Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez
La controvertida –aunque licita– regularización fiscal de Juan Carlos I sirve como moneda de cambio y enfrentamiento político, con la Corona de fondo. Mientras la cohabitación del Ejecutivo hace saltar de nuevo los plomos de la gobernabilidad, en el PSOE se alzan más voces para implementar una Ley de la Corona que despeje el futuro de la Monarquía, que para Podemos está en peligro de “implosión”. Adriana Lastra considera “fructífero” el primer año de legislatura y Casado impone la renovación del CGPJ después de los comicios catalanes.
La situación del rey emérito se deteriora cada vez más después de la regularización fiscal de sus cuentas en el exterior para evitar una posible sanción y la pretensión de volver a España desde su retiro en Abu Dhabi. La controvertida –aunque licita– actuación de Juan Carlos I sirve como moneda de cambio y hasta de enfrentamiento político con la Corona de fondo. El paradigma de la implosión lo protagonizan las dos formaciones coaligadas en el Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– con diferentes almas y estrategias contrapuestas para apuntalar la institución o erosionarla en favor del modelo republicano de Estado.
Implosión de la Corona
Lo que Podemos califica de “confesión de culpa” del exjefe del Estado y “vergüenza internacional”, la ministra portavoz (Montero) lo ve como síntoma de normalidad ante la ley que “todos han de cumplir”. El presidente Sánchez recuerda que lo que se juzga es a personas y “no a una institución” por lo que la monarquía parlamentaria “ni está en peligro” ni tampoco la Constitución. Ello, a pesar del vendaval provocado por la formación de Pablo Iglesias, empeñada en cuestionar la Monarquía y el peligro de “implosión” por su “corrupta” forma de proceder que el diputado Rafa Mayoral pretende solucionar con la celebración de un referéndum sobre el modelo de Estado.
Aunque la cohabitación del Ejecutivo hace saltar de nuevo los plomos de la gobernabilidad, en el PSOE cada día se alzan más voces para implementar una Ley de la Corona que despeje el futuro de la Monarquía, con el mayor consenso posible, para reforzar sus funciones con límites y transparencia. De momento, Izquierda Unida y el Partido Comunista ejercen ya la acusación popular –tras pagar 12.000 euros de fianza– para continuar la causa contra el anterior monarca por la supuesta comisión de 13 delitos.
Año fructífero
Mientras el optimismo ciudadano se desborda con la cercana Navidad y las primeras vacunas en enero, el Parlamento apura los debates del primer año de la legislatura con intención de habilitar el primer mes de 2021 para tramitar iniciativas como la Ley de Cambio Climático o la comisión del ‘caso Kitchen’. La investigación de la presunta utilización ilícita de recursos del Ministerio del Interior para espiar al tesorero del PP (Luis Bárcenas) «con la finalidad de favorecer intereses políticos de la formación”, se retomará tras la aprobación de los Presupuestos y la comparecencia del expresidente Rajoy y el comisario Villarejo, hoy en prisión. En la comisión impulsada por PSOE y Unidas Podemos no comparecerá el líder ‘popular’ Pablo Casado a pesar de la intensión de Pablo Iglesias.
Lo que para los socialistas ha sido un año difícil, aunque fructífero, tras la lucha contra la pandemia y la aprobación de los primeros PGE del Gobierno de coalición, según Casado no es otro que el del “incumplimiento” de todas las promesas de Pedro Sánchez, escorado hacia el independentismo radical de Bildu y ERC.
Adriana Lastra (PSOE) recuerda las 43 iniciativas legislativas aprobadas (8 leyes y 35 Reales Decretos) en sólo diez meses, incluidas la Ley de Educación, tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, derogación del despido, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el ingreso mínimo vital. Por delante quedan otras medidas como la ley de Eutanasia y la de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
Renovación del CGPJ tras el 14-F
La lucha por controlar el órgano de los jueces se reabre esta semana con el debate de la última iniciativa presentada por PSOE y Unidas Podemos para limitar sus funciones con un mandato caducado. Se trata de la enésima alternativa para sortear el prolongado bloqueo del PP para la renovación del CGPJ, que Podemos quiere dinamitar a su vez con una reforma alternativa que incluya mayoría de votos y grupos necesarios para el nombramiento de sus integrantes.
La formación de Casado muestra su disposición a renovar el organismo tras las elecciones catalanas (14-F) a condición de que no haya indultos y se excluya a Podemos, lo que Iglesias considera una “provocación” y el Gobierno conmina a dejar las “excusas” para aplicar un acuerdo prácticamente “cerrado”. Desde el poder judicial se desafía la “prohibición” del Ejecutivo de impedir la designación de nuevos jueces que pretende continuar en el Pleno del día 17. Los nuevos magistrados ocuparían las presidencias de la Audiencia de Cáceres, las Salas de lo Social de los Tribunales de Castilla y León, País Vasco y el Contencioso-Administrativo de Asturias.
Escrivá no ve la minisemana laboral
El ministro Escrivá cree que en España no hay “margen” para implantar la semana laboral de cuatro días del diputado Errejón, que Mas País vuelve a presentar en el Senado en la tramitación de los Presupuestos. La subvención de 50 millones a las empresas que apuesten por rebajar un día la jornada laboral cuenta con el apoyo del vicepresidente Iglesias, que incluso asegura que la estudia el Ministerio de Trabajo. Para el titular de la SS la medida “no es una prioridad” en un país como España, con los actuales niveles de productividad y competitividad.
Lapidario
“La monarquía parlamentaria no está en peligro. Ni va a haber un régimen bolivariano ni se va a volver a franquismo”.
Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno.
Nombres propios
Las «gilipolleces» de Echenique
El portavoz de UP califica de “vergüenza internacional” la regularización fiscal del rey emérito, mientras tilda de “gilipollez” su vinculación con la sociedad que investigan los tribunales por el cobro de 425.443 euros por trabajos realizados durante la campaña electoral de 2019. Echenique figura como apoderado de Neurona, radicada en Jalisco (México), sobre la que la Fiscalía ve «indicios delictivos» por los servicios contratados como «empresa ad hoc” cuyo objeto sería «la propia financiación del partido». La oficina antifraude de la UE investiga también los pagos del Parlamento Europeo a Neurona por 3.200 y 2.600 euros.
Los dislates de Zapatero
El expresidente del Gobierno contradice la tesis del ejecutivo español, junto a la OEA y la propia UE, de rechazar las elecciones en Venezuela por fraudulentas e incumplir las «mínimas garantías democráticas». Su polémico acercamiento al régimen de Maduro también le granjea reproches desde PP y Cs por legitimar una “farsa electoral” alejada de la democracia y los derechos humanos. La ministra González Laya pide escuchar “atentamente” a Zapatero, que exige a Europa «separarse» de Trump y una “reflexión sosegada» sobre Venezuela. Del exdirigente socialista se recuerda la última decisión de su Gobierno (2011), al indultar al consejero delegado del Santander condenado a prisión por una denuncia falsa.
