Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez
La tramitación de los indultos a los presos del ‘procés’ y la reforma del delito de sedición que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar con “normalidad democrática” vuelve a abrir en canal el Hemiciclo a derecha y e izquierda. PP, Vox y Cs recurrirán lo que consideran la “consumación del golpe de Estado” que se perpetró en Cataluña en 2017. Para Casado es el precio a pagar por la investidura de Sánchez y el apoyo a los Presupuestos 2021. El Gobierno considera una obligación jurídica iniciar el trámite de peticiones solicitadas tanto para la expresidenta del Parlament, Forcadell, como para Junqueras, Forn, Rüll, Romeva, Turull, Bassa, Vila, Borràs, Mundó, Cuixart y Sànchez. Partidos y asociaciones independentistas (ERC, JutsxCAT, ANC y Òmnium) reciben con indiferencia el anuncio, exigiendo una ley de amnistía para los líderes encarcelados. Cuestión distinta es la reforma del Código Penal para rebajar la pena de sedición, a cuatro años, que sería aplicable al fugado Puigdemont al no haber sido juzgado.
Convulsión política y politización judicial
Entre tanto, continúa el enfrentamiento de la clase política utilizando la pandemia como arma arrojadiza entre Gobierno y oposición, y hasta entre las maltrechas autonomías cuyos fondos para combatir la crisis están al borde del colapso. Sólo hay que rememorar la veintena de veces desde que comenzó la legislatura, en la que todos y cada uno de los líderes –Sánchez, Casado, Abascal, Iglesias, Rufián, Arrimadas…– se echan los muertos en cara como estrategia para la erosión o defensa de sus propios intereses. Al enconamiento parlamentario se suma la politización judicial utilizada como elemento de presión en los asuntos abiertos en los tribunales por causas partidistas o institucionales (PP, Podemos, PdeCAT, Generalitat).
Caso aparte merece la situación de la Justicia, cuyo descrédito aumenta cada día, apuntalado por revelaciones como la del fiscal Navajas. Su denuncia de “contaminación ideológica” de los propios compañeros –“una tropa con la que no puede ir ni a la guerra”– por tratar de influir en el informe en el que pide archivar todas las querellas contra el Gobierno por la gestión del Covid, es un ejemplo más. La “esclavitud ideológica” imputada redunda en la percepción ciudadana de profunda desconfianza en el tercer poder del Estado, sobre el que la mitad de los españoles (48%) cree que la Administración de Justicia “funciona mal o muy mal” y está “politizada” (CIS 2019).
Calvo vs. Gamarra
La vicepresidenta Calvo acusa al PP de “aprovechar” la pandemia del coronavirus para “debilitar” la calidad de la democracia, con sus propuestas de reforma de la ley sanitaria. Además, pide a la oposición que dejen de ser un partido “tardofranquista” y lo demuestren apoyando la Ley de Memoria. La portavoz ‘popular’ acusa al Gobierno de huir del Congreso eludiendo contestar sus preguntas. Gamarra recrimina a PSOE y Podemos su estrategia de alentar manifestaciones y el intento de tapar en la Cámara la nefasta gestión de la crisis mientras aceleran la investigación del ‘caso Kitchen’ y no las finanzas de UP.
Fracaso institucional
Las consecuencias de que España se haya convertido en el epicentro del segundo brote del coronavirus en Europa no sólo se deben a la irresponsabilidad de parte de la ciudadanía sino, en especial, a la incapacidad de las instituciones estatales y, sobre todo, autonómicas para taponar la mayor sangría de contagios y muertes que sitúan a nuestro país como paradigma de la imprevisión.
Buena parte de nuestros representantes públicos han actuado con no pocas dosis de imprevisión al hacer oídos sordos de las advertencias de los asesores científicos y colectivos médicos que a punto está de provocar el colapso del sistema y la desesperación ciudadana. Ya no son sólo los organismos internacionales, como la OMS, quienes recriminan las tardías estrategias para controlar la pandemia. También las instituciones económicas sitúan a nuestro país al borde de la recesión con pronósticos preocupantes. En apenas ocho meses, España ha pasado del estado de alarma y el confinamiento total, a una gestión sanitaria fragmentada de las comunidades que se torna en fracaso quasi total. El INE pronostica que 2020 acabará con 51.000 muertos más que en 2019 y un año menos de esperanza de vida, con una recesión técnica de la economía del 17,8% de PIB y el repunte del desempleo del 22% entre marzo y junio.
Presupuestos y pensiones
La ministra Montero prevé presentar unos Presupuestos “inéditos” –consensuados ya al 80% por la coalición– en octubre, para aprobarlos en enero, Escrivá asegura que las pensiones se revalorizarán con el IPC y el Banco de España advierte de que tal subida supondría un incremento anual de 20.000 millones en 2030.
El rey Felipe VI deja de presidir en Cataluña, por primera vez, la entrega de despachos a los jueces con enfado de la propia judicatura, y los tribunales revocan el tercer grado de semi-libertad a Urdangarin.
Las exministras del PP (Tejerina y Báñez) ‘fichan’ como consejeras independientes en Consejos de Administración de filiales de Iberdrola en Brasil y México. Y van…
Lapidario
“Ustedes no volverán a formar parte del Consejo de Ministros”. Pablo Iglesias. Vicepresidente del Gobierno (al PP)
Nombres propios
Soledad de Arrimadas
La presidenta de Cs ve malogrado el intento de despolitizar la elección del Poder Judicial (CGPJ) para evitar “bloqueos y dedazos políticos”. Su propuesta de ley para que los veinte vocales sean designados por los jueces fue rechazada por nacionalistas, UP y PSOE al no compartir la “concepción corporativista y sin legitimidad democrática” del gobierno de los magistrados. La actual LOPJ establece que ocho vocales deben ser propuestos por Congreso (4) y Senado (4) entre juristas de reconocida competencia, mientras los doce restantes son escogidos también por las Cámaras (seis cada una) entre jueces y magistrados en activo.
Garcés vs. Calviño
El portavoz económico del PP continúa marcando a la vicepresidenta Calviño, a la que recrimina aplicar un efecto placebo que hunde la economía con aumento del gasto público y preocupante caída en la recaudación de impuestos (Sociedades, IVA e IRPF). La vicepresidenta defiende que la recuperación ya está en marcha con un PIB que ha crecido más del 10 % entre julio y septiembre por lo que pide “lealtad” para trabajar juntos. El diputado aragonés rechaza unirse a un proyecto que «destruye» empleos y sitúa a España como “el peor país de la UE”.
