Con Derecho a Réplica / Círculo de Opinión: Óscar Arnedillo Blanco, Director Gerente de NERA Economic Consulting, y Jorge Sanz Oliva, Director Asociado de NERA Economic Consulting, Presidente de la extinta Comisión de Expertos de Transición Energética ■
Desde mediados de 2021, el precio en el mercado mayorista de la electricidad en España ha experimentado un incremento sin precedentes desde su liberalización, hace ya casi veinticinco años. Dicho incremento no se ha producido únicamente en España, sino que se ha observado en todos los mercados europeos.
Su origen se encontró inicialmente en la subida del precio del gas natural como consecuencia del incremento en la demanda por, entre otros motivos, una recuperación económica tras la pandemia más rápida de lo esperado, sequías en California, Turquía y Brasil, y temporales de frío en Texas y Japón. A esto se sumaron restricciones en la oferta derivados, entre otros, de problemas en la cadena de suministro desde Trinidad-Tobago y Nigeria, y de paradas no programadas en yacimientos en Noruega, Australia y Perú. En febrero de 2022, la situación se agravó como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia.
Pero, aunque el incremento en el precio del mercado eléctrico tiene su origen en el incremento del precio del mercado gasista, las críticas se han centrado en el diseño del mercado eléctrico. Se ha reabierto el debate sobre si se debe modificar su diseño o si, incluso, el mercado debe ser intervenido y que sea el Gobierno quien, a través de subvenciones a determinadas tecnologías, fije el precio.
Motivos de la alarma social en España
Una característica de los mercados eléctricos liberalizados es que sus precios son volátiles, reflejando las variaciones en el coste marginal de suministro. La fluctuación en los precios de los mercados eléctricos es mayor que la de los precios de mercados de otros productos como consecuencia de las limitaciones al almacenamiento de la electricidad, lo cual hasta ahora solo ha sido posible en instalaciones hidráulicas con embalses, incluidos los bombeos.
En otros mercados, los inventarios permiten absorber las fluctuaciones en la demanda, pero en el mercado eléctrico, la falta de “inventarios” hace que las fluctuaciones en la demanda se deban cubrir programando centrales en orden de costes variables (lo que se denomina “orden de mérito”). En general, gracias a los contratos a plazo, los consumidores eléctricos compran su electricidad con un precio fijado de antemano y están aislados de las fluctuaciones horarias en el precio del mercado mayorista. Por ello en otros países se han producido episodios con precios en el mercado mayorista de hasta 3.000 /MWh sin que ello haya atraído la atención de los medios de comunicación.
Sin embargo, en España las fluctuaciones en el precio del mercado eléctrico mayorista llegan a ser portada y dan lugar a frecuentes debates sobre el diseño del mercado. El motivo del interés que suscitan los precios del mercado eléctrico español se debe, en gran parte, al hecho de que los hogares españoles pagan unas tarifas entre las más altas de Europa (por el impacto de los impuestos y cargos que el Gobierno aplica sobre sus facturas).
Sin embargo, también se debe al hecho de que la tarifa regulada por el Gobierno (el denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor o PVPC) está indexada al precio al contado del mercado mayorista, que cambia de hora en hora. Además, para disfrutar del bono social eléctrico, el Gobierno obliga a los consumidores vulnerables a acogerse al PVPC, de modo que se enfrentan a la tarifa más volátil a pesar de ser los que tienen menos capacidad para hacer frente a fluctuaciones en los precios.
Esto no ocurre en los países europeos de nuestro entorno. Y eso explica por qué en mercados como el italiano, el británico o el portugués, los precios son más altos que en España y, sin embargo, no existe alarma social en relación con el precio de la electricidad.
Las principales críticas al mercado eléctrico se han centrado en su diseño marginalista (también denominado ‘pay-as-clear’), por el cual todas las centrales cobran el mismo precio, con independencia de su tecnología de generación. Las propuestas de rediseño plantean: (a) que a cada central se le pague según sus propios costes, no según el valor de su producción; (b) que a cada central se le pague lo que pide en su propia oferta, y no el precio marginal; o (c) que elprecio que se pague a las centrales inframarginales esté desacoplado del precio del gas.
Conclusiones
La liberalización de la generación eléctrica en la UE se inició a finales del decenio de 1990 con el objetivo de poner fin a un sistema planificado que daba lugar, sistemáticamente, a sobreinversiones que terminaban pagando los consumidores. El resultado de la liberalización en el mercado ibérico ha sido la convergencia en tecnologías de generación y en los precios del mercado mayorista con los de países de nuestro entorno.
En la actualidad, el mercado ibérico refleja un bajo nivel de concentración, lo cual asegura que no se puedan producir problemas de abuso de poder de mercado. Asimismo, el elevado porcentaje de horas del año en las que se produce una convergencia en precios con Francia significa que la Península ha dejado de ser una isla energética.
La alarma social en torno al precio de la electricidad en España se basa realmente en el elevado peso que tiene la fiscalidad en las facturas domésticas y en el hecho de que la tarifa regulada (que es la que se aplica obligatoriamente a los consumidores vulnerables) está referenciada al precio horario del mercado eléctrico. Para evitar que los consumidores despilfarren la energía eléctrica, el precio en el mercado mayorista debe reflejar el valor de escasez de la misma (el que resulta del cruce entre las curvas de oferta y demanda). Por tanto, resulta ineficiente que el Gobierno intervenga el mercado y fije los precios en base a costes de producción.
Igualmente, carece de sentido modificar el diseño del mercado para que a cada central se le pague el precio que haya incluido en su oferta de venta en lugar de pagarle el precio que fija la central marginal, porque la forma en que las centrales ofertan depende del diseño del mercado.
La propuesta española de desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas para las centrales inframarginales induce a un consumo de gas superior al óptimo, distorsiona la gestión de las interconexiones y ralentiza las inversiones en renovables (lo cual incrementa el precio de la electricidad en el medio y largo plazo).
Defender los intereses de los consumidores no consiste en implantar medidas populistas para reducir lo que se paga a los generadores, sino en asegurar que el mercado funciona de forma eficiente. Porque si el mercado funciona de forma eficiente se reducen los costes de suministro, de forma coherente con la maximización del bienestar social.
Para ello, las reformas regulatorias que se deberían abordar en el sector eléctrico son: la reforma fiscal medioambiental; la financiación ortodoxa de las primas a las instalaciones renovables, de cogeneración y residuos; la utilización de una metodología ortodoxa para fijar los “cargos”; la puesta en marcha de un mecanismo de pagos por capacidad, y la reforma del marco tarifario.
