A.S.A.
Menores comisiones y una fiscalidad muy atractiva son las claves bajo las que José Luis Escrivá ha proyectado el primer plan de pensiones público que tendrá España, una fórmula con la que, dicen desde el sector, golpeará fuerte a los planes privados para la jubilación que tienen familias, autónomos y, sobre todo, pequeñas y medianas empresas.
La intención del titular de Seguridad Social es que sirva para universalizar el ahorro para la jubilación, iniciativa poco extendida en nuestro país, a pesar de la difícil sostenibilidad que afecta al sistema de pensiones.
Escrivá ponía sobre la Mesa de Diálogo Social el Anteproyecto de Ley regulador de fondos de pensiones de empleo de promoción pública y de planes de pensiones de empleo simplificados.
“Las recomendaciones del Pacto de Toledo recogían, entre otros elementos, la conveniencia de impulsar los planes de pensiones públicos colectivos en el ámbito de la empresa, en detrimento de los planes de pensiones privados individuales”
En el documento se plasma lo que será una gran plataforma de fondos de empleo que cobijará a miles de planes colectivos de empresa, que tendrían ante sí un importante estímulo: menores comisiones que las actuales porque los partícipes pagarían como máximo un 0,5% por su plan de empleo (un 0,4% correspondería a la entidad gestora y un 0,1% la depositaria), lo que supondría una rebaja considerable sobre el tope fijado legalmente.
Hablamos de una comisión máxima que deja el margen de actuación de los planes privados prácticamente en nada porque los planes privados individuales pagan en la actualidad el 0,30% por la comisión depositaria y una media del 1,15 % por gestión.
Si hablamos de renta fija, la comisión máxima es del 0,75%, si es de renta mixta, del 1,4%; y si es de renta variable, el techo es del 1,4%. Porcentajes que no dejan lugar a duda: Escrivá ha declarado la guerra a los gestores privados.
Pero lo que busca el anteproyecto de ley, según el ministro, que se ha aprobado el pasado martes en Consejo no es otra cosa que dar respuesta a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que, entre otros elementos, recogía la conveniencia de impulsar los planes de pensiones públicos colectivos en el ámbito de la empresa, en detrimento de los planes de pensiones privados individuales.
Las empresas pondrán así estos planes colectivos a disposición de sus trabajadores al mismo tiempo que sus condiciones son acordadas en el seno de la negociación colectiva. El objetivo es extender este complemento a las pensiones para que sea mucho más común en especial entre las pequeñas y medianas empresas y también en el colectivo de los autónomos.
Sin embargo, desde el sector se escuchan las primeras críticas ya que, aseguran, «no ofrece ninguna ventaja añadida para la empresa”. Además, no entienden las prisas porque que esta medida tiene de plazo para concretarse hasta junio de 2022, según se comprometió el Gobierno con la Comisión Europea.
Tampoco los sindicatos están muy contentos. Tanto UGT como CCOO ya han manifestadosu rechazo al anteproyecto que les ha presentado el ministro. Justifican su rechazo en que no se ocupa de asuntos esenciales en lo que se refiere a la relación de los derechos de los trabajadores y supone cambios significativos en la regulación actual de los fondos de pensiones de empleo que, al parecer, no comparten.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura que este fondo público-privado “ni siquiera va a ser objeto de negociación en el proceso abierto en estos momentos, porque nos parece que esto es una cuestión que nada tiene que ver con el Pacto de Toledo” para añadir que, si Escrivá tiene una propuesta, “la discutiremos fuera del marco del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones».
Según el borrador, corresponde a una comisión de control especial asegurar el buen funcionamiento de estos planes de pensiones. Formarán esta comisión dieciséis miembros: cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más importantes y al Ministerio de Seguridad Social le corresponderá la elección de nueve.
El macrofondo se someterá a audiencia pública, para pasar después una segunda lectura en el Consejo de Ministros y cerrar su trámite parlamentario.
José Luis Escrivá ha precisado, además, que el Estado será “simplemente el promotor” del plan porque las gestoras serán las encargadas de su funcionamiento, gestoras que deberán pasar un trámite licitatorio. Además, ha explicado que, y a pesar de que habrá una representación “importante” de empleados públicos, la gobernanza será la “habitual en un plan de empleo homólogo de una empresa”, con participación de empresarios y trabajadores.
