A. S. A.
Es lo que ha decidido el Ecofín, la reunión de ministros de Economía Finanzas de la Unión Europea ante las reticencias de países como Suecia, Polonia o Malta.
Así que, de momento, las grandes multinacionales respiran al menos durante un año más. En la rueda de prensa posterior a la reunión, la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, detallaba que se había avanzado en la transposición a Europa del acuerdo internacional alcanzado el año pasado en el seno de la OCDE y el G-20.
“España ha apoyado decididamente la reforma de las normas sobre tributación de beneficios de Sociedades”, ha explicado Calviño para defender que una carrera impositiva a la baja “empobrece a todos” por lo que hay que avanzar hacia “un sistema fiscal internacional más justo”.
“Las reticencias de determinados países se fundamentaban en la no inclusión del gravamen específico sobre los gigantes digitales y también en las discrepancias sobre la entrada en vigor de la directiva, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2023”
Las reticencias de determinados países se fundamentaban en la no inclusión del gravamen específico sobre los gigantes digitales y también en las discrepancias sobre la entrada en vigor de la directiva, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2023, pero que se ha postergado hasta 2024.
Fue el pasado mes de octubre cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrolloanunciaba un acuerdo fiscal innovador para la “era digital” por el que 136 países establecerían un impuesto mínimo en Sociedades.
“La importante reforma del sistema tributario internacional garantizará que las Empresas Multinacionales estén sujetas a una tasa impositiva mínima del 15% a partir de 2023”, indicaba la OCDE que definía el acuerdo como histórico “acordado por 136 países y jurisdicciones que representan más del 90% del PIB mundial”
El acuerdo, explicaba la Organización, reasignará más de 125.000 millones de dólares de ganancias de las multinacionales “más grandes y rentables” a países de todo el mundo, “asegurando que estas empresas paguen una cuota justa de impuestos dondequiera que operen y generen beneficios”.
En ese momento, y con Estonia, Hungría e Irlanda adheridos al acuerdo, contaba, además, con el apoyo de todos los países de la OCDE y del G20.
El pacto, precisaba la OCDE, “no busca eliminar la competencia fiscal, pero le impone limitaciones acordadas multilateralmente y hará que los países recauden alrededor de 150.000 millones de dólares en nuevos ingresos anualmente”.
El acuerdo se basa en dos pilares. Por un lado, el Pilar Uno que garantizará “una distribución más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes y rentables”. Para ello, reasignará algunos derechos impositivos sobre las empresas multinacionales de sus países de origen a los mercados donde realizan actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de si las empresas tienen presencia física allí.
Concretamente, las empresas multinacionales con ventas globales superiores a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10%, que la OCDE considera “ganadoras de la globalización”, estarán afectadas por las nuevas reglas, con un 25% de los beneficios por encima del umbral del 10% que se reasignará al mercado.
Por su parte, e Pilar Dos, introduce una tasa impositiva corporativa mínima global del 15% que se aplicará a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros. La OCDE estima que generará alrededor de 150.000 mil millones de dólares en ingresos fiscales globales adicionales anualmente.
Mathias Cormann, secretario general, destacaba en ese momento, que «el acuerdo de hoy hará que nuestros acuerdos fiscales internacionales sean más justos y funcionen mejor». «Esta es una gran victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado», prosiguió, para añadir que «se trata de un acuerdo de gran alcance que garantiza que nuestro sistema fiscal internacional sea adecuado para su propósito en una economía mundial digitalizada y globalizada». «Ahora debemos trabajar rápida y diligentemente para asegurar la implementación efectiva de esta importante reforma»
Una implementación que fijaba la firma de una convención multilateral durante 2022 para hacerse efectiva de las medidas en 2023. En este sentido, la OCDE aseguraba que la convención sería el vehículo para la implementación del derecho tributario acordado bajo el Pilar Uno, así como para las disposiciones de suspensión y reforma en relación con todos los impuestos sobre servicios digitales existentes y otras medidas unilaterales relevantes similares. Esto, subrayó la organización, «traerá más certeza y ayudará a aliviar las tensiones comerciales que recaen sobre los países más pobres”.
