Luis Carlos Ramírez
La mayor reivindicación política para enterrar el franquismo –“Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía”– se somete a revisión 44 años después con la Ley de Memoria Democrática que PSOE, UP y ERC pretenden enmendar. La oposición la considera un disparate jurídico que rechazará “a dos manos”. Los paulatinos contagios de la pandemia alertan una gélida Navidad que amenaza con convertirse en ‘manifestódromo’ nacional contra las medidas más polémicas: pensiones, reforma laboral, peajes, subida de la luz, carburantes… El ruido de adelanto electoral autonómico redobla sus tambores tras el volantazo de Ciudadanos y Vox en Andalucía.
Los herederos del antiguo PSOE y del Partido Comunista intentan reescribir la Transición 44 años después, sorteando de un plumazo la mayor reivindicación política y social contra el franquismo: “Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía”. El eslogan que millones de ciudadanos coreaban por todos los rincones de España y culminó en 1977 con la Ley de Amnistía, pretende derogarse ahora por los republicanos –y hasta declarar “ilegal” el régimen de Franco–, mientras el PC insiste en investigar y juzgar los crímenes de la dictadura. Todo ello, a través de una enmienda introducida por PSOE y Unidas Podemos en la Ley de Memoria Democrática, que el propio ERC tilda de “humo” y la oposición (PP y Ciudadanos) ve como un disparate jurídico y un torpedo a los acuerdos para la restauración de la democracia.
El ministro Bolaños no desiste de apelar a ambos lados de la Cámara para sacar adelante una norma que quiere “superar el enfrentamiento” y homenajear “sin distinciones” a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La reforma de la ley incluye renombrar el Valle de los Caídos como ‘Cuelgamuros’, impedir retratos públicos de personajes de la dictadura, revocar distinciones honoríficas de los Cuerpos de Seguridad y suprimir títulos nobiliarios del régimen como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano. Los socios de coalición necesitan sumar apoyos a sus 155 diputados por lo deberán negociar la propuesta no sin dificultades ante la exigencia de ERC –con sus 13 diputados– de derogar la amnistía de hace casi medio siglo.
Invierno agitado con urnas de fondo
El ruido del adelanto electoral autonómico atisbado desde hace meses, redobla sus tambores tras el volantazo de Ciudadanos y Vox en Andalucía para dejar caer los presupuestos, colocando al presidente Moreno al pie de los caballos. La “estupidez” de aprobar las cuentas en año electoral –según el vicepresidente (Marín)–y la ‘traición’ de la ultraderecha de enmendar los que serían los últimos presupuestos, acercan a la comunidad más poblada de España a adelantar sus comicios antes del verano (en lugar de diciembre de 2022). Una situación que no descarta seguir Castilla y León a pesar de la negativa del también gobierno de coalición (PP-CS).
Lo que faltaba para cuadrar el todavía incipiente movimiento electoral es la ‘conveniencia’ para Sánchez de adelantar incluso las generales –advertida por el exjefe de filas de Podemos, Iglesias– para prevenir un mal resultado socialista en las autonómicas de mayo de 2023. Las 12 comunidades no históricas (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja), más los 8.000 municipios, deberán elegir sus respectivos parlamentos y consistorios dentro de 17 meses.
Por si las moscas, la España vaciada ya tiene preparadas sus plataformas para concurrir en al menos media docena de circunscripciones provinciales (Soria, León, Zamora, Jaén, Huelva…) donde podrían arañar una docena de escaños. Hasta en Euskadi, el Partido Socialista (PSE) abre la puerta a pactar con Bildu en próximas elecciones, tras la advertencia de su nuevo secretario general (Andueza) al PNV de “no” gustarle algunas cosas dentro del normal ‘juego político’ de la democracia.
Gélida y movida Navidad
En semejante contexto, los paulatinos contagios de la pandemia que no cesa mantienen en alerta la gélida Navidad que amenaza con convertirse en ‘manifestódromo’ nacional contra las medidas más que polémicas –todavía abiertas en canal–, como la reforma de las pensiones, contrarreforma laboral, extensión de los peajes o la imparable subida de la luz y carburantes, que disparan los precios a dígitos de hace 30 años (5,5%) y encienden a las colectivos sociales. Transportistas, sanitarios, jubilados, agricultores, ganaderos y hasta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen las espadas en alto para manifestarse por el territorio patrio.
Pensiones polémicas
Gobierno y sindicatos –sin el concurso de los empresarios– ‘cierran’ la subida de cotización de las pensiones (0,6%) prevista por el ministro Escrivá. La inyección de 40.000 millones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social estimada por el titular de Igualdad, se muestra a todas luces insuficiente ante la deuda estructural de un sistema que alcanza ya los 90.000 millones y un pago mensual de 10.154 millones a los 9,8 millones de pensionistas. El Parlamento debe refrendar la reforma exprés del proyecto de Ley para la Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones con el enfado de los socios del Ejecutivo y la oposición –PP, Vox, Cs, ERC, JxCat o PDeCat– que ven un parche y una solución temporal el mecanismo de equidad intergeneracional para pagar el retiro del baby boom. Para los republicanos, el principal problema del sistema no es el gasto, sino los ingresos y la precariedad del trabajo. Gamarra (PP) y Bal (Cs) temen que se reduzca la creación de empleo con ruptura de la equidad por «cargar a los jóvenes” sin garantizar su futuro.
Lapidario
“Votaremos ‘no’ con las dos manos al intento de reinterpretar la Ley de Amnistía de 1977”
Edmundo Bal. Portavoz de Ciudadanos.
Nombres Propios
Filibusterismo y veto presupuestario
Los Presupuestos inician su recta final en la Cámara baja –para su envío al Senado– con los ministros defendiendo las cuentas de sus respectivos departamentos. Gobierno y grupo mayoritario socialista criban las 5.200 enmiendas de resto de formaciones con casi un millar de vetos por incurrir en disminución de ingresos, aumento de gasto o no tener relación con los PGE 2022. El partido de Puigdemont (Junts) –apoyado por ERC, PP y VOX– ‘cuelan’ una enmienda de 9.400 millones para el fondo Covid de las CC AA que la ministra Montero descarta ejecutar por “insuficiencia de crédito”. Vox presenta mil preguntas sobre las cuentas públicas que suben el salario del presidente (84.845 euros) y del Gobierno un 2%.
El independentismo, impertérrito contra la Corona
Mientras los Reyes amplían la complicidad ciudadana subiéndose en autobús por primera vez en su reinado, el independentismo parlamentario busca suprimir el título de Rey de España a cambio de apoyar la Ley de Memoria Democrática. ERC, Junts, CUP, PdeCat, EH-Bildu y BNG se conjuran en sus enmiendas también para eliminar los ‘privilegios y prerrogativas personales’ o familiares derivadas del título. Justifican los socios del Gobierno el “origen franquista” de la restauración monárquica en el Estado español. Las seis formaciones solicitan otras tantas iniciativas para investigar al Rey emérito, con el reproche de no haber votado nunca «la forma de Estado»..
