Luis Carlos Ramírez
Las elecciones de Madrid se convierten en la madre de todas las batallas con acusaciones de los partidos y el anuncio del presidente del Gobierno de poner fin al estado de alarma y la promesa de inmunizar al 70% de la población. La oposición ve en ello un uso “electoralista” y la “patrimonialización” de las vacunas. El resultado de los comicios –que se juegan en clave nacional– producirá un efecto dominó en la cúpula de las formaciones perdedoras. El Tribunal de Cuentas reitera la necesidad de regular nuevas fórmulas de financiación electoral como los microcréditos.
En espera del primer debate del estado de la Nación en los últimos seis años, los partidos utilizan la campaña de Madrid como arma arrojadiza para ganar posiciones. Las elecciones de la comunidad madrileña se convierten en la madre de todas las batallas con el propio presidente del Gobierno anunciando el fin del estado de alarma –dentro de un mes– y la promesa de inmunizar al 70% de la población a finales de agosto. La apuesta de inocular 80 millones de dosis –con las que paliar el retraso y desorganización de los últimos meses– y poner fin a la movilidad ciudadana, es criticada por la oposición que ve en ello un uso “electoralista” y la “patrimonialización” de las vacunas.
Sánchez exige lealtad institucional para evitar rodeos en la estrategia nacional de vacunación –el intento de presidentes autonómicos como Ayuso o Puig de contactar con las farmacéuticas por su cuenta–, mientras Casado pide negociar un ‘plan B’ jurídico para dar “seguridad” a las comunidades cuando finiquite la alarma el 9 de mayo. Euskadi, Galicia, Andalucía o Castilla y León muestran su malestar por no consensuar la decisión (Urkullu) o incluso precipitar el anuncio “sin alternativa” y con “prisma político” (Feijóo). El Ejecutivo evita así una complicada negociación parlamentaria para ratificar la prórroga, con enfrentamientos y disensos entre sus socios de investidura y las reticencias de ERC y demás fuerzas independentistas en mitad de la negociación para formar el Govern de Cataluña.
La vacunación entra en campaña
A partir de mayo, no habrá cierres perimetrales entre comunidades, ni toques de queda, aunque sí limitaciones de movilidad puntuales con arreglo a las leyes en vigor: Seguridad Nacional, la del Sistema Nacional de Protección Civil y la Ley de medidas Especiales de Salud Pública. Esta última contempla la «coordinación» del Consejo Interterritorial de Salud por parte del Gobierno central, aunque sin otorgarle el mando único del estado de alarma. No obstante, las comunidades podrán confinar localidades en caso de rebrotes importantes.
En plena cuarta ola de la pandemia, el debate electoral madrileño aparca asuntos como educación, desigualdad, cultura, medio ambiente o las medidas económicas para neutralizar la crisis, con las vacunas y restricción de movilidad como arma arrojadiza.
A tres semanas de la gran cita de las urnas (4-M) las formaciones se acusan de activar la «maquinaria del fango», con el extremismo de izquierda apedreando a Vox y los líderes tensando la vituperada ley electoral de la larga precampaña cuyos mítines presenciales y encuentros telemáticos se jactan de pedir el voto, prohibido hasta las últimas dos semanas. El resultado de los comicios –que se juegan más que nunca en clave nacional– producirá, a buen seguro, un efecto dominó en la cúpula de las formaciones perdedoras, cuyos líderes, mal que les pese, quedarán seriamente ‘tocados’. Se llamen Sánchez, Casado, Abascal, Arrimadas e incluso Iglesias. Ello, además del efecto ‘tsunami’ en otros territorios como Andalucía, donde el PSOE acelera la sustitución de Susana Díaz por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ante un hipotético adelanto electoral semejante al perpetrado por la ‘popular’ Díaz Ayuso.
Empate técnico de las encuestas
La cicatera encuesta del CIS pronostica el dudoso empate técnico (a 68 escaños) a izquierda y derecha, con subida del PP que duplicaría el número de diputados (59), suma de un escaño para el PSOE (38), el ‘sorpasso’ de Más Madrid (20) a Podemos (10), caída de tres puntos de Vox (9) y el probable batacazo de Ciudadanos (4,4% de votos) que impediría su entrada en el Parlamento regional. La dudosa extrapolación –sin horquilla de escaños– vaticina el triunfo de las formaciones de izquierda (70) –PSOE+MM+Podemos– sobre la derecha y la imposibilidad de ratificar la mayoría de PP+Vox (66). El porcentaje de participación –68% en 2919– será clave para decantar el triunfo de uno u otro bloque.
El capítulo de promesas se completa con la propuesta de Podemos de crear una asignatura troncal «afectivo-sexual» para profesores y la de Más Madrid para «blindar» la CAM contra el pin parental. Vox quiere reducir a la mitad el número de diputados, consejerías y cargos políticos «colocaditos», el PSOE se compromete a construir 15.000 viviendas de alquiler y Cs hacer fijos a 11.000 sanitarios.
Gastos irregulares de los partidos
El Tribunal de Cuentas cifra en medio millón de euros (531.911) los gastos irregulares de los principales partidos en las elecciones de 2019. Las anomalías incluyen publicidad fuera del periodo de campaña (PSOE), gastos no declarados (PP), exceso de pagos irregulares (Vox) o microcréditos de 2,6 millones no declarados (Podemos). Las formaciones gastaron 49 millones en las últimas elecciones generales (38,3 millones de aportaciones privadas y 21,5 millones de créditos bancarios), de los que PP declara 12,4 millones, PSOE 10,6; Cs, 10, y Podemos, 5,7. El tribunal fiscalizador –dependiente de las Cortes– reitera la necesidad de regular nuevas fórmulas de financiación como los microcréditos.
Lapidario
“No hay que modificar ni añadir nada para abordar el 10 de mayo”
Carmen Calvo. Vicepresidenta del Gobierno (sobre el fin del estado de alarma).
Nombres Propios
Marlaska no dimite
El ministro del Interior despeja cualquier intento de la oposición para forzar su dimisión tras la sentencia de la Audiencia Nacional que considera «ilegal» el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid. A las peticiones de PP y CS se suma la querella de Vox ante el Supremo contra Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad y la directora de la Guardia Civil, firmante y peticionaria respectivamente, del cese del exresponsable del operativo contra el referéndum ilegal en Cataluña en 2017. La ofensiva opositora contra el ministro –que recurrirá la resolución judicial– se completará con la petición de reprobación.
Cambio climático contagiado
La aprobación de la primera Ley de Cambio Climático en el Congreso no estuvo exenta de contratiempos. Además de no contar con el consenso de todos los grupos por acción u omisión, el ponente de ERC, Joan Capdevila, hubo de confinarse en cuarentena tras el positivo de un compañero de formación. Trabajadores y diputados de ERC –a excepción de su portavoz Gabriel Rufián– mantienen el protocolo de diez días de aislamiento domiciliario. La norma llega al Senado con el compromiso de reducir las emisiones de CO2 un 23%, crear zonas de baja contaminación en municipios de 50.000 habitantes y prohibir nuevas minas de uranio y el ‘fracking’.
