comín y Ponsatí).
La estrategia de Sánchez sigue siendo blindar el gobierno de coalición, cerrar el año con la mayor cosecha legislativa y comenzar 2023 poniendo distancia entre la voladura de la sedición y la gran traca electoral de mayo.
Lapidario
«La derecha ya quiso parar la democracia hace 41 años con tricornios y ahora lo intenta con togas».
Felipe Sicilia. Diputado del PSOE
Nombres Propios
Referéndum, no; consulta, sí
Hasta seis ministros salen en tromba junto al portavoz parlamentario y el secretario general del PSC, para negar que vaya a ver referéndum de autodeterminación en Cataluña. Montero, Iceta, Bolaños, Rodríguez, Llop y Alegría rechazan celebrar cualquier consulta sobre la independencia, sea unilateral o pactada. Más contundente, Salvador Illa, advierte a la Generalitat de que deje de engañar, aunque abre la puerta a una consulta pactada sobre el autogobierno con reforma del Estatut. Los portavoces del Govern en Barcelona y Madrid ironizan que no es la primera vez que el PSOE dice una cosa y rectifica después. El PP no duda que se ‘convocará’ el referéndum.
Grietas del nuevo y viejo PSOE
La mayor reforma penal de la legislatura salta las costura del partido mayoritario cuyas discrepancias afectan por igual al viejo y nuevo socialismo con la callada preocupación de cargos internos. Las críticas más duras las profiere el manchego, García-Page, que ve “intolerable pactar con delincuentes su propia condena», mientras el aragonés Lambán apuesta por “rearmar al Estado” ante la hoja de ruta independentista. El exvicepresidente Guerra advierte de que legislar con nombres y apellidos «corrompe la política» y exministros como César Antonio Molina, Cosculluela, Zapatero, García Vagas o Corcuera tienen claro que la reforma penal supone una “ruptura del orden constitucional”.
