Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez ■
El denominado asunto ‘Mediador’, iniciado en los despachos del Congreso, preocupa al partido en el gobierno que ha exigido una investigación interna para dirimir o descartar presuntas responsabilidades más allá de su destituido diputado Bernardo Fuentes. El PSOE aplica la tolerancia cero para atajar la presunta corrupción, que el PP pretende investigar en la cámara con el apoyo de los socios del ejecutivo. La investigación se salda, de momento, con imputaciones por cohecho, falsedad, tráfico de influencias y prisión para un general de la Guardia Civil. En paralelo, la Audiencia Nacional mantiene la imputación del ex ministro de Rajoy, Fernández Díaz, para el que pide 15 años de cárcel por el caso Kitchen.
El Parlamento y la calle continúan consternados por los comportamientos que se creían superados tras más de un centenar de casos de corrupción política en los últimos años. Semejantes practicas emergen en plena precampaña electoral salpicando a los dos grandes partidos con los casos del ex diputado socialista Bernardo Fuentes y del exministro de Rajoy, Fernández Diaz, que pasan a engrosar la larga lista de imputados por la justicia.
Convulsión socialista
El denominado asunto ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’ es aún más escabroso al haberse iniciado en los despachos del Congreso con una primera toma de contacto con empresarios -a cambio de subvenciones y adjudicaciones- que negociaban en restaurantes y fiestas con drogas y prostitutas. La investigación judicial -por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y grupo organizado- se salda de momento con la imputación del ex parlamentario canario, el empresario Antonio Navarro y el general de la Guardia Civil y ex jefe de la comandancia de Las Palmas, Francisco Espinosa, ya en prisión.
La posible participación de más diputados preocupa al partido en el gobierno que ha exigido una investigación interna para dirimir o descartar presuntas responsabilidades. En las filas socialistas se califica directamente de “vergüenza” y “repugnante” lo ocurrido, sin ninguna justificación. Su portavoz en la cámara baja, Patxi López, asegura que “no hay ningún otro diputado que se haya deslizado por la pendiente de la corrupción”, con la advertencia de que cualquier actividad “corrupta o deshonesta”, contraria a los principios éticos del PSOE, implicará la expulsión. Igual de contundente se muestra el presidente Sánchez, quien resalta que su partido “ataja la corrupción” en lugar de encubrirla, como ocurrió a las pocas horas de conocer el caso.
Investigaciones a izquierda y derecha
El PP, por su parte, anuncia la personación como acusación popular, al tiempo que solicita la comparecencia de los ministros Calviño, Robles, Marlaska y Albares, y registra la petición de una comisión de investigación que apoyarían VOX y Ciudadanosjunto a otros socios del gobierno como ERC y Compromís. Para el socio de coalición, Unidas Podemos, se trata de un asunto “gravísimo” que merece la condena «más contundente» por implicar conductas «ilegales e inmorales» en un caso de corrupción que aleja al electorado progresista de la política. Ello no implica “seguir el juego” del PP, ni apoyar ninguna iniciativa parlamentaria que proceda del “partido más corrupto del continente”. Recuerda el portavoz de UP, Pablo Echenique, que su formación surgió entre otras razones para que se dejara de “normalizar” la corrupción del bipartidismo.
Superada otra comisión de investigación similar en la cámara baja sobre el espionaje parapolicial del caso Kitchen, la investigación judicial da paso a su vez a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años de prisión para el que fuera ministro del Interior en la era Rajoy. Fernández Díaz está imputado por el espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, con utilización de fondos reservados, igual que su número dos en el departamento, Francisco Martínez y el comisario Eugenio Pino, a quienes se acusa de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. En las filas del PP, la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, deberá aclarar en la comisión de incompatibilidades si incumplió el Código de Conducta de las Cortes por su tardanza en actualizar su declaración de bienes y rentas tras el presunto caso de corrupción que afecta a su marido.
Para que nada quede, la ex presidenta del Parlamento catalán permanece imputada por prevaricación y falsedad documental por fraccionar 18 contratos públicos entre 2013 y 2018. La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Laura Borràs. al considerar probado que la dirigente de JxCat abusó de contratos menores sin concurso público para beneficiar a un conocido suyo, el informático Isaías Herrero.
La corrupción de nunca acabar
En los últimos veinte años, -desde 2000 a 2020- se han producido casi 4000 casos de corrupción en España, según un estudio de la Universidad de Barcelona. En total, 3.743 casos de corrupción política —presuntos y condenados— en todos los niveles de organización territorial que trasciende a casos todavía en los tribunales de Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia o Baleares. PP y PSOE son las formaciones que acumulan más causas en alcaldías, diputaciones y gobiernos regionales. Mientras el Partido Popular lidera el ranking en 7 comunidades -41,2% con un 80% de casos (Gürtel, Lezo, Púnica)-, el PSOE es el más afectado en cinco de ellas por los EREs de Andalucía, además de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias. Málaga es la provincia con mayor número de casos absolutos en toda España (258 y un 7%), sobre todo con la operación Malaya que destapó hasta 61 casos en el ayuntamiento de Marbella. Le siguen Alicante, con 197 casos, seguida de Sevilla, Madrid y Barcelona.
Lapidario
“Algunas empresas nos dicen que esperan que no cambie el Gobierno”.
Nadia Calviño. Ministra de Economía (tras reprochar la deslocalización de Ferrovial)
Nombres Propios
Guerra de ministros y precios
En plena subida de tipos (un 50%) y descontrol de la inflación, la ministra de Hacienda califica la escalada de precios de “pequeño incremento” que “se ira corrigiendo” en los próximos meses. Su colega de gabinete en Trabajo urge el control de las hipotecas y a limitar también el coste de los alimentos. Yolanda Díaz insiste en crear una cesta de la compra con 20 productos básicos “de calidad”, precios limitados y de rotación semanal. Ello supone actuar en los márgenes empresariales, que a su juicio es “completamente legal”, mientras el ministro de Agricultura, Luis Planas, vuelve a rechazar semejante tope puesto en prácticapor Orbán en Hungría “disparando la inflación al 49%”
Nogueras, amonestada
La portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, será amonestada por desplazar la bandera de España en plena rueda de prensa con la excusa de estar cerca del atril reconociendo que la de Europa reconociendo que la enseña europea la representa más que la nacional. El apercibimiento -sin sanción- se justifican en los artículos 16 y 105 del Reglamento de la cámara y que obliga a todos los diputados «a adecuar su conducta y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria«. Las protestas de PP, Vox y Ciudadanos ante la Mesa de la cámara, máximo órgano de la institución, son atendidas por la presidenta Batet empeñada en hacer cumplir la Constitución y respetar sus símbolos.
