Sus Señorías / Luis Carlos Ramírez ■
Los rescoldos del debate entre presidente y líder de la oposición avivan todavía más el enfrentamiento del bipartidismo, cuyo distanciamiento sideral sella cualquier intento de acuerdo, más allá de la bochornosa renovación del poder judicial. La práctica de repartirse los magistrados pone en evidencia la mala praxis de un sistema viciado que afecta al funcionamiento de las instituciones. El Congreso abre el curso con el debate de los nuevos impuestos a la banca y eléctricas anunciados por Sánchez y la propuesta del PP para deflactar el IRPF a las rentas medias y bajas. Podemos cierra filas para topar el precio de los alimentos que cuestiona el PSOE.
Si algo aporta otro de los debates más tensos de la legislatura es la certeza de que el presidente del Gobierno ‘va a por todas’ en su intento de neutralizar al PP y revalidar el poder –pese a la deriva de las encuestas–, y la prisa del líder de la oposición para llegar a la Moncloa, aprovechando el rebufo de unos sondeos que por ahora le son favorables.
Sánchez y Feijóo se acusan mutuamente de manifiesta ‘insolvencia’ e incluso ‘mala fe’, o de ‘no mandar ni siquiera en el Gobierno’, al que reprocha sus insultos. El bronco cara a cara entre ambos lideres corrobora el distanciamiento sideral que impide cualquier acuerdo del bipartidismo, más allá de la bochornosa renovación del poder judicial, en mitad de la mayor crisis energética de las últimas décadas. Los reproches, el desprecio y hasta la recíproca descalificación contagian al Senado en un debate desigual –130 minutos para el presidente y 27 del jefe de la oposición– en el que Sánchez pide a la oposición no meter ‘miedo’ a los españoles y Feijóo le recrimina tener el plan de ahorro energético más restrictivo de Europa. El resto de la Cámara sólo ve un espectáculo más entre el ‘viejo PP y el viejo PSOE en su intento de repartirse el poder.
Sin racionamiento, pero con recesión
Aun así, Pedro Sánchez reconoce que ‘tenemos un problema grave’ con la inflación, lo que no impedirá que España siga creciendo casi el doble que la economía francesa o alemana. El presidente intenta calmar a la población asegurando que no habrá medias «dramáticas” con apagones, racionamiento o «escenas apocalípticas» como pregona la oposición. En contrapartida, pide ‘pequeños cambios de hábito’ en la lucha contra el frío, sin descartar la “recesión en la zona euro”, que sería corta, no muy profunda, aunque de ‘gran incertidumbre’ pese a que la inflación remitirá ‘más pronto que tarde’ y los precios bajarán a niveles razonables.
Credibilidad del Gobierno
A pesar de ello, el Gobierno tiene un significativo problema de credibilidad, que se refleja tanto en la calle como en unas encuestas que valoran “mal” o “muy mal” la labor del Ejecutivo, el 52,7% de los consultados, frente al 24,4% que la ve “bien” o “muy bien”. La ciudadanía ve con preocupación cómo las importantes medidas aprobadas para neutralizar la crisis, lejos de mejorar, se extienden en el tiempo con insuficientes resultados y un panorama más que sombrío. A ello se suma el rechazo a las aportaciones del resto de la Cámara, corregidas por la puerta de atrás tras aceptar la rebaja del IVA del gas o extender el tope a las empresas de gran consumo que utilizan la cogeneración como propone el PP. Los estrategas de la Moncloa tendrán que afinar mucho más que en abrir las puertas para convencer a un electorado silente con campañas al estilo ‘tengo una pregunta para usted’, sin autocrítica y de manera complaciente.
El férreo bloque de investidura
Entre tanto, las fuerzas ‘periféricas’ se mantienen expectantes para aportar estabilidad al gobierno y, de paso, sacar el mayor rédito para sus intereses. La penúltima prueba de fuego la tendrá el bloque de investidura en el debate de los PGE que la ministra Montero se apresta a enviar al Congreso. Con apenas un mes para presentar las cuentas de 2023, el gobierno confía en el apoyo de sus socios como ya hizo en 2020 y 2021 (188 votos a favor de once partidos, incluidos ERC y PNV) a los que espera convencer una vez más. Ambas formaciones ya han pactado el aumento del déficit de las administraciones públicas, autonomías y municipales hasta el 0,3%.
Bochorno político-judicial
El ultimátum del presidente del Supremo al bipartidismo para renovar el poder judicial puede llegar incluso a la dimisión de Lesmes como máximo exponente del poder judicial para evitar el mayor ‘estropicio’ institucional de la democracia. La bochornosa renovación del CGPJ, junto al Tribunal Supremo y el Constitucional, se convierte ya en una cuestión de ‘juzgado de guardia’ ante el filibusterismo de sus actores y, en especial, del primer partido de la oposición, que insiste en preservar su ‘derecho’ a nombrar la parte alícuota de los jueces. La práctica de repartirse los magistrados de estos organismos pone en evidencia la mala praxis de un sistema viciado que afecta a la credibilidad de las instituciones. El retraso de casi cuatro años para renovar el Consejo, ante la resistencia del PP a pactar, y la prohibición del Gobierno para hacer nuevos nombramientos, provoca una situación de interinidad que afecta ya a 65 plazas vacantes.
Impuesto a la banca
El Congreso abre el curso con el debate de los nuevos impuestos a la banca y grandes eléctricas anunciados por Sánchez como parte del plan económico para afrontar los costes de la crisis derivada de la guerra de Ucrania. La propuesta la secundan PSOE y UP e incluye un gravamen temporal del 4,8% para entidades financieras con más de 800 millones de ingresos, y del 1,2% a las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones al año. El PP propone deflactar el IRPF para rentas medias y bajas e ingresos menores de 40.000 euros.
Lapidario
“El PP está danto un golpe blando a la democracia”.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales
Nombres Propios
Los Rolex del PNV
La formación vasca, cuyos seis votos son esenciales, continúa aplicando el palo y la zanahoria para defender sus intereses. Encargado de presionar no es otro que el presidente de la formación, quien recuerda al ejecutivo los tiempos difíciles que se avecinan y la necesidad de sumar fuerzas. Ortuzar exige agilizar las relaciones Vitoria-Madrid y el ‘inaceptable’ retraso en el traspaso de competencias. Avisa, además, de que «ya vale de estirar el chicle” y aprovecharse del mantra de la ‘derechona‘, recordando su próximo encuentro con Feijóo y la especulación de ‘echarse’ en sus brazos. El presidente del EBB lo tiene claro: «nosotros, a lo nuestro, el PNV sólo se echa en brazos de este país». La estrategia la secunda su portavoz, Aitor Esteban, que a menudo cita lo de los Rolex y las setas.
El Gobierno se divide con los precios
Mientras la vicepresidenta Díaz y su correligionario Garzón persuaden a la gran distribución y los consumidores para topar el precio de alimentos básicos, su partido apuesta por incluir un “impuesto extraordinario” a las compañías para sufragar ayudas a las familias. La ministra Belarra defiende que, en caso de no haber acuerdo con las distribuidoras, el Ejecutivo debe impulsar un mecanismo obligatorio para fijar precios. En el ala socialista, la ministra Montero rechaza una «puesta de precios máximos o una regulación”, su colega Planas no lo ve ‘legal’ ni ‘pertinente’ y Robles crítica la ‘invasión’ de competencias ministeriales y el intento de patrimonializar a los más vulnerables.
