Manuel Tortajada
El Gobierno quiere revisar la fiscalidad de los planes de pensiones, ya que considera que se trata de un producto caro que no cumple con el objetivo de generar un aumento de ahorro neto. La decisión se hará palpable en los próximos Presupuestos, pero es posible que los planes individuales se queden sin bonificaciones fiscales.
Así lo estaría analizando el Ministerio de Hacienda, a instancias de la Seguridad Social y de la AIReF. Esta semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguraba que debe mejorarse la fiscalidad de los planes de pensiones privados, vinculándolos mucho más a la negociación colectiva. Este jueves, Escrivá explicaba en una entrevista al medio digital 65Ymás que los planes de pensiones son un producto «muy caro» porque las comisiones medias están en el 1,5%.
Además, citando a los estudios llevados a cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), señala que el beneficio fiscal está mal diseñado puesto que es regresivo. «Quienes terminan haciendo uso de esta desgravación son casi todos perceptores de rentas medias y altas, y cruzando los datos con el Impuesto sobre el Patrimonio vemos que no son precisamente quienes necesitarían tener una pensión complementaria de una forma más perentoria».
Escrivá añade que la AIREF ha comprobado que no incentiva el ahorro a largo plazo, sino que simplemente cambia una modalidad de ahorro por otra. Y esto no genera un aumento de ahorro neto, que es el objetivo de la desgravación fiscal. «Por lo tanto, no está funcionando bien», afirma.
El equipo negociador de los nuevos Presupuestos estudia eliminar o reducir las ventajas fiscales de las aportaciones a planes de pensiones, teniendo como base las recomendaciones realizadas por la AIReF.
En concreto, el equipo negociador de los nuevos Presupuestos, cuyo proyecto presentará el Gobierno en las próximas semanas, estudia eliminar o reducir las ventajas fiscales de las aportaciones a planes de pensiones, teniendo como base las recomendaciones realizadas por la AIReF.
Este beneficio fiscal a los planes de pensiones supone un coste fiscal de 1.643 millones de euros (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal) y tiene un carácter regresivo desde el punto de vista de la desigualdad al focalizarse en rentas altas, según señala la AIReF sobre este beneficio fiscal, cuyo objetivo es estimular el ahorro previsional a largo plazo como complemento al sistema público de pensiones.
La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ya ha pedido no confundir el debate sobre la existencia de los incentivos fiscales al ahorro para la jubilación con el de su eficacia, no teniendo cabida el primero y requiriendo el segundo incrementar las medidas si no están funcionando como se esperaba, en lugar de eliminarlas.
En cuanto al debate sobre si esos beneficios están aportando las ventajas que se esperaba, González de Frutos ha defendido que los incentivos no son innecesarios, sino «fundamentales» para determinados colectivos como el de los trabajadores autónomos y los pequeños empresarios, que necesitan disponer de incentivos para su ahorro.
Y en pleno debate sobre la eficacia de los incentivos fiscales de los que se benefician los planes de pensiones en nuestro país, y con el telón de fondo de la reforma del sistema público en las postrimerías de la negociación, un informe sobre El marco fiscal de los planes de pensiones elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) arroja luz sobre uno de los problemas que sustancia el debate actual y es que nuestro país aplica la mitad de incentivos fiscales a los planes de pensiones, es decir ahorro privado, que los principales de la UE y la OCDE.
Concretamente, tal y como apunta el informe elaborado por el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, el nivel que supone el incentivo fiscal en base al volumen de las aportaciones de planes de pensiones en nuestro país es claramente inferior a la media de las principales potencias europeas y del resto del globo.
La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ya ha pedido no confundir el debate sobre la existencia de los incentivos fiscales al ahorro para la jubilación con el de su eficacia.
Una proporción que se aprecia claramente en el nivel que supone el incentivo fiscal en base al volumen de las aportaciones de planes de pensiones en cada país y en relación con la media de la OCDE. De este modo, si en España este nivel de proporción del incentivo respecto a las aportaciones realizadas supone el 58% del total respecto a la media OCDE, la intensidad de este incentivo, de media es 42 puntos porcentuales menos. Y en lo que refiere a la UE, cuyo promedio es algo peor que el de la OCDE, el sistema de incentivos fiscales en España se sitúa en el 65% de la media europea.
En cualquier caso, la distancia en relación con los países con mejores prácticas de incentivos fiscales de la OCDE y de la UE es muy superior, ya que Irlanda u Holanda están por encima del 170% de la media de la OCDE, que es equivalente a un incentivo fiscal tres veces superior al de España.
Advierten así desde el IEE, que en ausencia del mecanismo de exención, que es un diferimiento, las cantidades aportadas tributarían dos veces, cuando se generaran (y aportaran al sistema de ahorro-previsión) y cuando se rescataran; esto es, se produciría una doble imposición.
Por lo tanto, si se eliminara la reducción de la base imponible (exención) de la aportación, habría que modificar la tributación de la parte percibida como prestación en el futuro, de otro modo, para aquellos contribuyentes con tipos marginales altos, cercanos o superiores al 50%, nos encontraríamos ante un supuesto de imposición confiscatoria, con tributación real que se podría situar en el entorno o por encima del 100%.
