Crónica Económica / M. C.
Hay dos realidades paralelas que habrá que ver si se terminan por confluir. De un lado, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que el acuerdo por las pensiones está próximo. Del otro, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, han enfriado su optimismo. Ambos rechazan sus propuestas sobre jubilación anticipada y, recelan, como Unidas Podemos, de la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que el Gobierno ha incluido en el documento de reformas presentado esta semana.
“Hay un porcentaje significativo de personas cuyos últimos años de cotización no son los mejores. Tenemos que contemplar todas esas realidades”, afirma el ministro”
Durante su comparecencia de esta semana en el Congreso, el ministro de Seguridad Social negó la mayor, subrayando que el diálogo con los agentes sociales “no está estancado”, y asegurando que el acuerdo para la reforma de las pensiones está “cada vez más cerca”. Sin embargo, en rueda de prensa, Sordo ha mostrado su disconformidad con las nuevas penalizaciones que ha diseñado y que endurecen las prejubilaciones. Su apuesta es hacer “más beneficioso” para las personas permanecer en su puesto de trabajo durante más tiempo: “Incentívese la permanencia por la vía de mejorar los coeficientes y no de empeorarlos”.
Hoy por hoy, el principal punto de discrepancia con los sindicatos es el de la jubilación anticipada. Escrivá se refería en su comparecencia de esta semana en la Comisión del Pacto de Toledo a la cultura de la jubilación en España, instando a cambiarla. De ahí su propuesta de incentivar con hasta 12.000 euros cada año que se retrase la jubilación -una propuesta que no ha sido presentada en la mesa de diálogo social-. Pero desde los sindicatos insisten que el problema es más complejo, porque los trabajadores acceden a la jubilación anticipada muchas a veces tras un ERE, o porque no encuentran trabajo y deciden acceder a la jubilación. Además, hay profesiones, trabajadores manuales, que tienen mucha menos capacidad de alargar su carrera profesional que trabajadores intelectuales y liberales. Por eso, insisten estas fuentes no se les puede castigar más. En relación a las prejubilaciones vinculadas a los ERE, estas fuentes recuerdan que “es una forma de tener una cierta paz social, porque si no, la otra opción es despedir a los más jóvenes”.
Por otro lado, el documento de reformas enviado a Bruselas, y presentado esta semana por el presidente del Gobierno, no ha contribuido a tranquilizar a los sindicatos y a Unidas Podemos. Entre las propuestas que recoge para la reforma de las pensiones, el texto plantea la “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. En concreto, lo que pretende el Gobierno es “reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”.
¿Significa esto que Escrivá insiste en su idea de ampliar el periodo de cómputo de 25 a 35 años? El documento remitido a Bruselas no da más detalle al respecto y, como sucede en materia laboral, lo fía todo al acuerdo con los agentes sociales. Un acuerdo que parece imposible, porque los sindicatos no van a ir por ese camino, bajo la interpretación de que una medida de este tipo conducirá una rebaja en la cuantía de las pensiones de entre cinco y seis puntos.
Escrivá rechazó de plano esta posibilidad esta semana en el Congreso, y se enfadó cuando la diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal, le expresó sus dudas. “Podemos seguir con la matraca de los 25 a los 35 años”, respondía el ministro a UP en la Comisión del Pacto de Toledo: “Que no, que esto no va de recortes. No va de recortes de nada. Debería pasar el tiempo de que alguno se apropie de un elemento para decir que está en contra de los recortes o que él es quien defiende a los pensionistas, cuando el consenso ha sido absoluto”.
Eso sí, al mismo tiempo afirmaba que “el tema de la longitud del periodo de cómputo, que no está ahora discutiéndose, pero se discutirá, no supone ningún recorte. En absoluto, ninguno”. Y explicaba que “tenemos que ver cómo tratamos el tema de las lagunas”, porque sobre todo a raíz de la crisis de 2008 “hay un porcentaje significativo de personas cuyos últimos años de cotización no son los mejores. No lo son. Tenemos que contemplar todas esas realidades”. El resto, según el ministro, son “bulos” y “filtraciones interesadas”.
“Hoy por hoy, el principal punto de discrepancia entre Seguridad Social y los sindicatos es el de la jubilación anticipada”
Pero por mucho que el ministro se enfade, esa posibilidad estuvo encima de la mesa -y llegó a defenderla mientras estuvo al frente de la Airef-. No sabemos exactamente con qué consistencia, si era una mera opción sin visos de salir adelante, pero estuvo negro sobre blanco en los documentos que manejó la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, que reúne a todos los ministerios del área, a finales del año pasado. Por si quedaba alguna duda, El País ha publicado los documentos.
Habrá que ver hasta dónde es capaz de llevar el diálogo social el ministro Escrivá. Si no hay acuerdo, será entonces cuando le toque el turno a las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, a Escrivá y al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que ha sido el responsable de Unidas Podemos que ha llevado los contactos en materia de pensiones. Por el momento, CCOO y UGT ya están en la calle para presionar al Ejecutivo por las pensiones, la reforma laboral y la subida del SMI. Unas protestas que se han desarrollado, atención, ante el Ministerio de Economía y no el de Trabajo, por ejemplo.
