Crónica Mundana / Manuel Espín
La deriva autoritaria de los dos Estados con Ejecutivos más a la derecha de la UE puede poner en una difícil tesitura a las instituciones comunitarias y amenazar al fondo de recuperación de 750.000 millones, de los que 140.000 deben corresponder a España. La luz roja hace tiempo que está encendida con Hungría y Polonia. Ambos se niegan de forma rotunda a acoger inmigrantes en su territorio, y mantienen con la UE una creciente divergencia. Bruselas desempolva el artículo 7 del Tratado por violación del Estado de Derecho. En los dos Estados la independencia judicial se pone en entredicho; en Polonia se jubila a los jueces del Supremo de más de 65 años; en Hungría, Orbán se aprovecha de las medidas de excepción por la crisis del Covid gobernando por decreto con el natural quebranto de la división de poderes. Además, la libertad de expresión aparece cada vez más hipotecada, y las amenazas contra ONGs y minorías parecen impropias para un país de la UE. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pone el foco en los incumplimientos de las normas comunitarias por parte de dos países donde el Estado de Derecho se desdibuja. Más rotunda es la comisaria Vera Joureva, que dice que “Hungría es una democracia enferma”. Lo que ha irritado a Orban, que en nombre de su gobierno pide el cese inmediato o la dimisión de la responsable checa.
“Mientras Bruselas activa el artículo 7 del Tratado por violación del estado de derecho, los dos gobiernos ultraderechistas amenazan con bloquear los presupuestos comunitarios y el fondo de recuperación post Covid”
La situación preocupa en la Eurocámara, no sólo en los grupos de centro e izquierda, sino en los conservadores. Varios partidos europeos de este signo pertenecientes al PPE piden la salida de su grupo de Fidesz, el partido de Orban, asociado a esa formación en el Parlamento Europeo. El PP de Casado no ha suscrito la petición, en lo que parece una incongruencia: si se critica la deriva antidemocrática del régimen de Maduro también hay que hacerlo con gobiernos europeos que no respetan el Estado de Derecho, aunque sus partidos pertenezcan al grupo. El Ejecutivo polaco de Ley y Justicia, igual que Orban, dice que sus reformas judiciales “son parecidas a las que Pedro Sánchez quiere implantar en España para desbloquear la elección del CGPJ”.
El problema se planteará en carne viva en la negociación del presupuesto comunitario para 2021-2027. El uso del veto por cualquier Estado puede bloquear las decisiones del bloque. En estos momentos hay dos subgrupos informales dispuestos a jugar sus cartas. Por un lado los llamados ‘países frugales’ (Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia) partidarios de imponer un fuerte control sobre las partidas y especialmente la utilización de los ‘fondos covid’, bajo una política de ajustes presupuestarios; frente a los grandes estados de la UE (Francia y Alemania) y especialmente los del Mediterráneo. Por otro los políticamente más a la derecha (Polonia y Hungría), que recelan constantemente de Bruselas, boicotean la política inmigratoria, consideran una imposición la política de derechos y libertades, y mantienen enorme distancia respecto a Berlín y París. En ambos casos emplean con sus ciudadanías un mensaje populista-nacionalista-patriótico-ultraderechista: pero, a su vez, necesitan de las ayudas comunitarias, y de la asignación de la parte que debe corresponderles del montante de los fondos anticrisis. Bruselas se encuentra con un problema que arrastra desde hace años: el Estado de Derecho es imprescindible para seguir formando parte del club europeo, y no hay justificación ni pretexto para evadir esa obligación. Hace sesenta años la España franquista quiso entrar en el antiguo Mercado Común, pero no cumplía el principal requisito, al tratarse de una dictadura, y tuvo quedarse en la puerta. Ahora sería incongruente la tolerancia o la vista gorda ante las denuncias por violación del equilibrio de poderes en Polonia y Hungría, o las amenazas contra los medios y las ONG.
“Varios partidos conservadores del PP europeo piden expulsar del grupo a Orbán, lo que el PP no suscribe”
Pero, a su vez, Von der Leyen es consciente de que cualquier sanción más allá de la advertencia requiere una unanimidad imposible: cualquiera de los dos Estados utilizará su derecho de veto. Se trata por lo tanto de una delicada y peligrosa transacción: tanto Varsovia como Budapest saben lo que se juegan, pero también el poder que tienen en sus manos, con la posibilidad de un bloqueo de los presupuestos y fondos de recuperación. Desde España el asunto no deja indiferente, y las cancillerías europeas, especialmente Francia y Alemania, tendrán que hilar muy fino para hacer comprender a los dos Estados que es inexcusable el cumplimiento democrático, pero a la vez evitar el bloqueo por las malas de los dos Estados del Este sobre decisiones capitales para el futuro de países golpeados por la crisis sanitaria y económica.
