M. C.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), primera organización profesional agraria de ámbito estatal, está en contra de la macrogranjas. En 2021 ha organizado movilizaciones y ha recogido firmas para frenar, por ejemplo, un proyecto que pretende acoger 20.000 vacas en la localidad soriana de Noviercas. Sin embargo, cuando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha mostrado públicamente en contra esas macrogranjas, COAG exige medidas a Pedro Sánchez si el ministro no rectifica sus declaraciones. ¿Qué declaraciones? Ese es el problema, que en este tiempo de redes sociales y canutazos nadie invierte cinco minutos en averiguar qué es lo que ha pasado realmente.
Si a la torpeza para entrar en ciertos debates se le suma la irresponsabilidad de muchos líderes políticos que no dejan que la realidad les estropee una buena declaración, aparece al cóctel perfecto para los bulos. Alberto Garzón ha demostrado una abundante capacidad para meterse en charcos, empañando posiciones perfectamente razonables y defendibles. Si hace unos meses la cuestión giró en torno a lo saludable de reducir el consumo de carne, esta vez lo hace en torno a las macrogranjas y su impacto medioambiental y en la salud.
“COAG está en contra de las macrogranjas. Pero cuando Garzón las critica, COAG exige medidas a Sánchez si el ministro no rectifica”
En aquella ocasión, las derechas se apresuraron a clamar contra la represión socialcomunista, deseosa de prohibir chorizos, morcillas y torreznos. Nada más lejos de lo que había dicho el ministro de Consumo, pero qué más daba. Y Pedro Sánchez, en lugar de añadir cordura al debate, se puso el palillo en la boca, se acodó en la barra del bar y se descolgó con aquello de que “un chuletón al punto es imbatible”.
Y ahora, en una entrevista a ‘The Guardian’, Garzón expresa sus recelos, que también albergan varios presidentes autonómicos, acerca de la ganadería industrial y defiende la ganadería extensiva. Probablemente lo podría haber expresado de otra forma, pero lo que no dice en ningún caso es que “España exporta carne de mala calidad de animales maltratados”, como afirma la noticia difundida por una web del sector. A bote pronto, cabría pensar que un ministro jamás diría eso, pero Javier Lambán, que no suele hilar muy fino y hacía tiempo que no disparaba contra el Gobierno, se hizo eco de la noticia en Twitter, pidiendo su dimisión. Detrás fueron, entre otros, Fernández Mañueco –nervioso porque según algunas encuestas está a punto de hacer un Artur Mas con una convocatoria que le puede salir rana–, y un Emiliano García-Page que, en diciembre, anunciaba una moratoria en Castilla-La Mancha para nuevas concesiones de estas macrogranjas.
Para redondear el sainete, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmaba en La Sexta que el ministro hablaba “a título personal” y, sobre la dimisión, que “se lo deberá preguntar a él”. Mal Garzón por ir a su aire, sin medir sus palabras, y mal la portavoz por dejarle vendido, en un guirigay que sólo beneficia a la oposición.
Sea como fuere, la segunda parte de este ‘affaire’ carnívoro no contribuye a reforzar la posición del tercer ministro peor valorado en el CIS –con permiso de Manuel Castells, ya fuera del Ejecutivo–. Cuando Garzón asumió el mando de un ministerio muy poco ‘sexy’, desde Unidas Podemos advertían de que, a pesar de sus escasas competencias, podía convertirse en una cartera con impacto en la vida diaria de la gente. Por ejemplo, en ese momento advertían desde Unidas Podemos que podía regular la actividad de las casas de apuestas –una de las banderas de Unidas Podemos en los últimos tiempos por los problemas de ludopatía que están empezando a generar entre los jóvenes– y sobre el uso de plásticos y otros asuntos de consumo sostenible, como el de los desperdicios alimentarios. También puede mejorar la regulación sobre el etiquetado de los alimentos. Pero el gran reto del ministerio sería proteger los abusos y fraudes que sufren habitualmente los clientes de operadoras de telecomunicaciones, eléctricas, bancos o aseguradoras.
Sin embargo, después de casi dos años al frente de Consumo, el legado de Garzón es escaso. Le costó mucho regular la publicidad de las casas de apuestas, hasta el punto de que primero aprobó una normativa tan laxa que recibió fuertes críticas a la interna. Tuvo que recular y, en octubre de año pasado, aprobaba un Real Decreto que relegaba esa publicidad a la madrugada. El otro gran proyecto del ministerio hasta ahora, la Ley de Servicios de Atención al Cliente, recibía el mes pasado el visto bueno del Consejo de Ministros.
“El ‘affaire’ carnívoro no contribuye a reforzar la posición del tercer ministro peor valorado en el CIS”
Quizá Garzón no acumule mucho capital político de puertas para afuera, pero en IU no tiene rival. Ha sido reelegido coordinador general con sobrada mayoría sobre su rival, José Antonio García Rubio, que estaba apoyado por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el predecesor de Garzón en el cargo, Cayo Lara. Garzón ha obtenido el 74% de los votos por el 20% de García Rubio, cuya candidatura contaba con un eje fundamental: recuperar la soberanía de IU y revertir la fusión electoral, que no orgánica –todavía– con Podemos. La candidatura de Garzón incluía en los primeros puestos al secretario general del PCE y secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, a la eurodiputada Sira Rego o a la actual directora de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Amanda Meyer.
Iglesias le ofreció la posibilidad de ser el candidato de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, cuando se conoció el adelanto electoral de mayo, un ofrecimiento que Garzón rechazó. Como también ha rechazado públicamente la posibilidad de liderar la lista de UP en Andalucía. “No me veo”, ha llegado a afirmar. Eso sí, Garzón es uno de los principales apoyos con los que cuenta Yolanda Díaz en la articulación del frente amplio.
