El mayor gasto público para la recuperación, con estado de alarma y la imputación de Iglesias de fondo

Luis Carlos Ramírez

Pedro Sánchez confía en que la mayor inversión pública de gasto de la democracia –196.097 millones de euros– sirva para contrarrestar los efectos de la pandemia, enderezar la maltrecha economía y encarrilar la Legislatura hasta 2023. El presupuesto “inédito” que el Ejecutivo envía esta semana a Bruselas fía en las millonarias ayudas europeas el ambicioso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear 800.000 puestos de trabajo (260.000 anuales) y movilizar 72.000 millones hacia la transición ecológica y la digitalización de manera preferente.

La inminente tramitación de las cuentas públicas puede suponer un balón de oxígeno en la estrategia del presidente del Gobierno para ganar tres años más y revertir la preocupante caída del PIB (11,2%), deuda (118%), déficit (2,2%), paro (17,1%) y hasta la mermada recaudación de impuestos. El Ejecutivo de coalición hace caso así a las consignas de la presidenta del FMI de “gastar tanto como se pueda”, para lo que ahora debe cerrar el apoyo parlamentario de sus eventuales socios –PNV, ERC, Bildu, Más País, Compromís, BNG, Teruel Existe, e incluso Ciudadanos–, ávidos de garantizar la estabilidad presupuestaria apelando a la extraordinaria situación de crisis del país. La formación de Arrimadas está decidida a apoyar las cuentas pese al veto independentista a sus propuestas, y salvo causa mayor como la subida de impuestos que Cs considera inviable. Sus discrepancias incluso con el Partido Popular, le llevan a sumarse a la investigación del ‘caso Kitchen’ y distanciarse también de la estrategia sanitaria de la comunidad de Madrid alimentando el fantasma de la moción de censura que la propia dirigente centrista ha tenido que descartar.

La batalla de Madrid

La batalla que libran el gobierno autonómico de Madrid y de la nación para controlar la pandemia desborda el ámbito sanitario con reproches políticos, enfrentamiento institucional, imposición del estado de alarma y, de fondo, el hartazgo y riesgo de la población. El ministro de Sanidad recrimina a las comunidades más afectadas por el virus eludir la coordinación para paliar los contagios, mientras la oposición replica que las decisiones adoptadas “se alejan mucho de la cogobernanza”. La diputada ‘popular’ Ana Pastor exige la dimisión de Salvador Illa tras el auto del Tribunal de Justicia de Madrid que rechaza el confinamiento de la capital.

Reprobación de Iglesias

El PP lleva una reforma exprés al Congreso para prohibir el indulto a condenados por rebelión y sedición con modificación de la ley de 1870 que regula el ejercicio de la gracia de indulto. La Cámara votará también –y rechazará– la iniciativa del partido de Casado para reprobar al vicepresidente Iglesias –como «primer instigador» de los ataques a la Corona– al que suma la petición de dimisión tras el anuncio de su posible imputación, al tiempo que exige al presidente del Gobierno apartar del cargo al ministro Garzón por sus “groseras afirmaciones” sobre el jefe del Estado.

‘Overbooking’ ministerial

La tramitación presupuestaria de las cuentas se extenderá hasta fin de año con posibilidad de habilitar incluso el mes de enero. Comenzará con el desfile de altos cargos de los 22 ministerios para desgranar partidas, estrategias y programas de gasto ante la oposición, lo que se puede convertir en un ‘overbooking’ de comparecencias cercana al centenar en la Comisión de Presupuestos.

El Gobierno estudia eliminar bonificaciones fiscales que afectan al IRPF, IVA y Sociedades e incluir cambios tributarios en la sanidad y educación privadas en 2021, con lo que podría paliar el desplome de la recaudación. La reforma del sistema de pensiones, atascada desde hace años en el Pacto de Toledo, cuenta con el compromiso de asumir parte de los gastos no contributivos de la Seguridad Social, aunque corresponden al Estado. Los grupos parlamentarios esperan el quorum para cerrar la reforma del sistema de pensiones y las 22 medidas que afectan al Fondo de Reserva, tratamiento fiscal, edad de jubilación, etc.  El déficit de la SS en 2019 ascendió a 16.800 millones de euros, lo que se debe –según el ministro Escrivá– a los gastos impropios del organismo que ascienden a 23.000 millones.

Avisos del BdE y Airef

Organismos como la Airef avalan el cuadro macroeconómico del Gobierno 2020-21 pese a ver complicado su cumplimiento a expensas del “control absoluto de la pandemia” o la ejecución de los fondos europeos “con la máxima eficiencia”. El gobernador del Banco de España pide consenso en el Congreso, con “acuerdos políticos y sociales amplios” para afrontar la urgente estrategia de crecimiento. El Senado aprueba las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ que entrarán en vigor en enero. Son las dos primeras modificaciones contempladas en el plan fiscal del Gobierno. La primera grava los servicios de publicidad del buscador de internet mientras la segunda lo hace sobre la adquisición de acciones (0,2%), con una previsión de ingresos de 1800 millones.

Lapidario

“La gran lección de esta crisis es que hay que reforzar todo el sistema nacional
de salud”.

Salvador Illa. Ministro de Sanidad

Nombres propios

Imputación de Iglesias (-)

 El Tribunal Supremo decidirá la posible imputación del vicepresidente segundo del Gobierno por daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa para “inventarse una conspiración” y presentarse como víctima del caso Dina. Iglesias asegura ser “víctima de una persecución” por su presencia en el Ejecutivo, mientras su partido lo considera un “disparate jurídico” y Sánchez respalda a su socio de coalición. Casado pide al presidente su destitución para cumplir con “la misma vara de medir” que exigía en su moción de censura y Cs le acusa de beneficiarse de su condición de aforado.

Paciencia del ministro Campo (=)

El ministro “afable y templado” de Justicia no desiste en su estrategia de persuadir al PP para renovar el órgano caducado de gobierno de los jueces como exige su presidente en funciones, Carlos Lesmes. Juan Carlos Campo, veterano magistrado en excedencia, integró el organismo que en 2008 también demoró dos años su renovación, lo que no condiciona su apoyo a la anunciada (y discutida) reforma de la Ley del Poder Judicial para rebajar las mayorías –cualificada de tres quintos por la absoluta de 176 diputados– con la que elegir el CGPJ y romper el bloqueo ‘popular’. Su paciencia no se descompone ni cuando es acusado por la oposición de “autoritarismo” y de no defender la figura del Rey.