Luis Carlos Ramírez
El primer ensayo autonómico de la legislatura reafirma el crecimiento de Vox y de los partidos uniprovinciales en León, Soria o Ávila, con exiguo triunfo del PP que deberá negociar el Gobierno. Ni Sánchez consigue el ‘cambio de ciclo’ en CyL, ni Casado reafirma su liderazgo con la dependencia de Abascal en todo el territorio nacional. El desenlace castellano es visto con preocupación por el resto de la España que se rearma al constatar el avance de parlamentos aún más fraccionados. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se replantea el adelanto electoral preocupado por el ascenso de Vox.
Las segundas elecciones autonómicas de la legislatura se saldan con un Parlamento más polarizado, el exiguo triunfo del Partido Popular, escalada meteórica de Vox y el refuerzo de la España uniprovincial. CyL pasa de seis a ocho formaciones, con retroceso de los partidos de izquierda que se dejan ocho escaños –PSOE y UP–, un ascenso sin precedentes de la extrema derecha hasta los 13 y la casi desaparición de Ciudadanos que apenas conserva un procurador.
Exigua victoria
La pretensión del vencedor y actual presidente Mañueco –alejado de la mayoría absoluta– es la de gobernar en solitario, aunque su imprescindible socio de investidura no se lo pondrá fácil al exigir la vicepresidencia de la comunidad y hasta la aplicación de su programa electoral. La estrategia ‘popular’ de expulsar a un socio ‘traidor’ como Cs para ganar estabilidad, sale más que trasquilada tras el crecimiento de Vox –de uno a 13 escaños– cómo único sostén del futuro gobierno, so pena de apoyarse en los partidos provinciales reacios a apoyar el extremismo.
Los ‘populares’ consiguen una amarga victoria lejos de la mayoría absoluta y de los pronósticos iniciales. El cambio de socios para mantenerse en el poder (Arrimadas por Abascal) amenaza con convertirse en un lastre de las huestes de Casado, condenado a depender de la extrema derecha en todo el territorio nacional. Mientras, ¡Soria Ya! fulmina el bipartidismo en su territorio, redoblando los votos cual aviso a navegantes; el leonesismo se consolida también en su ‘reino provincial’ y XÁvila emerge por vez primera en su capital.
Polarización y gobernabilidad
El desenlace castellano es visto con preocupación por el resto de la España que se rearma al constatar el avance de parlamentos aún más fraccionados y la réplica de formaciones uniprovinciales que complican la gobernabilidad. A partir de ahora, el gran problema de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto en el ámbito nacional como autonómico, será la articulación de mayorías para superar el distanciamiento y la inestabilidad
De momento, el empeño de Sánchez y sus ministros por iniciar un cambio de ciclo y finiquitar 35 años de poder ‘popular’ en CyLdeberá esperar mejor ocasión, igual que Casado debe hacerse mirar la fragilidad de su liderazgo y las ínfulas obsesivas por ‘asaltar’ la Moncloa tras el avance imparable de la derecha de Abascal y su crecimiento en todo el territorio nacional.
Las Cortes castellanas se constituirán el 10 de marzo, con cincuenta días para la formación de gobierno. En Andalucía, su presidente aguarda expectante el desenlace para decidir si también aprieta el botón electoral con todas las consecuencias. Moreno ve con preocupación el ascenso de su rival conservador, tanto en CyL como en su feudo, que podría movilizar a la izquierda. Su intención inicial de adelantar los comicios a junio u octubre podría estancarse para ‘reflexionar’ y llegar al tiempo limite de diciembre.
Los impuestos tensan de nuevo al Gobierno
La “inoportuna” reforma fiscal de Podemos, según la ministra Montero, eleva la presión sobre su socio de coalición con la advertencia de sacarla adelante sólo a través del bloque de investidura. La dirigente de la formación y ministra Belarra cree que lo inoportuno es que en España trabajadores y pymes paguen “el doble de impuestos” que las grandes empresas”. El PSOE ve inviable aumentar en 30.000 millones la recaudación, con la sustitución de Patrimonio por una tasa a las grandes fortunas, aumentar el impuesto de Sociedades a las eléctricas y subir los tipos del IRPF desde 120.000 euros. La reforma de UP también incluye impuestos para la Salud (con aumento de la recaudación en 800 millones), grabar las viviendas vacías (1.700 millones), una tasa digital (500) o la nueva fiscalidad verde (1.500). El impuesto a las fortunas –que no sería bonificable para evitar casos como el de Madrid– llegaría al 2% para quienes superen el millón de euros. Otra propuesta ‘ambiciosa’ incluye un “impuesto sintético” a la calidad nutricional para penalizar alimentos “nocivos para la salud”.
Sánchez, el PP y Batet
Una semana después de la convulsa aprobación de la reforma laboral, presidente y vicepresidenta segunda del Gobierno se conjuran para dar mayor estabilidad a la coalición. El error ‘involuntario’ del diputado Casero, que pudo costar la dimisión de Yolanda Díaz, refuerza la estrategia de PSOE y Podemos para evitar nuevas deserciones de sus socios. El PSOE da por hecho que el PP compró la voluntad de los dos diputados de UPN que se saltaron la disciplina de voto para intentar tumbar la norma. Los ‘populares’ acusan de “sectarismo” a la presidenta Batet por dilatar la reclamación que estudia esta semana el Congreso, tras avisar que llegarán a las últimas instancias incluido el Constitucional. PP y Vox exigen la dimisión del ministro Marlaska y crear una comisión para investigar los beneficios a los presos de ETA, obtenidos tras los “frecuentes” contactos desde 2019 entre altos cargos de Interior y el entorno proetarra. El Gobierno asegura que se mueve en “los márgenes de la Ley».
Lapidario
“El Consejo de Ministros no hace electoralismo. Me importa el campo”.
Luis Planas. Ministro de Agricultura (tras aprobar un PERTE agroalimentario de 1.000 millones)
Nombres Propios
El Congreso ratifica la reforma
Los letrados de la Cámara validan la reforma laboral –como ya ratificó su presidenta– tras el informe que descarta fallo telemático en el voto del diputado ‘popular’ Alberto Casero. Los asesores legislativos consideran “válida e irrevocable” su votación, aunque fuese por error’, y descartan la vulneración de cualquier derecho. El PP recurre en amparo al Tribunal Constitucional por lo que considera un “atropello democrático” que “vulnera” la Carta Magna al impedir, advertido con carácter previo, que el voto fuera conforme a su voluntad. Para su portavoz, Cuca Gamarra, la decisión “no cambia nada”.
Calviño amonesta al PP
La ministra de Economía pide al PP que pare “el boicot” en las instituciones europeas por el reparto de fondos y le acusa de «falta de patriotismo» por ir a Bruselas a cuestionar los criterios del Gobierno. Según Calviño, el 94% del dinero distribuido a las CC AA se ha consensuado en las conferencias sectoriales. La oposición crítica lentitud en la ejecución y exige conocer el volumen que ha llegado a la economía real. El PP insiste en el “clientelismo y la corrupción” del Ejecutivo y denuncia que un 20% de los fondos “se dan a dedo”. La mitad de ellos ha ido a las autonomías más pobladas (Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia).
